Es necesario modificar leyes económicas y la estructura jurídica. La deuda externa heredada de la última dictadura dejó un entramado de leyes, negociados y encubrimientos. El investigador Alejandro Olmos Gaona, continuador del trabajo de su padre, y el economista Julio Gambina dan algunos datos para entender la complejidad del endeudamiento y la actual negociación.

        La historia del endeudamiento argentino, deliberado y acrecentado sistemáticamente, tiene 45 años. Nos mantiene atados al proyecto económico iniciado por la última dictadura militar, cuyos cabecillas fueron juzgados y condenados por la justicia argentina por haber cometido crímenes aberrantes. Eso estuvo muy bien. Pero qué pasó con los crímenes económicos? ¿Qué pasó con los civiles que instalaron una política y una estructura jurídica que nos impiden salir de este ciclo de endeudamiento? Martínez de Hoz impuso la Ley de Entidades Financieras que todavía está en pie; esta ley está asociada a la Ley de Inversiones Externas y, en definitiva, al proceso de liberalización de la economía, es decir al empobrecimiento del pueblo argentino.

        Conocedor de las sinuosidades de este ciclo de dependencia, Alejandro Olmos Gaona sostiene que “la deuda está al margen de la jurisdicidad, porque se puede agarrar a López con sus bolsos o juzgar algunos sobreprecios por la construcción de rutas, pero la deuda, heredada de la dictadura y aumentada por los gobiernos de la democracia, no se puede tocar”.

La justicia que duerme

        En el libro Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron, Alejandro Olmos coloca un epígrafe del Deuteronomio: “…prestarás a muchas naciones, más no tomarás prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio”. Para que no quede ninguna duda, debajo aclara: “La deuda es el yugo del nuevo imperio”.

        Continuador de las investigaciones de su padre, Alejandro Olmos Gaona recuerda que, entre 1984 y 1985, es decir durante el gobierno de Alfonsín, se realizó una investigación sobre la deuda privada: “Esa auditoría demostró que, en 1983, eran 18 mil millones de dólares; en 1985, llegó a 23 mil millones. Esa deuda se estatizó y la pagamos durante décadas. Si hubieran sido deudas reales… pero la auditoría determinó que la mayor parte fue producto de la creación de deuda ficticia, acordada con bancos del exterior. Estamos hablando de las empresas del grupo Macri, de Renault Argentina, de Papelera Río Paraná”. La investigación fue archivada por decisión de José Luis Machinea y Juan Vital Sourrouille.

        También Carlos Menem, para investigar la deuda, creó una comisión, la cual concluyó que “entre 1985 y 1995, el Banco Central perdió alrededor de 100 mil millones de dólares. ¿Quiénes fueron los beneficiarios por esta pérdida? Un montón de grandes grupos empresarios”. Curiosamente, el informe se perdió (años después apareció una copia en el Ministerio de Educación), porque “lo que involucra a los grandes defraudadores del país, los delincuentes llamados empresarios, siempre desaparece”.

        Recientemente, Olmos Gaona tomó intervención en una causa penal por la cual el Fiscal Federal Federico Delgado “imputó penalmente a Mario Quintana, Luis Caputo y Santiago Bausili no sólo por la forma de emitir bonos, sino también porque además los compraban”. O sea que los funcionarios del Estado estaban de uno y otro lado del mostrador. “Era tal la impunidad del manejo que incorporaban los bonos a su patrimonio y los declaraban. Obviamente que declaraban una parte, otra iría a empresas offshore. El mismo Caputo compró 5 millones de dólares del bono a 100 años”. Otra vez, esta imputación penal está durmiendo en algún cajón judicial.

        El mejor equipo de los últimos 50 años tuvo un colaborador inestimable: el Fondo Monetario Internacional. “El FMI es corresponsable porque sabía que le estaba prestando a un país que no le podría pagar. En el prospecto del bono a 100 años se habla de los conflictos sociales, de los problemas derivados de los aumentos de tarifas y ya se anticipaba que la deuda no se podría pagar”. A pesar de esto, el FMI prestó el dinero, porque un país endeudado es un país sometido.

Los financistas no duermen

        El mayor emisor de deuda pública del mundo es Estados Unidos, sin embargo a ellos no los corren con el verso del déficit cero, porque son los dueños de la maquinita de hacer dólares y también quienes inventan las teorías (¿falaces?) que luego imponen sobre el resto del mundo. Por esto, el economista Julio Gambina sostiene que Argentina debe pesificar su deuda externa, evitando así la sujeción al dólar.

        Haciendo también un recorrido histórico, menciona que, en el comienzo del gobierno de Alfonsín, la consigna era “no pago de la deuda”.

        “En aquel momento, los acreedores de la deuda pública eran bancos extranjeros, por lo cual, si Argentina no hubiese pagado en el 83, hubiera quebrado la banca transnacional”.

        Como los banqueros no son tontos, crearon los fondos de inversión, que son los actuales tenedores de bonos. Y cualquiera puede comprar bonos: una persona, una empresa.

        “Si en el 83 el no pago afectaba a los bancos transnacionales, ahora la situación es distinta. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses tiene bonos de la deuda pública (heredados de las AFJP), así que ahora es más complicado el tratamiento de renegociación de la deuda”, explica Gambina, recomendando una auditoría de la misma.

        “En mayo de este año, el Banco Central presentó un informe que demuestra que el dinero que entró del FMI salió como fuga de capitales. Mientras que en 2015 la deuda significaba el 50% del PBI; en 2019, era del 90%. Los números ya están, ahora importa determinar responsabilidades. ¿Quiénes fueron los irresponsables que llevaron a esta situación de empobrecimiento al pueblo argentino?”, pregunta el economista.

        Suspender el pago de la deuda es posible, pero no suficiente. “Hay que tener en cuenta el contexto global: se está hablando de desglobalización, de cierre de las economías, de condonación de deudas para los países más pobres, recesión de la economía mundial, el FMI anticipó una caída del 6 o 7% para los países desarrollados. Nosotros tenemos que pensar en el desarrollo de nuestra economía interna y en una economía regional con los países vecinos”.

        Además de las políticas que deben desarrollar los funcionarios elegidos por el voto popular, también es necesario que el pueblo entienda, y acuerde, que las estafas no se pagan.

Por Mónica Carinchi