¿A quiénes benefician los acuerdos de libre comercio? Además de quita de aranceles, los Tratados de Libre Comercio fueron incorporando cláusulas que limitan el desarrollo de los países del Sur global. A esto se suma una ingeniería jurídica que favorece a las empresas transnacionales en todos los foros arbitrales del Norte. Un acuerdo del Mercosur con la Unión Europea nos perjudicaría enormemente.

    Los Tratados de Libre Comercio (TLC), que se pusieron de moda hace aproximadamente unos 30 años, se basan en la reducción de aranceles de exportación para los productos comerciados entre los países y/o regiones firmantes. Son siempre los países del Norte global los que buscan firmar estas reducciones arancelarias con los países del Sur global, poseedores de los recursos naturales que el Norte necesita para continuar en su demencial carrera de confort. “‘Se ha oído hablar de concesiones hechas por América Latina al capital extranjero, pero no de concesiones hechas por los Estados Unidos al capital de otros países. Es porque nosotros no damos concesiones’, advertía, allá por 1913, el presidente norteamericano Woodrow Wilson”. (Las venas abiertas de América Latina).

    Con el tiempo, las corporaciones extractivistas transnacionales lograron armar una ingeniería jurídica global que les asegura sus ganancias, les resguarda el movimiento de sus capitales, les permite iniciar demandas, con exclusividad, a los Estados que supuestamente no cumplen con lo pautado y les garantiza ganar siempre porque son ellos los que eligen los foros arbitrales que, desde luego, están en el Norte. Las decisiones de estos foros arbitrales, por ejemplo, el CIADI (muy conocido por los argentinos) no pueden ser impugnadas y si los Estados -que son siempre los perdedores- se niegan a pagar, pueden congelar sus cuentas bancarias, confiscar sus aviones o buques o cualquier bien del país.

    Los TLC fueron incorporando cláusulas que se escapan de lo estrictamente comercial, con el objetivo de reducir la capacidad de acción de las políticas internas estatales. Es decir que actúan como tentáculos invisibilizados (para la población) afectando la política fiscal, industrial, sanitaria, etc. de los países firmantes (por supuesto los del Sur). En definitiva, interfieren en su macroeconomía, impidiendo cualquier acción regulatoria dentro de sus economías nacionales, para evitar, por ejemplo, corridas cambiarias. Un Estado debilitado en su accionar interno por mecanismos supranacionales termina generando profundas desigualdades sociales y, en consecuencia, horizontes cada vez más convulsionados política y socialmente.

    Estos tratados colocan a los países latinoamericanos en una matriz económica mundial que no difiere de la colonial: desde América Latina parten las materias primas para que en el Norte las industrialicen y nosotros les compramos productos terminados. O sea que nos esquilman dos veces. “La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder”. (ídem)

    Los impactos de estos mecanismos de apropiación de la riqueza no sólo provocan efectos económicos, también repercuten en el medioambiente, en los distintos sectores sociales, en la política. Si un gobierno popular está jaqueado económicamente, su base política puede tambalear y esto es siempre aprovechado por los sectores internos aliados a las transnacionales.

    Está demostrado que los Tratados de Libre Comercio no favorecen la generación de empleo (excusa permanente ante los pueblos); generan pasivos ambientales que provocan pobreza, enfermedad, migración; las economías regionales se achican; los alimentos se encarecen y el pueblo se ve obligado a comer productos súperprocesados que enferman (productos que son producidos por transnacionales que a su vez producen remedios para las enfermedades generadas por los súperprocesados). ¿Cuál es el beneficio de los Tratados de Libre Comercio?

    A principios de julio se realizó una reunión de mandatarios del Mercosur y, entre otras cosas, se trató el acuerdo con la Unión Europea. Lamentablemente, en 2019, Macri firmó un protocolo que es el primer paso hacia el acuerdo. Algunas de las cláusulas desconocidas por el pueblo son: limitación de la política industrial (Uruguay, que no tiene industria y parece que tampoco quiere tenerla, no se opone a esta exigencia); liberación del comercio de servicios, por ejemplo, telecomunicaciones y financieros (es decir que hay libertad para el flujo de capitales y nosotros necesitamos ponerles trabas porque requerimos divisas para el pago de la deuda externa); prohibición de poner retenciones a las exportaciones (¿cómo recauda un país si no pone impuestos?); prohibición a la preferencia de compre nacional (traba al desarrollo industrial del país); prohibición a la preferencia de insumos locales (otra traba para el desarrollo industrial local); cupos para nuestros productos agrícolas. Todas estas restricciones son para los países del Mercosur, los europeos, por el contrario, mantienen enormes subsidios a su producción agrícola e industrial y por supuesto ningún país del Mercosur puede intervenir en su política fiscal, monetaria o industrial.

    El Norte global está implementando políticas para reindustrializar sus países, pero no quieren que nosotros lo hagamos.

    Firmar ese acuerdo, que, por supuesto, tiene todos los beneficios para la Unión Europea, incluyendo el andamiaje jurídico antes descripto, ata a un plan de coloniaje a los pueblos sudamericanos, que en muchas oportunidades demostraron que no están dispuestos a aceptar. “Cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios” (ídem).

    Este acuerdo a Argentina, especialmente, no le conviene. El protocolo firmado por Macri debe ser anulado. El gran mercado de Argentina es América Latina con quien tiene un destino común de búsqueda definitiva de soberanía política, independencia económica y justicia social.

Por Mónica Carinchi