Hechas públicas las palabras del Sr. Intendente municipal en torno a la aplicación de la tasa de seguridad a la actividad de tragamonedas, queremos manifestar lo siguiente:

Nuestra actividad le representa al Municipio de San Fernando, el ingreso en sus arcas de una suma aproximada de $ 500.000 anuales (tasas de ABL, de publicidad y propaganda, de activos fijos y de seguridad e higiene del bingo, 4% de bingo, etc),  mas lo que recibe de coparticipación provincial por el régimen de distribución de utilidades de las tragamonedas. Por tanto no es correcto sostener que el Municipio o los ciudadanos de San Fernando subsidian al bingo por las prestaciones recibidas.
Es más que loable que el Sr. Intendente pretenda mejorar los ingresos del Municipio, y defender la postura de su comuna  frente al Régimen de Coparticipación Provincial, pero por el contrario, es su deber no violar la ley, ni la Constitución.
Cuando el Sr. Aparicio manifiesta que la anterior administración no cobraba dicha tasa, olvida mencionar que no lo hacia por la sencilla razón de que ello, legalmente no correspondía, caso contrario la comuna violaría la ley. Mas allá de las personas físicas, están las instituciones, y la comuna ya manifestó su opinión expresamente, por lo que asumir ahora una conducta contraria va en contra de sus propios actos, y de la seguridad jurídica. El municipio perderá el juicio, y los contribuyentes pagarán, como siempre, los errores ajenos.
Cabe recordar que la propia Asesoría de Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires mantiene la misma postura que hemos mencionado, esto es, que las tragamonedas no pueden gravarse con tasas municipales, a excepción del ABL y la contribución de mejoras.
En ese sentido, el intendente confunde, en el marco de su legítimo afán de pretender recibir mayores ingresos de parte de la Provincia, que puede cobrarle al bingo lo que no corresponde hacer por  ley, y peor aun, el monto que se le ocurra, por el mero hecho de que el bingo «gana mucho».
Tampoco es correcto comparar para ello,  situaciones totalmente distintas, que en si mismas requieren distintas prestaciones por parte de la comuna.
Cabe recordar que las tasas no son impuestos, por tanto, deben ser siempre proporcionales al costo de las prestaciones, caso contrario, por mas buenas  intenciones que haya, si cada cual cobra lo que quiere y cuando quiere, el sistema republicano de gobierno,  pasará a ser un simple espejismo carente de contenido.
Lo cierto es que el municipio no está habilitado a violar la Constitución ni la ley, por mas legítima que sea la vocación del Intendente de mejorar el régimen de ingresos para el partido.
En todo caso eso deberá hacerlo por las vías políticas  que ya ha dado a conocer.
Sin perjuicio de esto, como hemos anticipado al municipio, nuestra empresa está dispuesta a aumentar considerablemente su contribución a la comuna, pero en forma voluntaria, no a través de una imposición ilegítima que de dictarse será impugnada en la justicia.
Recordamos que nuestra empresa da trabajo a 540 familias y además de los aportes al municipio antes mencionados aporta a la provincia la suma de $6.000.000 mensuales
Esperamos profundamente que se recapacite, y así San Fernando pueda seguir con la esperanza de un cambio positivo.