Fuentes judiciales informaron a Télam que la reunión, de carácter privado, se realizará a las 15.30 en el Senado provincial y será encabezada por Hilda Kogan, presidenta del jury y de la Suprema Corte de Justicia.
En la audiencia, a la que deben asistir los once miembros del jurado, se decidirá si hay mérito para realizar juicio político a la fiscal y, en caso de que esto se apruebe, el secretario del cuerpo, Ulises Giménez, comenzará a instruir la causa.
La polémica por la actuación de la fiscal comenzó el 3 de marzo de 2009, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Isidro absolvió a Francisco Centurión por presuntos abusos sexuales reiterados contra una joven discapacitada mental de la cual era vecino.
Durante el debate, la chica relató los abusos y el fiscal Diego Molina Pico pidió siete años de prisión para el acusado, pero los jueces lo absolvieron.
El principal argumento del tribunal fue que el informe médico sobre el abuso no tenía la firma ni el sello del profesional que lo había corroborado y ni siquiera se trataba del documento original, sino de un fax.
Tras conocerse el caso, el entonces ministro de Justicia Aníbal Fernández recibió a la madre de la víctima y tras realizar una serie de llamadas telefónicas, logró encontrar – en una hora y media -, al médico que había revisado a la chica y el informe original.
Entonces, Fernández, dos legisladores y la madre de la chica, María Catalina Giménez, pidieron el juicio político de la fiscal.
Asistida por el abogado José Vera, la mujer consideró ante el jurado que Gigante era «la piedra angular del veredicto absolutorio» dictado por el TOC 7.
Giménez explicó que cuando hizo la denuncia sobre las violaciones que en forma sistemática padecía su hija por parte de su vecino, en la localidad de El Talar de Pacheco, hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el delito no quedara impune.
La mujer relató que se entrevistó varias veces con la fiscal Gigante y que ella le aconsejó no contratar abogados al decirle: «Yo soy fiscal y los fiscales somos más que los abogados. Yo me voy a ocupar personalmente de su problema». Pero cuando se conoció el veredicto absolutorio de Centurión, uno de los jueces le informó a la mujer que no habían podido condenar al acusado «porque en el informe médico (sobre el abuso) no se indicaba quién era el profesional, carecía de sello aclaratorio y ni siquiera había sido firmado».
«No tengo dudas de que la fiscal ahora va a ser destituida, estoy satisfecha con el avance del caso», dijo Giménez a Télam.
Por su parte, el abogado Vera sostuvo que «hubo gravísimos errores» por parte de Gigante y «ha mediado tanto incompetencia como negligencia en su actuación» en la causa. «Vamos a sostener la acusación porque las irregularidades cometidas mantienen en libertad al abusador», agregó el letrado.
Lo que más se cuestiona a la fiscal es que, teniendo en cuenta que el informe era un fax, «debió ocuparse de obtener la pieza original, pero no lo hizo y tampoco se procuró identificar al médico actuante, para poder, durante el proceso oral y público, citarlo como testigo», explicó Vera.
Por el escándalo que generó el caso, el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, desafectó a Gigante de la UFI 2 de Tigre, la dejó al margen de investigaciones penales y la trasladó al área Civil y de Ejecución Penal.
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