Buscando una solución al problema de superpoblación y hacinamiento en las cárceles, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió construir penitenciarias y alcaldías en cinco Municipios. En Tigre, específicamente en Dique Luján, se construiría una alcaldía. Dado que sería en el Distrito de Gestión Especial Planicie del Río Luján, vecinas y vecinos del lugar se oponen a la decisión provincial. El Municipio considera que es positivo para todo el sistema de seguridad municipal.
Después de un año de intensa actividad, ya sea en las calles como en los pasillos del Concejo Deliberante, vecinos y vecinas de Dique y La Ñata lograron que se sancionara la ordenanza de Distrito de Gestión Especial Planicie del Río Luján, que protege un sector, perfectamente delimitado, de los humedales continentales del río Luján. Desde luego, la principal protección es frenar el relleno de terrenos y, consecuentemente, promover construcciones palafíticas.
Ahora bien, esto, que no es novedad para los lectores de este periódico, necesita ser recordado, pues, a fines de octubre, la legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó la expropiación de un terreno, cercano a la planta depuradora de AYSA -por lo tanto, dentro del Distrito de Gestión Especial – para construir una alcaldía.
Relacionada con esta decisión, hay otra historia, poco conocida. El 15 de enero de 2016, o sea apenas asumida María Eugenia Vidal, se declaró, por un año, la emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria, en la provincia de Buenos Aires. En los años sucesivos, dicha ley de emergencia se fue prorrogando, siempre por un año más. Es decir que, en 4 años, no se resolvió el problema de hacinamiento carcelario, por el contrario, se potenció.
Así, el actual gobierno provincial se encontró con esta pesada herencia, que necesita resolver, agravada por la pandemia. Para aliviar la superpoblación carcelaria, la primera propuesta -a nivel nacional, a instancias de la Cámara Federal de Casación Penal- fue estudiar caso por caso para evaluar la posibilidad de prisión domiciliaria, libertades anticipadas o condicionales. Esto fue utilizado por la oposición para acusar al gobierno nacional de favorecer la libertad de violadores y todo tipo de delincuentes, lo cual fue una mentira absolutamente pergeñada.
Todo esto no se explica para justificar la decisión de instalar una alcaldía en Dique Luján, se explica para entender la dificultad del caso.
A través de Mario Zamora, Secretario de Gobierno del Municipio de Tigre, pudimos saber que el ejecutivo municipal evalúa de manera positiva esta decisión, porque “se descomprimen las comisarías y entonces, hay más presencia policial en las calles y esto será acompañado por 40 patrulleros más”.
En relación al lugar, el funcionario estimó que fue elegido porque está en el límite con Maschwitz, por lo cual también brindará servicios al Municipio de Escobar.
En el 2° plenario del Consejo Asesor del Distrito de Gestión Especial, Mario Zamora dio poca información a los vecinos que, previamente, habían manifestado su disconformidad con esta decisión.
Mientras que el Municipio de Tigre considera que la instalación de la alcaldía se articula con un sistema de mayor seguridad para todo el distrito, los vecinos entienden que es un atropello a ordenanzas y sentencias que prohíben la realización de construcciones sin evaluar el impacto acumulativo. Solicitan, por este motivo, una audiencia pública.
Sea donde sea, la construcción de cárceles no habla bien de la sociedad. Construir barrios con escuelas, centros de salud, plazas y viviendas dignas; distribuir la riqueza que se genera usando tierras, aguas, energía que es de todas y todos los argentinos; rever leyes y condenas para descomprimir cárceles puede ser una solución más osada que lleve mucho más tiempo y, quizás, mejor recibida por los bonaerenses que se ven afectados por la expropiación de tierras para construir alcaldías y penitenciarías.
Por Mónica Carinchi
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