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La norma, que había sido aprobada el mes de octubre en Diputados, modifica la Ley de Ordenamiento Territorial y uso del suelo para “abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional, desalentando las prácticas especulativas” sobre la tierra.
La ley establece que los grandes emprendimientos inmobiliarios de más de 5.000 metros cuadrados, deberán ceder el 10% del valor total del terreno para la realización de planes de vivienda social y prevé un aumento adicional del 50% del Impuesto Inmobiliario Urbano a los baldíos y una contribución especial para las viviendas o terrenos cuyos valores aumenten como consecuencia de obras o cambios de zonificación que produzcan los municipios.
La norma no tiene efectos retroactivos sino que comenzará a aplicarse una vez que sea reglamentada por el gobierno de Daniel Scioli.
Los cruces sobre los alcances de la ley quedaron plasmados en el recinto del Senado, donde legisladores vinculados a Francisco De Narváez votaron en contra, mientras que también se escucharon objeciones parciales del radicalismo y del peronismo disidente. No obstante, el proyecto terminó siendo aprobado por la mayoría con la que cuenta el Frente para la Victoria, acompañado por el Frente Amplio Progresista, la Coalición Cívica y un sector del radicalismo.
En ese contexto, el oficialista Jorge Ancona sostuvo que la nueva ley brinda “una oportunidad histórica no sólo para terminar con una norma de la dictadura, sino porque es darle a la democracia una herramienta que toma en serio la necesidad de los sectores populares y medios del acceso a la vivienda digna o un terreno para construir su casa”. Pero la senadora denarvaísta Nidia Moirano consideró: “Debatimos un proyecto que esboza en su título conceptos que sin duda todos compartimos pero que en su articulado y fundamentos nada hace en pos del acceso justo al hábitat, y enfatizó que “no dará solución al problema habitacional de los bonaerenses, por el contrario, pondrá más presión sobre los hombros de la ciudadanía aumentando, superponiendo y creando nuevos impuestos y gravámenes; promoviendo las usurpaciones y avasallando la propiedad privada”.
En términos políticos, el Senado dio sanción a la primera ley que promovieron los kirchneristas puros a través de Unidos y Organizados y que apunta básicamente, a conseguir terrenos donde desarrollar los planes de viviendas lanzados por la Casa Rosada a través del plan ProCreAr.
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