Una exposición de expertos en hidrocarburos. Información específica sobre decretos y posibles leyes que regularían todo el espectro de los hidrocarburos. El RIGI analizado por especialistas. Una mala noticia: quienes debaten las leyes poco saben sobre un tema tan complicado y delicado. Se puede acceder a la charla desde https://www.youtube.com/watch?v=bZIqtGR9n8k

El Programa de Actualización en Derecho de los Hidrocarburos, Energía y Sostenibilidad de la Facultad de Derecho de la UBA, dirigido por Juan José Carbajales, organizó la charla “Hidrocarburos: desafíos de la nueva (des)regulación”. Los expositores fueron Pablo Rueda, socio del Estudio Martínez de Hoz& Rueda, y Sebastián González, ex jefe de Gabinete de la provincia de Neuquén.

Fue Juan José Carbajales, en su carácter de moderador, quien inició la actividad recordando algunos datos: apenas asumió el actual presidente, firmó el decreto 55/23 de emergencia del sector energético nacional, por el cual se autorizan revisiones tarifarias de luz y gas y también la intervención de los entes reguladores por un año.

Poco después firmó el famoso DNU 70/23 que libera la exportación e importación de crudo, gas y combustibles; establece un único mecanismo para subsidios llamado “canasta básica energética” (todavía no se aprobó); permite transformar empresas públicas en sociedades anónimas y algunas directamente privatizarlas. Esto está vigente.

Posteriormente llegó la Ley Bases que rompe con la tradición de abastecer, en primera instancia, el mercado interno de gas, derogando la ley que declara de interés público dicho abastecimiento; desde ahora el Estado tendrá como objetivo maximizar la renta; se autorizan exportaciones de GNL por 30 años, prorrogables por 20 más; se establece el Régimen de Estímulo para Grandes Inversiones (RIGI), es decir que el gobierno incentiva inversiones de 200 millones de dólares como mínimo a través de beneficios fiscales, tributarios, aduaneros, durante 30 años, sin ninguna promoción del entramado productivo local; se busca la privatización de empresas públicas.

El primer expositor fue Pablo Rueda quien sostuvo que el gasoducto Néstor Kirchner lo hizo el Estado porque existía el “cepo” y esto desestimula la inversión privada (recordemos que durante el gobierno de mauricio macri se fomentó la inversión

público-privada y fue un fracaso porque los privados no invierten, esperan que lo hagan los Estados nacionales y ellos luego usufructúan esas inversiones en beneficio propio).

Rueda se manifestó a favor del RIGI porque garantiza normas regulatorias por 30 años a los inversionistas extranjeros (¿cuándo le garantizaron al verdulero de la esquina estabilidad económica, fiscal, etc., etc.?). Pero recordó que la propuesta económica del ministro Álvaro Alsogaray, en 1962, fue muy parecida a la actual y no fue exitosa, por lo cual remarcó que equilibrio fiscal y baja inflación no son suficientes.

Posteriormente sostuvo que el modelo de vivir del mercado doméstico está agotado y el modelo agroexportador tradicional tampoco es suficiente, entonces “hay que crear nuevas actividades y salir al mundo a venderlas” y lo que propuso fue el sector hidrocarburífero, la minería, la informática. Por último, recomendó abandonar el dogmatismo cuando se sale a buscar compradores, ya que el principal cliente que podemos tener está en Asia, entiéndase China.

Por su parte, Sebastián González destacó que, una vez que las provincias comenzaron a decidir sobre la explotación de los hidrocarburos (a partir de la Constitución de 1994) iniciaron el camino de la construcción de capacidades institucionales (ministerios, secretarias, áreas jurídicas específicas, etc.) que la Nación fue perdiendo. Y por esto, según él, actualmente se está viendo en el Congreso Nacional un debate muy pobre, tanto en el contenido como en lo técnico legislativo, sobre un proyecto de ley que incluye reformas de alto calibre, demostrando esto “el deterioro institucional que nuestro país ha venido atravesando”. En síntesis, la mayoría de los legisladores no tienen la capacidad suficiente para evaluar, aprobar o modificar las leyes que tratan.

Anticipó que este año habrá superávit energético y que, con o sin Ley Bases, se seguirá en esta línea. Aunque esto tiene un límite teórico-cronológico por la transición hacia las energías verdes.

González informó que la desaparición del Régimen de Zona Fría causó mucha alarma en las provincias afectadas. “Es complicado vivir en Patagonia sin tarifa diferenciada de gas, hacer una vida digna”, subrayó. Finalmente, los gobernadores lograron mantener el régimen de subsidios al gas natural.

En relación al RIGI comentó que pareciera ser una herramienta de política industrial, pero para promocionar la industria extranjera y recordó que el DNU 70 derogó el compre nacional y varios regímenes de fomento industrial. Expresó: “La sensación que tengo es que se retira el gobierno nacional de este tipo de herramientas y son las provincias las que tendrán que tomar el desafío de la promoción industrial”.

Obviamente, las provincias deberán hacer algo para evitar que el derrumbe económico se intensifique y el malestar social aumente.

Por último, Sebastián González comentó que al RIGI habría que ajustarlo, por ejemplo, en la duración de los beneficios, que podrían ser de 15 años en lugar de 30.

Finalizando la actividad se mencionó que el RIGI no exige nada respecto a la agenda ambiental y la transición energética, o sea que no se aprovechó para exigir estándares de eficiencia, así como aspectos que acerquen al país a los objetivos internacionales que debe cumplir.

Por Mónica Carinchi