Atrapado en el neoliberalismo, Ucrania llegó a meterse en una guerra. En un territorio surcado por intereses ajenos a la población, los trabajadores huyen o quedan atrapados en las garras cada vez más feroces del capitalismo. El actual presidente, ya sin apoyo de la ciudadanía, firma leyes de flexibilización laboral.

        El 24 de agosto de 1991 se proclamó la independencia de Ucrania de la Unión Soviética. Por aquel entonces eran 52 millones de habitantes, todos bilingües (ruso-ucraniano), el 76% con educación universitaria, lo que los ubicaba en el décimo lugar del mundo.

        Desde esa década del 90, Ucrania fue perdiendo población (actualmente son 44 millones), también perdió calidad de vida y confianza en los gobernantes: los presidentes que se fueron sucediendo restaron derechos y protección social y la vida se fue poniendo más difícil para todos los trabajadores. Asimismo, los agitadores externos aprovecharon la tensa (pero controlada) relación con Rusia y a partir de 2014, el presidente de ese momento Poroshenko (dueño de la corporación alimentaria Roshen, fabricante de los mejores chocolates ucranianos) inició una política de mayor dependencia con USA y cortó comunicaciones aéreas y terrestres con Rusia. Empezó la guerra del Donbass y con ella la destrucción de la economía nacional, pero sus chocolates Roshem se seguían vendiendo en Moscú.

        En 2019, Volodymyr Zelensky, actor de un show humorístico, ganó, con el 73% de los votos en segunda vuelta, las elecciones presidenciales, prometiendo el fin de la guerra en Donbass, un gobierno con la gente y para la gente y la persecución de los corruptos.

        No sólo se negó a cumplir los acuerdos de Minsk para terminar la guerra en Donbass, Zelensky tiene en carpeta: anti reforma agraria para que las corporaciones transnacionales se queden con las mejores tierras de Europa, abrir el país a los flujos financieros internacionales, destruir los medios de comunicación críticos (cerró 3 canales de TV opositores, prohibió libros rusos, multó a periodistas por poner en duda la agresión rusa).

El proyecto de los grupos económicos

        Las leyes antilaborales que los sucesivos gobiernos neoliberales intentaron imponer, hallaron en Zelensky un presidente de lapicera rápida, que encontró un telón ideal en la guerra para cubrir su real proyecto: desregular el mercado laboral. 

        En marzo pasado, firmó el proyecto de ley 2136 (ley sobre relaciones laborales en condiciones de guerra) por el cual se otorga a los empleadores el derecho de suspender el contrato de trabajo, no pagar a los trabajadores por el trabajo ya realizado y desconocer los convenios colectivos. Es decir que, en el contexto de guerra, el Estado ucraniano prioriza los intereses empresariales.

        Antes del avance de Rusia sobre Ucrania, millones de trabajadores ucranianos migraron a distintos países de la Unión Europea en busca de mejores condiciones de trabajo; Polonia, en 2019, ya tenía casi 3 millones de ucranianos trabajando en su territorio.

        Entre quienes no pueden irse de Ucrania, un 30% se desempeñan en negro o como contratados. En las minas de carbón estatales, los obreros -antes de la guerra- pasaron meses sin cobrar. Un ejemplo de la lucha obrera son los paros de 2020 en las minas de carbón de la región de Lviv (el Estado les debía más de 2 millones de dólares en sueldos) y en la planta de mineral de hierro en Kryvy Rih. Mientras los mineros hacían el paro dentro de las minas, expuestos a la humedad, gases, hongos, sus familiares desplegaban carteles por las calles con la leyenda “la dignidad comienza a partir de los 1000 euros”.

        A la ley 2136, ahora se suma la ley 5371 que nada tiene que ver con la guerra. El texto fue redactado, entre otros, por la USAID (onege de USA) y patronales. Su contenido: introducir la máxima flexibilización y desregulación para pequeñas y medianas empresas (250 empleados); eliminar los convenios de trabajo para que cada trabajador negocie con su empleador de manera individual; el empleador interrumpe el contrato cuando quiere.

        Los sindicatos ya están advirtiendo: las grandes empresas transnacionales pueden empezar a subdividirse para conformar pequeñas empresas de 250 empleados.

        Aunque la mayoría oficialista está dispuesta a votar por la ley 5371, los activistas por los derechos humanos y los sindicalistas advierten que sería muy peligroso ya que contradice la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea así como los Convenios de la OIT.

        Zelensky prohíbe hablar en ruso y pregona que Ucrania es parte de Europa, tiene metido a su país en una guerra que sirve a los intereses norteamericanos, pide sanciones para Bielorrusia mientras compra su gas a un precio 5 veces mayor y, en lugar de utilizar su propio carbón, lo compra a USA que lo lleva en barcos generando una huella de carbono colosal (y embolsa ganancias desconocidas).

        Las encuestas arrojan para el presidente un descenso vertiginoso de popularidad, por eso Zelensky necesita continuar la guerra con Rusia ya que, de lo contrario, su gobierno se desplomaría estrepitosamente. En ese territorio codiciado por la OTAN, ¿alguien se acordará/querrá celebrar la independencia este 24 de agosto?

Por Mónica Carinchi