Ley de Medios Audiovisuales. Algo de historia y objetivos de la Ley. Lo que ya está en marcha. La justicia de los grupos empresarios. Lo que todavía falta.

El 27 de agosto de 2004, 300 organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, centrales sindicales, universidades nacionales, movimiento cooperativo, PYMES de la comunicación, consensuaron 21 Puntos Básicos para una ley de medios de la democracia. A partir de ese momento, los “21 Puntos” transitaron foros, debates, mesas redondas, seminarios a lo largo y ancho del país. El texto final del proyecto de la Ley de Medios Audiovisuales no fue una invención del kirchnerismo; fue el producto de la participación que finalmente se hizo ley el 10 de octubre de 2009.

La ley 26.522 establece que la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual es de interés público, por lo cual el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, así como los valores de la libertad de expresión. A su vez, el servicio se considera de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población, por el cual se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar información, ideas y opiniones.

Entre sus objetivos se encuentran: promoción de la cultura popular; desarrollo de una industria nacional de contenidos que preserve y difunda el patrimonio cultural y la diversidad de todas las regiones y culturas que integran la nación; preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los pueblos originarios.

Queda establecida una división tripartita del espectro radiofónico: prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro.

Como se ve, la ley garantiza la pluralidad de voces, democratiza el derecho a la información, amplía los contenidos nacionales y locales, recorta la influencia de los multimedios, evitando la concentración y, por lo tanto, el discurso unificado.

Quienes se oponen a todo lo mencionado arriba, lograron detener durante 3 años el funcionamiento pleno de la Ley por un fallo judicial. Buscaron – como es su costumbre – engañar y atemorizar a la población y a los empleados de sus empresas, derramando la mentira de despidos masivos. Nada más falso. La Ley de Medios implica más trabajo nacional.

Se esperaba que el 7 de diciembre de este año, se concretara finalmente la aplicación íntegra de la Ley. No ha sido así. Nuevamente la justicia, sí, la justicia con minúscula, impide que una Ley de la democracia – que además sirve para seguir haciendo más democracia – se ponga en pleno funcionamiento. Aún así, la Ley está marchando: hay 365 radios nuevas; 50 radios cooperativas; 24 radios de pueblos originarios; 2800 horas diarias de contenidos audiovisuales; canales universitarios; nuevas productoras; el 7 de diciembre se inauguró un canal mapuche en Bariloche. Trabajo realizado a lo largo y ancho del territorio nacional. Y justamente éste es uno de los objetivos de la Ley: descentralizar la palabra de los polos económicos de poder que se encuentran radicados en las grandes capitales.

El interés del renombrado multimedio no es sólo por la desinversión. Sus objetivos son mucho más estratégicos. Por eso mismo, cerrar con la etapa del 7D permitirá liberar tiempo y creatividad para discutir qué modelo de comunicación necesitamos; cómo se garantizará la producción de contenidos diversificados y de qué manera el Estado garantizará la igualdad de condiciones necesarias para generar oportunidades para los prestadores más pequeños.