El listado de reclamos isleños es cada vez más extenso. Con la expectativa de encontrarse con la gobernadora María Eugenia Vidal y el Subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, los isleños sólo escucharon la palabra de un asesor. Ni siquiera el Director de Islas estuvo presente. Los temas de trabajo propuestos por la provincia pasaron a segundo plano ante las demandas y el gran conocimiento de algunos de los isleños presentes. Tarjeta Sube: no resuelve el problema de transporte isleño. Edenor: servicio carísimo y pésimo. El CAPI es sólo tigrense.

        “Quisiera saber en qué termina esta reunión”. “Termina en que seguimos teniendo reuniones”, respondió Alejandro Bunge, asesor de Alex Campbell quien, además de ser concejal por Cambiemos en San Fernando, es Subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires.

        A Campbell le salió una reunión a última hora, entonces mandó a su asesor a la reunión ya prevista con representantes de diversas agrupaciones de las islas del Delta Bonaerense. La reunión vino mal barajada, porque los isleños esperaban que se hiciera presente la gobernadora, pero también faltó a la cita porque, según dijo el asesor del Subsecretario, estaba todo preparado para un escrache. Y, bueno, es el precio de ser famosa.

        Como los isleños tienen un listado de necesidades, el asesor enseguida blandió los ejes que este gobierno se propone tratar: dragado, destroncado, energía (eléctrica y combustible), transporte.

        La respuesta llegó rápida a través de Juan Carlos García, vicepresidente de la Asociación Civil Isleña del Delta del Paraná: “Hay cosas más importantes en este momento. El poder político de turno nos está exterminando”.

        Por su parte, Martín Nunziata, conocido ambientalista de la 1° sección de islas, largó los títulos de los temas más aquejantes: contaminación, educación, salud, transporte.

        Bunge desplegó el escudo: “La provincia está en condiciones económicas bastante duras”. Qué raro, no?

Aun ausente de la agenda provincial, el tema se impuso

        Juan Carlos García advirtió sobre las aguas que bajan de las provincias inundadas: “La ayuda del Estado es siempre para la Sociedad Rural y ellos son los que más daño hacen. Los isleños vamos siempre a pérdida”.

        Este isleño, que nació en las Lechiguanas y actualmente vive en islas de Zárate, explicó que “la Sociedad Rural es uno de los grandes culpables de los delitos en las islas”, porque llevan sus vacas allí y eso está prohibido. La quema de pastizales, la acumulación de bosta de vaca, el glifosato que llega a ríos y arroyos desde los campos continentales, toda esta contaminación está provocando destrozos ambientales que serán muy difíciles de reparar. “¿Alguien vio un ganso rosado últimamente? A la fauna silvestre la están envenenando”.

        Además de la Sociedad Rural, García señaló otros enemigos: “La policía y la prefectura, porque el isleño construye su propia embarcación y lo persiguen porque no tienen papeles. Cuando la prefectura va a las islas, no encuentra a nadie porque nos escondemos, entonces nos llevan los paneles solares, las baterías. Son ladrones”.

        Por supuesto, todos los presentes recordaron que el permiso sin límites a las fumigaciones aéreas con glifosato (ver nota Atentar contra la vida, Actualidad de Tigre, enero 2019 – actualidadtigresanfernando.com) traerá más perjuicios aún al ambiente, incluidas las personas. “Las aguas del Delta se están poniendo negras por toda la contaminación de los campos sembrados con soja. Ahora, con las fumigaciones aéreas, nos podremos ir olvidando de las abejas. Tenemos buenas leyes ambientales, sin embargo ocurren estos desastres. ¿A dónde tenemos que ir para que las leyes se cumplan?”, preguntó Fernando del Giudice, otro conocido ambientalista de la 1° sección de islas.

        Un ejemplo de la contaminación que aumenta y de las leyes que no se cumplen, es el río Reconquista: atraviesa 18 municipios; unas 12 mil industrias vuelcan en sus aguas sus efluentes sin tratamiento; sobre su cuenca viven más de 4 millones de bonaerenses que, en su mayoría, no están conectados a la red cloacal; la Capital Federal y varios municipios del conurbano vuelcan sus residuos en Campo de Mayo, afectando la cuenca del río; integrantes del Comirec reconocieron que 150 camiones atmosféricos realizan vuelcos diarios en Campo de Mayo. En marzo de 2018, Juan Pablo Piccardo fue designado presidente del Comirec: “Piccardo, que no sabía ni dónde quedaba el río Reconquista, fue a mi casa y yo le expliqué todo lo que nosotros hicimos”, informó Nunziata, quien agregó: “Le pedimos a la gobernadora un montón de reuniones, pero parece que la contaminación de un río que recorre 18 municipios no es lo suficientemente importante porque no nos dio ni una reunión”.

Se necesitan gestos concretos

        “Hace 10 años venimos luchando contra Colony Park. Queremos que el Estado haga gestos concretos. Este año vamos a juicio oral contra Colony, ¿qué actitud va a tomar el ejecutivo provincial?”, inquirió Diego Domínguez, síndico de la Cooperativa Isla Esperanza.

        Para que no queden dudas, Domínguez hizo un recuento: Colony Park se apropió de tierras; la OPDS hubiera tenido que hacer audiencias públicas antes de que se iniciaran las obras de ese emprendimiento y las hizo recién dos años después; la población isleña se movilizó, hizo denuncias. “Hay un gran problema territorial por la apropiación de tierras y no es sólo Colony, hay 10 mil hectáreas apropiadas por los barrios privados sobre la cuenca del Luján. Queremos que el Estado expropie a Colony. Necesitamos la expropiación de tierras a favor de las familias isleñas que están sobre el Anguilas. Necesitamos hechos concretos”.

        Por otro lado, el representante cooperativista informó sobre la exclusión sufrida en el Censo Nacional Agropecuario 2018: “El Estado no reconoce a los pescadores artesanales o junqueros. Cuando los compañeros declaraban estas actividades, les respondían ‘usted no es productor agropecuario’, porque no los podían registrar en el censo. Eso es una muestra de la falta de reconocimiento a nuestro trabajo”. El dirigente insistió: “Necesitamos revertir la invalidación del isleño como productor y que nos acompañen en nuestros emprendimientos, con firmeza, porque sabemos que sacar al isleño de la pobreza no es una pavada, se hace desde políticas públicas activas”.

        Todos los presentes estuvieron de acuerdo en que “cuando el Estado argentino tuvo un proyecto para el Delta, hubo una población enorme. Si el Estado hoy no hace nada, tenemos que sospechar que es cómplice de la desaparición del isleño”.

Por ahora: jueguito para la tribuna

        Uno de los fundadores de Isleños Autoconvocados, Roberto Suazo, reclamó medidas concretas para mejorar ya la vida de los isleños: puesta en funcionamiento de un helicóptero sanitario que “ya existe, o sea que no hay que comprarlo”; implementación plena de la ordenanza de amarras en Tigre; terminar con algunas exigencias para las lanchas isleñas, por ejemplo las bengalas que “son inútiles y carísimas”; renovación de la flota de lanchas colectivo; ampliar el horario para tramitar la tarjeta Sube, habilitar una línea telefónica para sacar turno para este trámite y colocar la lectora Sube directamente en las lanchas.

        El funcionario de Cambiemos admitió que saben que es necesario modernizar la flota de lanchas colectivo y destacó las bondades de la implementación de la tarjeta Sube, que los isleños refutaron inmediatamente ya que, en este caso, no corren los beneficios que se tienen en el transporte terrestre: descuentos a jubilados, descuentos cuando se realizan 2 o 3 viajes en el término de 2 horas, etc.

        “Lo único que se modificó es la forma de pago, o sea que se pagará con la Sube en lugar de pagar en efectivo, porque los isleños tenemos un boleto diferencial desde hace mucho, es decir que ya estaba subsidiado nuestro boleto”, especificó Vivi Sieburger, de la 1° sección de islas.

        El funcionario insistió en que es un gran avance porque “permite direccionar los subsidios que se pagan por cada boleto porque la provincia estaba gastando una fortuna porque no sabía cuántas lanchas se usan ni nada. Hoy el subsidio que le llega a la lancha es el que se le da al pasajero, igual que en los colectivos”. O sea que esto vendría a ser un ordenamiento interno en las cuentas provinciales que en nada afecta al pasajero.

        “La Sube sólo sirve para recaudar impuestos, ya que Interisleña vende los boletos en negro”, remató Roberto Suazo.

Demandas y balbuceos

        Los vecinos de Escobar, Luis Ardoíno, Jorge Avesani y Walter Morandi, mostraron preocupación por la planta regasificadora instalada en el puerto de Escobar como también por “las maniobras de los barrios cerrados que frenan la evacuación del agua de lluvia, provocando mayores inundaciones entre los pobladores pre-existentes”. Directamente pidieron la erradicación de los barrios cerrados.

        Ana Pappalardo, de 1° sección, destacó el concepto de identidad isleña, que está por encima de las divisiones municipales, por lo cual pidió a la provincia que construya un embarcadero que puedan utilizar todos los isleños, ya que “todos tenemos las mismas dificultades y el mismo amor por la isla, por eso nos quedamos”.

        Consecuente con su lucha por la autonomía isleña, Martín Nunziata insistió en que la región deltaica “es la única que no incide sobre sus políticas públicas. Los funcionarios caen con un paracaídas desde La Plata y nos dicen qué tenemos que hacer. Un disparate!”.

        Tratando de demostrar que la provincia tiene proyectos para la isla, Alejandro Bunge se metió con la educación, pero inmediatamente reconoció que arrancaron mal y retrocedieron (“Se aprende”, dijo) y que están trabajando con Edenor que les presentó “un plan espectacular en abril”, lo que generó un gran alboroto.

        “Lo peor que nos pasó este fin de año fueron los cortes de luz, nunca estuvimos peor”. Todos coincidieron en que la prestación es pésima y carísima, denunciaron que desde hace 3 años no hay mantenimiento de las picadas por donde pasan los cables y que sufren cortes permanentemente y “en Nordelta no se corta nunca la energía”.

        Solicitaron una tarifa social ya que son electrointensivos, pues no tienen otra forma de suministro.

        Ante la catarata de demandas y las evidencias de que esta administración no ha generado ningún cambio que favorezca la vida isleña, Alejandro Bunge sólo pudo balbucear: “Estamos ordenando la provincia”.

De boicoteos y otras yerbas

        Como se ha informado en el número de enero pasado de este periódico, el Intendente de Tigre procedió en el mes de diciembre/2018 a la creación del Consejo Asesor Permanente Isleño (CAPI), respondiendo de esta manera a la larga lucha de vecinos y organizaciones de las islas del delta tigrense. El CAPI, por lo tanto, surge de la facultad del Intendente de Tigre para crear órganos consultivos y de asesoramiento para la gestión local. Por si no se entiende, se aclara: el CAPI está conformado exclusivamente por isleños de la 1° sección de islas que están bajo la jurisdicción del Intendente de Tigre; dicha institución asesora exclusivamente sobre temas que interesan a la 1° sección de islas para lograr soluciones para dicho espacio territorial; los integrantes del CAPI son vecinos con domicilio en 1° sección de islas que ya sea a nombre propio o en representación de instituciones intermedias por ellos conformadas, buscan encontrar consensuadamente – dentro del Municipio de Tigre y con las herramientas institucionales con que se cuenta – respuestas para el desarrollo del área en que habitan.

        Ahora bien, según parece, habitantes de otros Municipios pretenden expandir el CAPI, lo cual – por lo explicado anteriormente – es una burrada. Si los vecinos de Escobar, Zárate, Ramallo, etc. quieren tener algo parecido al CAPI, no se lo deben pedir a la gobernadora Vidal, sino trabajarlo en sus propios distritos, interpelando a sus intendentes. Claro, esto se puede hacer cuando se tiene real representatividad.

        Los vecinos de esos otros distritos pretenden que ese gran CAPI no dialogue directamente con los intendentes, sino con la Dirección Provincial de Islas (DPI). Esto ya forma parte de las funciones que la DPI tiene actualmente: “Esta Dirección está para articular políticas públicas en forma coordinada entre los Municipios y los organismos competentes. Nosotros no tenemos presupuesto propio, no ejecutamos obras, lo que hacemos es articular para que cada organismo haga su tarea como corresponde”, declaración realizada por Leonardo Gobetti, a poco de asumir como nuevo director provincial de islas (“La gran obra pendiente son los dragados”, Actualidad de Tigre, abril/2016); en la misma nota se le consultó sobre la implementación de la Sube y respondió que estaban trabajando en eso; también se le consultó sobre temas de energía eléctrica y combustible, también respondió que estaban trabajando en el tema, buscando soluciones alternativas; en cuanto al sistema de salud, declaró que la provincia de Buenos Aires no tiene hospitales propios en islas; sostuvo que la gran obra pendiente son los dragados que aún siguen pendientes. Se reitera, la nota es de abril de 2016.

        Evidentemente, la DPI no es ámbito para encontrar respuestas a los graves problemas que expusieron los isleños en la reunión del 17 de enero pasado.

        Como recordó Martín Nunziata, ojalá no se pretenda boicotear el CAPI con la instalación de un organismo interisleño que no representa a nadie, como ya ocurrió con la creación de Corfodelta en la década del 90 que fue votada para boicotear al Consejo de Habitantes del Delta, construido consensuadamente como hoy se construye en Tigre el CAPI.

        Recordamos el pedido que Vivi Sieburger hizo a los vecinos de Escobar, tan interesados en hacer un CAPI gigante: “Si ustedes quieren tener algo parecido al CAPI, inventen otro nombre, no utilicen el nuestro porque ya está identificado con Tigre”.

Por Mónica Carinchi

        Si bien la Dirección Provincial de Islas tiene bajo su gestión a la isla Martín García, todos sabemos que la misma no forma parte del Delta del Paraná.

        La isla Martín García es un aflorante de la era precámbrica, es decir una de las rocas más viejas de Argentina; no forma parte del sistema deltaico, sino del estuárico, ya que está en aguas abiertas del río de La Plata.

        Bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, fue declarada en 1988 como reserva natural de uso múltiple. Nadie puede ir a vivir a la isla sin tener un proyecto aprobado por autoridad competente.

        ¿Qué relación tiene la isla Martín García con las problemáticas del Delta del Paraná? Consideramos que ninguna; es un caso particular que debe ser tratado con la especificidad que merece (por ser límite internacional con Uruguay) por especialista en el tema y no por aventureros.