La política energética del actual gobierno tiene un único objetivo: la ganancia privada. La mala gestión de Repsol sigue incidiendo en la necesidad de importar gas. Para los usuarios no hay más subsidios; para las empresas hay “estímulos”. Para el actual gobierno, el gas dejó de ser un recurso estratégico; tampoco busca el autoabastecimiento.

        Con la llegada de Carlos Menem al gobierno nacional en 1989, se inició una profunda transformación en el mercado de hidrocarburos, pues con la privatización de la empresa estatal YPF se entregó un recurso estratégico al sector privado. Repsol se ocupó de sobreexplotar los yacimientos descubiertos por la YPF estatal, vendiendo el crudo en los mercados internacionales sin ningún tipo de valor agregado y remitiendo todas las ganancias a su casa matriz.

        Cuando en 2012, el gobierno nacional a cargo de Cristina Fernández de Kirchner recuperó la empresa de todos los argentinos, se encontró con “una gran desinversión tanto en producción como en exploración y así se explica la caída en la producción de gas, por el mal desempeño de Repsol”, informó Ignacio Sabbatella, Dr. en Ciencias Sociales, especialista en hidrocarburos.

        Desde la recuperación de YPF se reactivó la producción y la exploración, tanto de yacimientos convencionales como no convencionales (Vaca Muerta).

        “Con (Miguel) Galuccio en la presidencia de la empresa, YPF mejoró su producción, que se volcó al mercado local”, puntualizó Sabbatella.

        Cuando se habla de YPF no sólo se habla de petróleo, también se habla de gas, que es el insumo más importante de la matriz energética nacional. “Se usa tanto en los hogares como en la industria, también para transporte y para generar electricidad. Es un bien social necesario porque en la mayoría de los hogares se cocina y calefacciona con gas”, explicó el especialista.

        Desde que MM se hizo cargo del gobierno, la factura de gas se transformó en la pesadilla de todos los argentinos: hogares, empresas e industrias son expoliadas mes a mes por las empresas que fijan sus precios en dólares, mientras los argentinos cobran sus sueldos en pesos devaluados.

        El gas es un bien estratégico para el desarrollo de cualquier país; además “en gran parte del mundo es considerado un recurso estratégico porque se prevé que reemplace progresivamente al petróleo y al carbón ya que genera menos emisiones de gases efecto invernadero”.

        Es decir que el gas que está en el subsuelo de nuestro país debería ser extraído según nuestras necesidades, pero los gobiernos neoliberales niegan su valor estratégico e, incluso, el objetivo de autoabastecimiento. “Según mi punto de vista”, planteó Sabbatella, “para el gobierno de MM el gas es un comoditi, una mercancía más. Entonces, de cuerdo a la rentabilidad de las empresas, puede ser utilizado en el mercado interno o exportado. Por esto ya hay proyecto de exportación a Chile”.

Para los usuarios nada

        Argentina no produce gas suficiente desde 2005, como ya se señaló, porque Repsol no invirtió ni en exploración ni en producción. “Desde ese momento fueron necesarias importaciones, primero desde Bolivia y, desde 2008, gas natural licuado por vía marítima. Para esto se tuvieron que instalar dos barcos regasificadores, porque el gas llega en estado líquido”. En los últimos años, un 20% del gas que se consume internamente es importado.

        El gas de los reservorios convencionales viene declinando de manera pronunciada los últimos años, por lo cual aumenta la explotación de los no convencionales. En este último caso, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió subvencionar su producción porque se previó una primera etapa de costos elevados que irían descendiendo en función del desarrollo de tecnología adecuada. Esto, efectivamente, está ocurriendo, aunque el gobierno de MM estableció a priori subsidios hasta 2021. “El subsidio a la oferta tomó otro nombre, es un estímulo a la producción no convencional de gas para promover la explotación de Vaca Muerta”, especificó Sabbatella.

        O sea que actualmente existe un subsidio para las empresas, pero no para los usuarios. “Con el gobierno anterior, los subsidios eran tanto para la oferta (empresa) como para la demanda (usuarios)”, puntualizó el entrevistado y aclaró: “El costo del gas en boca de pozo, transporte y distribución no le llegaba completo al usuario final, ya que una parte la ponía el Estado. Además había un subsidio a la oferta que era el Plan Gas, que se empezó a aplicar en 2013 dirigido a aumentar la producción interna de gas para sustituir importaciones vía barco. Lo que hizo MM, a partir de 2016, fue reducir el subsidio a la demanda (usuario) y achicar progresivamente la diferencia entre el costo y lo que paga el usuario”.

        Es interesante incorporar datos a nivel mundial sobre subsidios a la energía: en 2015, Argentina tenía un subsidio promedio de U$D 413 per cápita, en tanto Chile U$D 515; Australia U$D 1259; Estados Unidos U$D 2176; Canadá U$D 1283 (datos aportados por Martín Scalabrini Ortiz, Ingeniero Químico especialista en gas y petróleo).

        Si bien todos los argentinos pagan mucho más caro el gas, no han aumentado los usuarios de este recurso esencial, por el contrario “estaba previsto que se construyera el gasoducto del noreste conectado con el gasoducto que trae gas de Bolivia, pero el actual gobierno decidió cancelarlo”, informó Sabbatella.

        Las empresas del sector han logrado súper ganancias (desde la asunción de MM) sin ningún tipo de contraprestación ni compromisos: ni inversiones ni aumento de producción.

Seguridad, ¿para quién?

        El actual gobierno ha reemplazado el objetivo de autoabastecimiento por el de seguridad energética.

        “Es difícil saber qué piensan por seguridad energética porque no han emitido ningún documento al respecto”, dijo Ignacio Sabbatella, aunque aclaró que, en este caso, “seguridad energética no significa que el país cubra sus necesidades con producción propia, sino que puede importar cuando necesita y, si le sobra, exporta”.

        A nivel mundial, “el concepto de seguridad energética se entiende como la provisión continua de energía a un precio accesible para los consumidores. Pero el actual gobierno no definió nunca este concepto, sólo lo utilizó para reemplazar el objetivo de autoabastecimiento que sigue vigente por la ley de 2012 que declaró el autoabastecimiento como interés público”. Obviamente, MM y todos sus secuaces han demostrado hasta el infinito que nada que sea público les interesa.

        En la actualidad, el autoabastecimiento no se está cumpliendo; la seguridad energética es dudosa y lo que fundamentalmente preocupa a todos los argentinos es cuánto tienen que desembolsar en el momento en que llega la factura del gas.

        “Aunque (Juan José) Aranguren decía que no se sabía cuál era el costo del gas, ahora la secretaría de energía está publicando el costo del yacimiento El Orejano (Neuquén) explotado por YPF y Dow Chemical y, en este momento, está en U$D 1,70 el millón de BTU. Esta fuerte reducción de los costos debería llevar a revisar los subsidios y, además, generar un impacto positivo en los hogares y en la producción eléctrica, que también generaría beneficios para las industrias y hogares”, precisó Sabbatella.

        Por ahora, el único techo para el precio del gas es la ambición de las empresas. Dependerá de todos los argentinos y argentinas que esto cambie.

Por Mónica Carinchi