Repensar el planeamiento territorial desde una mirada inclusiva y sustentable. En el 4° Congreso Urbano Ambiental de Escobar, especialistas en planificación de periurbanos y agrupaciones socioambientales intercambiaron conocimientos, propuestas y advertencias sobre riesgos actuales y futuros. Los participantes insistieron sobre la necesidad de adecuar el Plan Estratégico Territorial, que está en estudio, a un nuevo modelo de desarrollo.

        El Municipio que estuvo siempre relacionado con las flores, por lo tanto, con la multiplicidad de formas, colores y aromas, hoy recibe a los visitantes que llegan por la ruta 25 con esculturas florales y palmeras, un paisaje escenográfico que anticipa poca inteligencia en el planeamiento urbano.

        Justamente por eso, cada vez más, la sociedad civil se preocupa y ocupa de la planificación territorial, ya que las decisiones tomadas desde las últimas décadas del siglo pasado han generado efectos sumamente adversos para la vida de humanos y no humanos.

        “El uso del territorio tiene implicancias”, dijo el arquitecto Jorge Lembo en el 4° Congreso Urbano Ambiental de Escobar (CUAE), organizado, entre otros, por Ignacio de Vedia, un vecino de Maschwitz, referente en temas ambientales.

        Para pensar esas implicancias, Lembo presentó varios datos, entre ellos: en el 2000, Escobar tenía 6.677 hectáreas agrícolas, 16.405 hectáreas de humedales y 400 hectáreas de barrios cerrados. En 2010, las áreas agrícolas estaban reducidas en un 25%; los humedales habían perdido 40% de superficie y las urbanizaciones cerradas saltaron a 4.928 hectáreas.

        Otro dato es que el Plan Estratégico Territorial, del 2009, considera que toda tierra no urbana está vacante para el desarrollo inmobiliario. Esta normativa, que privilegia la privatización de la tierra, es un bocado de cardenal para los desarrolladores que buscan su beneficio hasta el infinito.

        Pero como la naturaleza está gritando basta y la paciencia de la ciudadanía tiene un límite, los participantes del CUAE están dispuestos a hacerse escuchar, pues es inminente un nuevo Plan Estratégico Territorial.

Un punto esencial: los periurbanos

        En el vasto territorio ocupado por la cuenca del río Luján, un grupo de empresarios hizo un híper negocio: compra de grandes extensiones de humedales o tierra agrícola a precio de bicoca para vender tierra urbana con valores ultrapotenciados. Hay que aclarar que el tendido de redes de cloacas, agua, energía, comunicaciones, así como calles y rutas, todo lo hace el Estado con dinero de todos los argentinos.

        La fiebre por la expansión de las ciudades ha sepultado tierras fértiles, provocando que la producción de alimentos se aleje cada vez más de ellas, además de generar daños irreparables al ecosistema del humedal.

        “Hace años que los científicos nos avisan sobre el cambio climático. También, desde hace décadas, se está advirtiendo que existen límites al crecimiento económico, urbano, material. Pero se sigue actuando como si todo fuese mentira”, expresó Beatriz Giobellina, arquitecta especializada en ordenamiento del territorio y el medioambiente.

        Dado que los periurbanos hortícolas se encuentran fuertemente amenazados por la presión urbanística, la especialista destacó su importancia: “Los cinturones productivos prestan servicios económicos, alimenticios, ecosistémicos, atemperando el cambio climático”. La producción de comida fresca cerca de las ciudades reduce, entre otros aspectos, la huella de carbono producida por los vehículos que transportan comida a los centros urbanos.

        En cambio, los Municipios, que promovieron la ocupación del suelo por urbanizaciones cerradas, causaron una concatenación de riesgos: pérdida de soberanía alimentaria, pérdida de suelo fértil, pérdida de biodiversidad, desaparición de la agricultura familiar, pobreza y desigualdad.

        El escenario pandémico dejó al descubierto riesgos actuales y amenazas futuras, por esto es urgente repensar el planeamiento territorial desde una mirada inclusiva, respetuosa del ambiente, participativa, sustentable.

No sólo Escobar

        Las organizaciones ciudadanas también se hicieron oír: la Asamblea de Vecinos de Villa La Ñata y Dique Luján presentó su experiencia, a través de Alejandra Lassalle.

        Después de un año de estar en las calles visibilizando los problemas generados por los barrios cerrados en esa zona del Partido de Tigre, los vecinos lograron, en diciembre de 2019, que se sancionara una ordenanza de Distrito Especial que, supuestamente, protege “el resto de humedal acechado por las empresas inmobiliarias”.

        Sin embargo, dos años después, y aún habiendo conformado un Consejo Asesor Vecinal, los vecinos se siente frustrados. “Descubrimos que estamos envueltos en una burocracia que dilata las respuestas y permite el avance de los emprendimientos que traen inundaciones, contaminación, destrucción de la biodiversidad”.

        Lassalle resaltó que están esperando que un predio de 20 hectáreas sobre calle Solís, entregado por Nordelta al Municipio en cumplimiento de la ley 8912, sea transformado en reserva. Pero el tiempo pasa y no ven acciones en ese sentido.

        Los destructores de humedales desprecian las leyes y la vida: han desviado cursos de aguas, cerrado calles públicas, sobreelevado terrenos en curvas peligrosas y parecieran dispuestos a terminar de destruir una zona de alto valor natural, pero los vecinos y vecinas también están dispuestos a “no aflojar”.

        Las políticas neoliberales implementadas en todo el territorio nacional a partir de la última dictadura cívico militar, profundizadas por el menemato y el macrismo, hicieron transformaciones económicas, sociales, territoriales, cuyos efectos destructivos se siguen sufriendo. La especulación inmobiliaria, hija de esas políticas, parió las urbanizaciones cerradas, la destrucción del patrimonio común y el avance de la pobreza, que fueron el telón de fondo del 4° Congreso Urbano Ambiental de Escobar que, en esta oportunidad, tuvo como eje el análisis del Plan Estratégico Territorial que está trabajando la actual gestión municipal. Especialistas y organizaciones de la sociedad civil hicieron múltiples propuestas. Los funcionarios actuales, ¿estarán dispuestos a incluirlas en la nueva normativa?

Por Mónica Carinchi