Marcela Creciente, vecina de Garrote, participó de un debate internacional sobre derecho a la vivienda. En el aula magna de la Facultad de Derecho, UBA, expertos en derechos humanos y acceso a la vivienda expusieron problemas y posibles soluciones. La concentración de la riqueza atenta contra derechos básicos. Es necesario reconocer la función social de la vivienda.

A principio del siglo 20, en Argentina, el alquiler de una pieza de 3×4, que oficiaba de dormitorio, cocina y comedor, en un conventillo donde había un baño cada 60 personas (o no había baño, directamente) representaba el 30% del total del gasto de una familia obrera. Hacia 1907, el precio de una habitación en Buenos Aires era 8 veces mayor que en París o Londres. ¡Qué cosa los países centrales, siempre exportando sus crisis!

Dado que la presión sobre los sectores obreros llegó a un punto crítico, en el invierno de 1907 se declaró la huelga de inquilinos. Unas 100 mil personas participaron del movimiento, cuya principal medida fue no pagar el alquiler.

Inmediatamente la policía, es decir el Estado, respondió con represión: los policías entraron a los conventillos en horarios en que los hombres estaban trabajando y, sin ninguna piedad, arrastraban a las mujeres de los pelos y golpeaban a los niños. Pero las mujeres no se dejaron amedrentar y defendieron sus hogares con decisión: escobas, palos y agua caliente sirvieron para mantener a raya a los represores.

Las veredas de la ciudad de Buenos Aires no olvidarán la marcha de las escobas, protagonizada por mujeres y niños que se propusieron barrer la injusticia del mundo; tampoco olvidarán la marcha fúnebre que acompañó a uno de los activistas asesinado por la policía federal.

Como respuesta a este permanente conflicto, tiempo después surgió la propuesta de construir viviendas populares. Pero la clase obrera fue creciendo y la incapacidad (o desinterés) por resolver el problema habitacional también, por eso al indigno conventillo de las primeras décadas del siglo 20, se sumó la villa miseria en la década del 30, con la diferencia de que sus ocupantes ya no pagaban alquiler, pues sus viviendas surgieron de la ocupación de tierras, por lo tanto la respuesta a este nuevo conflicto fue, directamente, la erradicación.

A casi 110 años de la huelga de inquilinos, el problema habitacional no se ha logrado resolver, por el contrario se ha multiplicado, dado el número de familias que en la actualidad ven vulnerado su derecho a una vivienda digna, al agua segura, a los servicios de salud y educación, es decir, al derecho a la ciudad.

Para abordar este tema, el 15 de noviembre, en la Facultad de Derecho, UBA, se desarrolló el Debate Público sobre Derechos Humanos, Acceso a un Hábitat Digno y Políticas Públicas, donde participaron no sólo estudiosos del tema, sino también una afectada: la vecina de Garrote, Marcela Creciente.

La clave: redistribución de la riqueza

Partiendo de que el debate posicionó el derecho a la vivienda como un derecho humano, Martín Sigal (representante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, UBA) cuestionó que este derecho, en cualquier facultad, se enseña entrelazado al derecho a la propiedad y, además, estratégicamente aislado de cuestiones sociales, económicas, financieras y políticas. Con estos parámetros formativos, el desalojo de una familia que no puede pagar el alquiler, es correcto y la erradicación compulsiva de una villa no es, siquiera, opinable. Indudablemente, las currículas académicas deben ser urgentemente revisadas.

Por su parte, Eduardo Reese (representante del Centro de Estudios Legales y Sociales) destacó que en América Latina y, especialmente, en Argentina, el acceso a la vivienda o a un pedazo de tierra es cada vez más complicado. “La imposibilidad de acceder a un hábitat digno resulta de la confluencia de un  mercado inmobiliario que viola sistemáticamente derechos y un conjunto de políticas públicas, como la tributaria y la fiscal, que, en lugar de castigar la especulación inmobiliaria, la facilitan y favorecen”.

Sostuvo, por lo tanto, que el acceso a la vivienda no se logra sólo construyendo más vivienda, sino “entrando al hueso de la especulación inmobiliaria y redistribuyendo las enormes ganancias del mercado inmobiliario”.

Planteó que la imposibilidad de acceder a la vivienda no puede considerarse exclusivamente como un problema de pobreza, pues “en los últimos años, las familias que lograron salir de la pobreza, siguen teniendo problemas de acceso a la vivienda. Esto demuestra que hay un problema de desigualdad y que los sectores más poderosos conservan sus privilegios. El gobierno anterior pudo poner preso al más grande dictador, pero no pudo con el mercado inmobiliario y esto hace que el círculo de la desigualdad se agrande, por eso hoy tenemos en el propio gobierno a los dueños y representantes del poder económico”.

Como expresión de la desigualdad más brutal, Reese presentó el caso de Garrote: “Al lado están construyendo un barrio privado, Venice, que no sólo es un insulto para el barrio Garrote, sino que lo afectará. Esto es el resultado de una política pública elitista, que premia a los ricos. Venice empezó a construirse sin planos, sin permisos, sin autorizaciones, pero para los ricos está naturalizado que pueden hacer cualquier cosa y el Estado no dice absolutamente nada. Provincia y Municipio miran para el otro lado, olvidando 800 familias sufrientes que no tienen posibilidad de vivir dignamente si no hay política pública de redistribución”.

Eduardo Reese fue terminante: “Si no hay redistribución de la riqueza, no hay pobreza cero”.

Garrote existe

Marcela Creciente hace 30 años que vive en Garrote; su esposo nació allí.

Además de caminar por el barrio como cualquier vecina, también lo hace relevando necesidades y preocupaciones, pues integra la agrupación Vecinos Solidarios de Garrote. Con apoyo del CELS inició acciones legales para que el Municipio de Tigre realice el saneamiento del barrio y ponga en marcha su urbanización. A raíz de esto recibieron la visita del Juez de la causa que pudo comprobar que 800 familias tiran la basura en 4 volquetes.

“Vivimos a pocas cuadras de donde la gente va de paseo”, dijo Marcela, “de esos lugares tan lindos como es el puerto, el parque de la costa, pero eso sólo lo disfrutan los demás”.

Remarcó las diferencias entre los paseantes y los habitantes de la villa a quienes les duele la desigualdad. “Tenemos agua porque entre todos pusimos las cañerías; hay pozos negros que no van a desagotar. La gente humilde de Tigre no vive ese Tigre maravilloso que las propagandas muestran”.

La villa está ocultada por un extenso paredón perteneciente a una arenera. “La demanda que estamos haciendo acompañados por el CELS visibiliza nuestro problema. Esperamos lograr la urbanización de Garrote”. El Municipio de Tigre sigue sin cumplir la sentencia del Juez.

A pesar de las vías del tren de la costa, a pesar del paredón y de la indiferencia municipal, Marcela dejó en claro: “Nosotros existimos”.

Cada vez más segregación

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia estuvo representada por Pablo Vitale quien inició su exposición destacando la creciente segregación en la ciudad de Buenos Aires.

Pablo informó: en Buenos Aires hay cada vez más inmuebles desocupados; un tercio de los porteños son inquilinos; los precios de mercado crecen exponencialmente; el sector de dueños es cada vez más concentrado; la vivienda se toma como un resguardo financiero.

El especialista destacó que “la vivienda no son 4 paredes, es el conjunto de bienes, servicios y oportunidades que brinda la localización”. Sin dudas, también lo entienden así los intendentes, pues se aprestan a realizar obra pública en zonas degradadas, después promueven en ellas distritos temáticos y de esta manera crece el precio del suelo; luego llegan los desarrolladores y hacen sus pingües negocios, “generando mayores dificultades de acceso al hábitat. Esto es reproductor de la ciudad excluyente que hoy tenemos”, afirmó.

De la jornada también participaron Leilani Farha, relatora especial de la ONU sobre vivienda adecuada; Chris Grove, representante de Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y gran cantidad de activistas internacionales.