Debate, consecuencias e intereses opuestos alrededor de la Ley General de Envases. En el proyecto presentado por el Ministerio de Ambiente de la Nación participaron agrupaciones de recicladores. Objetivos de la ley: favorecer el reciclaje, disminuir el volumen de rellenos sanitarios, dignificar el trabajo de los cartones, erradicar basurales a cielo abierto. Defendiendo intereses empresariales, la oposición tergiversa información.

        A mediados de noviembre se inició el debate de la Ley de Gestión Integral de Envases, en la Cámara de Diputados. Impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, la ley fue elaborada por el Ministerio de Ambiente, por lo cual el viceministro, Sergio Federovisky expuso en la Comisión de Recursos Naturales donde señaló sus objetivos básicos: favorecer el reciclaje; disminuir volumen de rellenos sanitarios; dignificar el trabajo de los cartoneros; erradicar basurales a cielo abierto. También aclaró que la ley no establece un impuesto, sino una tasa ambiental que puede llegar al 3% como límite máximo cuando el costo del reciclado es muy alto; el porcentaje disminuye si las empresas incorporan material reciclado en la producción de sus envases o si gestionan de forma privada el reciclado y tratamiento de los mismos.

        Maliciosamente algunos y algunas diputadas dicen que la ley establece un impuesto y, reiteramos, no es así. Lo recaudado por la tasa ambiental conformará un fideicomiso para “financiar los sistemas de gestión que establezcan los municipios, los consorcios municipales, las provincias o incluso las empresas”, especificó Federovisky.

        Para la formulación de la ley aportaron diferentes agrupaciones de recicladores, entre ellas FECOOTRA, CONARCOOP. Ramiro Martínez, presidente de ésta última, informó que en la actualidad hay muchas herramientas tanto nacionales como provinciales, “incluso existe una Dirección de Reciclado en el Ministerio de Desarrollo Social, pero se necesitan más herramientas políticas, no sólo de financiamiento, sino también normativas que generen inclusión. Por eso ésta es una herramienta fundamental para el sector”.

Responsabilidad Extendida del Productor

        Cuando un empresario decide envasar su producto en un envase de plástico no retornable, sabe muy bien que ese envase formará parte de miles de botellas que van a parar a rellenos sanitarios o que invadirán ríos y mares. Encontrar botellas de plástico tiradas por las calles es algo absolutamente habitual; que las botellas floten por el río Tigre, Reconquista, Luján o cuanto arroyo exista, también es algo frecuente.

        Que muchísimas familias manden a la bolsa de la basura las botellas de plástico, es algo cotidiano. Las botellas de plástico son consideradas basura que los Municipios deben gestionar y lo hacen pagando a las empresas recolectoras que se llevan un gran porcentaje del presupuesto municipal.

        “Los empresarios ponen en el mercado envases que se desechan y ese pasivo ambiental lo paga la comunidad porque con sus impuestos paga a las empresas recolectoras de residuos. Los Municipios no sólo pagan a las empresas, también pagan la disposición final en CEAMSE que se descuenta de la coparticipación”, informó Leonardo Pérez Esquivel, integrante del Espacio Intercuencas.

        En muchísimos casos, los plásticos terminan en basurales a cielo abierto, lo que implica riesgo ambiental y sanitario, por supuesto siempre para los más pobres que son los que viven rodeando esos lugares.

        Todo este desastre es pagado por la sociedad con su dinero y con enfermedades, mientras los empresarios sólo embolsan ganancias. La Ley de Gestión Integral de Envases se propone generar un nuevo paradigma para terminar con la injusticia y la degradación ambiental.

        Basada en la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), “la ley avanza hacia una gestión sustentable de los residuos tanto en lo social, lo ambiental y lo económico”, dice un comunicado de la Red de Investigación y Acción sobre Residuos (RIAR).

        La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo internacional donde participan la mayoría de los países del mundo, define la Responsabilidad Extendida del Productor como “una política ambiental en la cual la responsabilidad del productor por su producto es extendida hasta el momento del postconsumo en el final del ciclo de vida del producto”. Muchos países europeos aplican la REP: Alemania, Bélgica, Francia, Austria; en el ámbito latinoamericano, lo hacen Uruguay, Chile, Brasil, México, Colombia.

Alianzas virtuosas

        “En general, la ley se inspira en otras que ya están funcionando. Acá se puso énfasis en la generación de empleos verdes, pero estos modelos ya existen en muchas partes del mundo”, comentó Leonardo Pérez Esquivel, resaltando que para los grupos socioambientales “el punto principal es que se fortalezcan las cooperativas y que la comunidad pueda tener participación en el control del programa”.

        Por su parte Ramiro Martínez, presidente de CONARCOOP y también integrante de Creando Conciencia Cooperativa de Trabajo, coincidió en que “las definiciones políticas tienen que estar construidas con el sector, no pueden venir de arriba para abajo, sin escuchar a los trabajadores que diariamente abren las bolsas de residuos”.

        Cuando los implicados directos participan en la construcción de herramientas políticas, se genera mayor compromiso en su aplicación. Es, entonces, imprescindible la alianza virtuosa entre recicladores, sociedad civil y municipios, ya que de esta manera se asegura, por un lado, que los fondos sean aplicados al objetivo establecido por la ley y, por otro, que lleguen a todos los trabajadores, aún aquellos que trabajan en formatos muy precarios y de manera individual. En relación a esto, Martínez especificó que lo conveniente es la organización de los recicladores urbanos y que la ley apunta a reivindicar ciertos valores, entre ellos que los niños no deben trabajar porque su lugar es la escuela.

        Si bien el tratamiento de la ley fue acelerado en los primeros 15 días, las operaciones mediáticas instalaron el debate con un contenido negativo “aun cuando ésta es una normativa que viene de esos países que a muchos les gusta mirar, como los países europeos”, comentó Martínez, al mismo tiempo que destacó que todavía queda el mes de diciembre para seguir tratando el proyecto dado que se extendió el período de sesiones ordinarias.

Por Mónica Carinchi