La menor sufre un retraso mental severo y está embarazada de dos meses. Habría sido abusada por su padrastro, quien se encuentra prófugo. El Código Penal autoriza el aborto terapéutico en estos casos.

El Hospital Municipal de Tigre, donde actualmente se encuentra internada, confirmó la intervención, luego que un equipo interdisciplinario debatió el caso y decidió hacer lugar al pedido de la madre que le había solicitado a la Justicia que se le practicase un aborto.

La denuncia fue realizada el 10 de noviembre último luego de que la madre llevó a la nena al hospital porque tenía un dolor abdominal intenso. Allí, los médicos comprobaron que tenía un embarazo de dos meses. Los especialistas detectaron que la nena, llamada Agustina, tenía rastros de abusos de larga data y que además había sido violada una semana antes.

Según fuentes judiciales citadas por la agencia Télam, la nena fue abusada en su casa y el principal sospechoso es el padrastro, que se encuentra prófugo.

El director del Hospital Materno-Infantil de Tigre, Lionel Cracco, explicó que se formó un equipo multidisciplinario y que el Comité de Ética decidió interrumpir el embarazo tras analizar “cuestiones de integridad psicofísica y social de la niña”.

Antes de tomar la decisión, el médico había anticipado que “por pedido de la madre y la familia se evalúa la interrupción del embarazo. Seguimos trabajando el caso desde un abordaje interdisciplinario conformado por trabajadoras sociales, psicólogos, médicos neonatólogos y profesionales de todo tipo, porque es una nena de 10 años, con cuerpo de nena, y el embarazo es de altísimo riesgo. El caso de la niña cumple con los dos incisos de la ley correspondiente y acorde a la definición de la Organización Mundial de la Salud, ya que presenta riesgos para su salud física, psíquica y social, se trata de un caso de violación y la menor posee un retraso mental”.

La causa penal está a cargo del fiscal Jorge Strauss, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 de Tigre.

Hay varios antecedentes del caso similares en Mendoza, La Plata y otras ciudades del interior del país, donde la Justicia mostró distintos criterios, pero casi no hay registros de una nena con esa edad.

La Ley Nacional que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y procreación Responsable y la Ley de Protección contra la Violencia Familiar y el Embarazo reglamentan este tipo de interrupciones de la gestación y los protocolos que se deben seguir, ya que “no es punible una interrupción de embarazo practicada por un médico diplomado, con el consentimiento de la mujer encinta, siempre que evite riesgos para la vida o la salud de la madre, o si proviene de una violación a una persona con capacidades mentales disminuidas.