El Director ejecutivo de ARBA, Iván Budassi, confirmó la cancelación del convenio por el cual se cedía a los municipios la administración y cobro del impuesto a las embarcaciones tras esgrimir irregularidades y falta de compromiso. Desde los municipios niegan irregularidades y toman a la medida como política. No descartan acciones judiciales. Luis Andreotti dijo que “San Fernando es un pueblo digno por su historia y a pesar de Scioli seguirá creciendo”.

La Agencia de Recaudación Bonaerense, ARBA, realizó el viernes 29 nuevos operativos en los municipios de Tigre y San Fernando, en éste último distrito, el Director Ejecutivo, Iván Budassi, confirmó a la prensa que se rescinde el convenio firmado con los municipios massistas.

Tras recorrer las marinas del complejo Marina del Norte, Budassi destacó que “el 90% de las embarcaciones están en la zona norte de la provincia”.

Sobre el conflicto que enfrenta a la administración provincial y los municipios, Budassi explicó: “En el año 2005 habíamos firmado un convenio con los municipios por el cual se le delegaba el control de las embarcaciones y a cambio de ello se quedaban con el 50% de lo recaudado, la verdad que este sistema de delegación no funcionó por lo que se le comunicó a los municipios que este convenio se rescinde”, y agregó: “Hemos estado por la zona de islas, donde hay 43 embarcaderos o guarderías no registradas y así una gran cadena de incumplimientos”.

Respecto del pedido de informes aprobado el jueves 28 por el HCD de San Fernando sobre la rescisión del convenio, Budassi dijo que “el convenio tenía por parte de San Fernando, San Isidro y Tigre una obligación que es controlar la evasión, no quiero entrar en valoraciones pero es una cuestión objetiva, en San Fernando hay registradas 7900 embarcaciones y ya intimamos a más de 14 mil sin declarar”, además agregó, “por ejemplo en este embarcadero a 10 cuadras de la Municipalidad el 70% de las embarcaciones no están registradas”.

Respecto a las acusaciones de los intendentes sobre las motivaciones políticas de la medida, aclaró: “No hay excusas ni cuestiones políticas, esto es eminentemente técnica y totalmente objetiva”.

Al ser consultado sobre por qué no se le rescindió en convenio al Municipio de Vicente López, el titular de ARBA explicó: “quizás a Vicente López el control le sea más fácil porque solo el 4% de las embarcaciones de la provincia están allí. Pero de hecho registra mucho menor grado de evasión y también mucha mejor predisposición a colaborar con Arba y la provincia de Buenos Aires”, y aclaró “si fuera una cuestión de ir contra la oposición, en Vicente López también gobierna la oposición, así que aquí no hay cuestiones políticas sino números, y lo valorado es lo que pasó que es una evasión no menor al 80% en Tigre, San Fernando y San Isidro”.

Luis Andreotti: “San Fernando es un pueblo digno por su historia y a pesar de Scioli seguirá creciendo”

La Municipalidad de San Fernando – a partir de la implementación del convenio de descentralización del impuesto (suscripto entre la Provincia de Buenos Aires y esta Comuna en el año 2005) – ha incrementado la base de contribuyentes a porcentajes sensiblemente mayores respecto a cualquier otro impuesto provincial no descentralizado, tal como bien puede corroborarse en el impuesto a los Ingresos Brutos y a los Automotores. Lo expuesto por San Fernando encuentra su correlato en datos comprobables y de público acceso.

“Cuando se firmó el convenio, el Municipio recibió un padrón con menos de 2.500 embarcaciones y, con el arduo esfuerzo diario, conllevó que a fines del año 2013, contemos con más de 9.300. Es decir, un incremento de más del 270%”, precisó el Intendente Andreotti. Asimismo, en lo que respecta a los ingresos obtenidos a partir de la descentralización de este impuesto, afirmó: “Logramos elevar de $83.500 a $11.788.000; significa un incremento de más del 14.000%”.

En cuanto al reempadronamiento llevado a cabo en septiembre de 2012, año en el que se recaudaba una cifra levemente superior a los $4.000.000, esta se incrementó en el año 2013 a una suma cercana a los $12.000.000, arrojando de esta forma un crecimiento interanual del 200%.

“Esta medida tiene carácter político; el objetivo es castigar al que piensa diferente. No se respeta el federalismo, ni la autonomía de los municipios y eso que Scioli piensa que es un enviado de Dios. La decisión de rescindir unilateralmente el convenio sin fundamento lógico y razonable por Scioli, provoca e incita necesariamente el voluntarismo político. La denuncia del convenio por parte de la Provincia configura no sólo una injusticia, sino un retroceso en el proceso de descentralización iniciado hace una década por el gobierno provincial”, mencionó el Intendente Andreotti.

“Dicha situación no solo afecta al Municipio de San Fernando sino que repercute en un todo la posibilidad de continuar con el desarrollo, especialmente en las inversiones destinadas al Delta de las cuales el gobierno provincial no ha tomado conocimiento, ni comprometido su asistencia (aunque más no sea declarativa)”, sostuvo Andreotti.

ARBA intimará a 25 mil propietarios de embarcaciones por millonaria evasión

Estos barcos de recreación están amarrados o tienen guardería en jurisdicción bonaerense, pero sus dueños nunca los declararon ante el fisco provincial para evadir el pago de tributos. Aquellos que no regularicen su situación serán incorporadas de oficio a los registros del fisco y los propietarios deberán pagar multas e intereses, además de los impuestos omitidos.

Luego de cruzar datos con AFIP y analizar las imágenes que aporta el programa de Monitoreo Estratégico Satelital Integrado (MESI), la Agencia de Recaudación bonaerense detectó irregularidades en la situación fiscal de 25 mil yates y, en los próximos días, comenzará a intimar a sus propietarios para que los inscriban en la Provincia y cumplan con el pago del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.

Estos barcos de recreación están amarrados o tienen guardería en jurisdicción bonaerense, pero sus dueños nunca los declararon ante el fisco provincial para evadir el pago de tributos, y por ese motivo la Agencia de Recaudación les reclama una deuda conjunta de $ 60 millones.

En rigor, se trata de una primera etapa en el proceso de intimaciones, que continuará en los próximos meses hasta alcanzar a todos los evasores, ya que según estimaciones del organismo el 80 % de los dueños de embarcaciones deportivas evita inscribirlas ante el fisco bonaerense para no tributar en la Provincia.

El director de ARBA, Iván Budassi, aseguró que “para detectar a los propietarios de las embarcaciones sin declarar fue fundamental el cruce de datos que instrumentamos con AFIP”, y subrayó que “con esa información, sumada a los controles presenciales y las imágenes satelitales, podemos individualizar los yates, conocer de qué tipo son, calcular su valor y localizar a los dueños”.

Asimismo, destacó que “las embarcaciones de aquellos contribuyentes que no regularicen su situación serán incorporadas de oficio a los registros de la Provincia y sus propietarios deberán pagar multas e intereses, además de los impuestos omitidos”.

De acuerdo a lo que establecen las normas fiscales, los dueños de embarcaciones con motor, que sean utilizadas para recreación y actividades deportivas, y posean amarre o guardería habitual en territorio de la provincia de Buenos Aires, tienen la obligación de pagar el tributo correspondiente en esa jurisdicción.

En los últimos meses, ARBA inició una ofensiva para regularizar la situación sobre este sector de contribuyentes que registra un alto índice de evasión. Para ello, y por primera vez en lo que refiere a embarcaciones, utilizó la tecnología satelital que provee el MESI para detectar yates, amarraderos y guarderías náuticas no declaradas. Además, con esa información, y el complemento que significaron las imágenes de alta definición que aporta el drone fiscalizador, la Agencia pudo conocer con precisión la existencia de embarcaciones que se encuentran en el delta, islas, áreas ribereñas y costa atlántica, así como también en guarderías de countries y lagunas del territorio provincial.

Los datos permitieron potenciar el alcance de los controles presenciales y todo ese volumen de información se cruzó con bases de AFIP. A partir de allí, fue posible detectar a los propietarios que registraron sus yates a nivel nacional, pero no cumplieron con la obligación de declararlos en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que tenían amarre en esa jurisdicción.

Luego de ser intimados, los dueños de las embarcaciones tendrán quince días para regularizar su situación. Pasado ese plazo, la Provincia inscribirá los barcos de oficio en los registros bonaerenses y los contribuyentes tendrán que hacerse cargo no sólo de los impuestos, sino también de las multas e intereses que correspondan.

Cabe recordar que en los últimos operativos presenciales que los inspectores de ARBA realizaron en Olivos y San Isidro, se detectaron altos niveles de evasión. En el primer caso, el 75% de las embarcaciones controladas registraba irregularidades. En el segundo, de los 14 clubes náuticos y guarderías fiscalizadas, sólo 3 estaban en regla y cumplían con todas sus obligaciones tributarias.