Opinión. Un 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumía como Presidente de la Nación después de la oscura noche de la dictadura que implicó el Terrorismo de Estado, la represión de los sectores populares, 30 mil personas desaparecidas, miles de exiliados, una sociedad fragmentada, la dependencia económica, el endeudamiento externo, el predominio del capital financiero y la concentración de la riqueza. Alfonsín tuvo el desafío de construir un amplio consenso para poner en funcionamiento el régimen democrático (las normas, instituciones y procedimientos institucionales), el tratamiento del pasado autoritario y el establecimiento de los parámetros para encauzar la política económica. El gobierno de la UCR requería de amplios consensos para encauzar el proceso de transición democrática pero quedó acorralado en la negociación con las otras fuerzas políticas sin lograr los acuerdos necesarios.

Por su parte, bajo la Presidencia de Carlos Menem se profundizarán por la vía democrática las políticas iniciadas por la dictadura: el achicamiento del Estado, la desregulación del mercado, la apertura al capital trasnacional, la desindustrialización, las privatizaciones. Este modelo se establecerá a favor del sector financiero nacional e internacional y de los grandes grupos económicos concentrados, en detrimento de los sectores medios, de las pequeñas y medianas empresas nacionales y de los sectores de menores ingresos en general. El cierre de fábricas, el desempleo, el avance de la pobreza y la indigencia fueron algunas de las consecuencias de estas políticas implementadas bajo un gobierno democrático.

Lo señalado anteriormente nos lleva a pensar que un gobierno democrático elegido en elecciones abiertas y transparentes puede llevar adelante un modelo que perjudique a las mayorías populares y a la nación en su conjunto. Por lo tanto, ¿cómo se puede comprender que todas esas reformas fueran realizadas en un gobierno democrático? Porque Menem fue elegido en elecciones y fue reelegido. Para responder a esto podríamos decir que la Democracia no debería agotarse en el régimen sino que deberían considerarse otros aspectos que a continuación haremos.

Si bien la Democracia ha sido definida como “el gobierno del pueblo y para el pueblo”, la realidad política dista bastante de este concepto, tal como el ejemplo que hemos mencionado. Por otro lado, esa definición encierra la idea de la Democracia Directa, cuyos orígenes se remontan a la polis griega, en la que los ciudadanos se reunían en asamblea para debatir y legislar. Jean Jacques Rousseau fue un exponente de esta forma de gobierno pero su implementación estaba pensada para el contexto de un pueblo, y en una sociedad austera con cierta homogeneidad social. Toda la vida del ciudadano era política. Sabemos que en las sociedades modernas capitalistas la Democracia Directa es impracticable, por la complejidad de la sociedad, porque una persona participando en los debates todo el día no tendría tiempo para otras actividades y por la cantidad de población actual, etc.

De esta imposibilidad surge la idea de la representación política. Por lo tanto, los ciudadanos elegirán representantes que formarán los distintos órganos de gobierno, y que serán quienes tomarán las decisiones sobre los asuntos públicos. Por otro lado, en nuestro sistema de gobierno y en prácticamente ninguna democracia, se contempla la revocatoria de mandato. Es decir, la ciudadanía no puede revocar el mandato dado a un representante. Aunque durante la campaña el candidato haya prometido tal plataforma y luego en el gobierno haga lo contrario, el elector no puede revocar el mandato otorgado durante el acto eleccionario. Le queda la opción de no votarlo en una próxima elección. Esto es producto de la historia de los procesos políticos ante lo cual podríamos recordar los debates de la Asamblea General durante la Revolución Francesa, en donde se planteó que, si se otorgaba el mandato imperativo, el representante iba a quedar ligado a responder a los intereses particulares, cuando en verdad su tarea tenía que ser tutelar los intereses generales de la sociedad y los intereses de la nación en su conjunto.

Habiendo pasado de la Democracia Directa a la Democracia Representativa, podemos considerar otra distinción. Existe una corriente de pensamiento político que caracteriza como democráticos a los gobiernos tomando en cuenta los medios que utilizan, es decir, el conjunto de reglas vigentes para la constitución de dicho gobierno y la toma de decisiones, sin considerar lo que se decide. Es lo que llamaríamos Democracia Formal. Robert Dahl, un politólogo estadounidense, que es un referente de esta teoría, toma el concepto de Poliarquía al referirse a la Democracia, y considera a la Democracia como un procedimiento con una serie de requisitos tales como la libertad de asociación, libertad de expresión, elecciones libres, periódicas y competitivas y distingue al sistema político de los logros que pueda alcanzar en términos de procurar mayores niveles de la calidad de vida para la población. Por lo tanto la Democracia se centra en los procedimientos y no en los fines.

Hay otra corriente de pensamiento que plantea que, además de las reglas formales para la elección de los gobernantes, se deben considerar los fines del gobierno, es decir, si sus medidas benefician a las mayorías, si se amplían los derechos al conjunto de la población, si se logran mayores niveles de igualdad e inclusión, si se amplia la democratización al conjunto de la sociedad, etc. Esto es lo que llamaríamos Democracia Sustancial.

Podríamos concluir que hace 29 años nuestro país logró recuperar la Democracia Formal lo cual para nada es un logro menor, considerando la etapa previa de represión, pero hay que destacar que la Democracia no debería reducirse sólo a una serie de reglas formales para la conformación y funcionamiento de los gobiernos sino que requiere poner en vigencia los Derechos Humanos a través de la realización de los principios de libertad, dignidad, justicia social e igualdad generando las condiciones para mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo la de aquellos más desprotegidos. En ese sentido implica que el Estado asuma su función como garante de los derechos sociales, económicos y culturales, brindando el acceso a los bienes sociales como educación, trabajo y salud.

Pero para que todo esto sea posible, para que la Democracia pase de ser formal a sustancial, se requiere de la participación activa y constante de todos los ciudadanos, ya que la participación es el modo más efectivo que tienen las personas para incidir en la orientación del gobierno y para elevar propuestas que impliquen avanzar en el proceso de democratización. Esa participación también requiere organizarse con otros en función de intereses comunes. Por lo cual a casi tres décadas somos una sociedad en proceso de maduración que necesita de mayores niveles de compromiso y participación en los asuntos públicos para darle contenido al régimen, al conjunto de reglas en un Estado de Derecho que tanto costó obtener.

La Democracia, en nuestro país, fue una conquista que costó la vida de muchos y su ampliación requiere de una participación activa y permanente.