Los partícipes civiles del Terrorismo de Estado

Ford Motor Argentina es un ejemplo de la estrecha vinculación que existió entre las grandes empresas y la dictadura militar – resultando por ello más apropiado llamarla “dictadura cívico-militar” – en función de reprimir a los trabajadores, sofocar las demandas gremiales y aumentar así los márgenes de rentabilidad. A partir del golpe de Estado de 1976, efectivos de las Fuerzas Armadas se instalaron en la fábrica y montaron un cuartel militar en la zona del quincho del campo de deportes que funcionó además como centro ilegal de detención de personas. Ford confeccionó la lista de 25 obreros que fueron secuestrados en sus puestos de trabajo o en sus domicilios, pasando posteriormente por la Comisaría de Tigre Primera para ser trasladados a distintas cárceles del país por un período de más de un año. El 20 de marzo de 2012, la Comisión de ex delegados de Ford Motor Argentina, en la intersección de la Av. Henry Ford y Colectora Este, realizó la señalización de Ford como lugar de secuestro y tortura. Luego de largas demoras en espera de justicia, en el mes de marzo se inicia el juicio oral y público contra tres ex directivos de la filial argentina de Ford. Iniciamos un recorrido con la presente temática y el próximo mes entrevistaremos a uno de los trabajadores secuestrados, Luis María Degiusti.

        El proceso de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) generó un cambio en el modelo de acumulación, y se pasó de un sistema industrialista sustitutivo a un modelo de libre mercado con una concepción de “Estado Mínimo” con la tendencia al predominio de las actividades de circulación financiera y la implementación de una política monetarista concentradora de la riqueza que favoreció la concentración del poder económico homogeneizando a los sectores dominantes.

        En este contexto y para llevar adelante este plan estratégico, se puso en práctica un mecanismo sistemático de disciplinamiento represivo sobre los sectores populares. Hacía falta generar las condiciones económico-sociales de ruptura de la solidaridad social para despejar el terreno a la nueva constelación de relaciones de fuerzas que intentaba plasmarse alrededor del sector financiero nacional e internacional, de la banca privada y de los grandes grupos y corporaciones económicas.

        Distintos casos como Ford, Mercedes Benz, el Ingenio Ledesma y Loma Negra, permiten constatar la complicidad y connivencia que existió entre actores civiles pertenecientes a grupos económicos y las Fuerzas Armadas no sólo como beneficiarios de las políticas económicas del nuevo modelo que se impuso con sangre y fuego, sino como partícipes directos de secuestros, torturas y desaparición de trabajadores, delegados y dirigentes sindicales.

        “La violación de los derechos humanos no es únicamente patrimonio exclusivo de los agentes estatales, antes bien se concreta con la colaboración de actores privados y, en particular, por empresas que participan, apoyan y facilitan como actores económicos tales actos, en cuanto la violación beneficie sus intereses económicos”, señaló el fallo de la Jueza Federal de San Martín Alicia Vence que procesó a Pedro Müller, ex gerente de Manufactura, Guillermo Galárraga, ex gerente de Relaciones Laborales, y a Héctor Sibilla, ex Jefe de Seguridad. Nicolás Enrique Julián Courard, presidente de la empresa durante ese período, y sobre el cual pesaban importantes pruebas, falleció en Chile en 1989.

Mucho más que complicidad

        La planta de General Pacheco de Ford Motor fue abierta en 1961 y a mediados de los setenta, a partir del crecimiento de la industria automotriz, se fue gestando un proceso de organización de los trabajadores que comenzaron a plantear la necesidad de contar con mejores salarios y condiciones laborales.

        Representados por unos 200 delegados, no sólo profundizaron las demandas hacia la patronal, sino también a la dirección nacional del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

        Las demandas planteadas por la organización gremial que conformó una Comisión Interna, incomodaba a los directivos de la empresa. En 1975, la Comisión logró firmar un convenio que brindaba una serie de mejoras sustanciales para los trabajadores. De esta manera, el gremio obtuvo un posicionamiento importante y se constituyó en un factor de poder de presión frente a la empresa.

        Una vez producido el golpe militar el 24 de marzo de 1976, la represión se instaló inmediatamente en la fábrica. La presencia de los efectivos militares se hizo permanente y se montó un cuartel militar en el campo de deportes. Entre marzo y mayo de ese año, 25 trabajadores fueron secuestrados, 20 de ellos pertenecían a la Comisión Interna y los otros cinco solían acompañar en las actividades gremiales. Un grupo fue secuestrado adentro de la planta y la otra parte en sus domicilios. Estos últimos fueron secuestrados por grupos de tareas que los identificaron porque llevaban encima las credenciales de Ford, y se las exhibieron. Los que fueron secuestrados en sus puestos de trabajo siguieron una mecánica similar: los hacían caminar por toda la planta, luego se los llevaban al quincho de Ford y permanecían unas horas en condiciones de desaparición forzada, en unos casos con torturas y en otros con trato degradante.

        Durante un período de 30 a 60 días, los dos grupos fueron llevados a la Comisaría de Tigre Primera, lugar que funcionó como centro clandestino de detención. A continuación, todos fueron distribuidos en distintas cárceles como presos políticos.

        Mientras estuvieron detenidos, Ford se encargó de enviarles a sus domicilios los telegramas de despido por abandono de trabajo.

Ford entregó la lista de los trabajadores

        Los testimonios de los secuestrados indican que la empresa suministró las listas de los trabajadores. Asimismo la empresa habría reclamado a los militares el secuestro de determinados obreros y de los delegados gremiales. La esposa de una de las víctimas, Arcelia Luján de Portillo, indicó en su declaración judicial que durante la entrevista que mantuvo con un militar responsable de los secuestros, de apellido Molinari, este “sacó de un cajón una lista en un papel tipo oficio con el logotipo de Ford, manifestándome: ‘Acá están todos los nombres que nos dio la empresa con los trabajadores que quería que chupáramos’”. Como si no fuera suficiente, hay pruebas que señalan que la empresa también suministró carnets con fotos para que pudieran identificar mejor a los trabajadores.

        Por otro lado, se ha comprobado que personal de la propia empresa participó de los interrogatorios a los delegados secuestrados para extraer información vinculada a la actividad gremial. Este es el caso de Héctor Francisco Sibilla, Jefe de Seguridad de la empresa, que fue identificado por el detenido Francisco Perrotta. Como era miembro de las Fuerzas Armadas, luego de los secuestros de los obreros, Sibilla fue ascendido al rango de teniente coronel.