Agitada Audiencia Pública por el proyecto urbanístico “Remeros Beach”

Se llevó adelante la Audiencia Pública Ambiental convocada por la Subsecretaría de Gestión Ambiental del Municipio de Tigre, en el marco de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del emprendimiento “Remeros Beach” presentado por la firma Fideicomiso Financiero Milky Way. Varios oradores afirmaron que todo el procedimiento de aprobación es ilegal, y por lo tanto nulo, porque el Municipio de Tigre no tiene la potestad para otorgar la prefactibilidad ni la factibilidad de este tipo de urbanizaciones. Precisamente, días después, un fallo emitido por la Jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado sostuvo que el EIA debía ser tramitado en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y no en el Municipio de Tigre como se hizo, y advirtió que “Remeros Beach” no podrá comenzar su ejecución hasta tanto cuente con las habilitaciones correspondientes. Habrá que ver qué sucede porque todo indica que existe una aprobación de “facto”. La desarrolladora Vizora tiene los departamentos a la venta desde 2014 sin contar con un sólo papel, y las obras avanzan. La Audiencia fue útil para que los vecinos de Tigre pudieran expresarse públicamente en contra de estos desarrollos urbanísticos. La pérdida de los servicios ecosistémicos de los humedales y el aumento de la inundabilidad de los barrios fueron los argumentos principales junto con la falta de servicios básicos como agua potable y cloacas, y la pérdida de la identidad local y de la integración social. Un grupo de trabajadores del Sindicato de la Construcción (UOCRA) ofició de patota organizada para ejercer intimidación y amenazas a los opositores al proyecto.

En defensa del proyecto, el representante de Vizora (1) sostuvo que el predio (que se ubica entre el Canal Aliviador y el Camino de Los Remeros, en las cercanías de la Ruta 27) “ya se encontraba totalmente antropizado”, que está terraplenado en todos sus límites y que fue adquirido “cuando ya contaba con indicadores urbanísticos residenciales similares a los de su entorno inmediato”. Ésta es una de las primeras mentiras de la desarrolladora, si se toma en cuenta que el expediente ingresó en diciembre de 2014 y que el Municipio de Tigre realizó una excepción al Código de Zonificación para poder habilitarlo en mayo de 2015, y facilitó así el cambio de “área rural no apta para urbanización” a “Urbanización Especial”. Dicha modificación además no fue convalidada aún por la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a los beneficios que el proyecto traerá a la comunidad, el representante de Vizora se refirió a la ampliación de las redes de servicios públicos (agua, gas, luz) que la empresa extenderá para beneficiar a otros pobladores. También mencionó la realización de obras viales como el ensanchamiento de un tramo del Camino de los Remeros y los ingresos para el erario público en tasas e impuestos, en el fondo de verificación de obras, en el fondo municipal de la vivienda y otros. En cuanto a la generación de trabajo, se habló de 1000 puestos de trabajo anuales durante la construcción, y mil puestos de trabajos indirectos, y de 3000 empleos una vez que esté construido y con todas las familias.

Del aspecto hidráulico, uno o tal vez el más importante punto a considerar dada la ubicación del emprendimiento en zona de humedales, sólo se expresó acerca de las ventajas de la laguna artificial como “la única laguna que va a actuar en forma independiente de las napas freáticas y que actuará como un reservorio de agua que podrá absorber las grandes lluvias de hoy en día…” y casi como una ironía dijo: “de esta manera el proyecto puede mejorar la situación hidráulica del entorno inmediato”. Para concluir, el representante de la empresa, en un acto de fe del que ni él mismo parecía convencido, afirmó: “La propuesta de Vizora cumple con todas las normativas vigentes sin excepción. El proyecto que presentamos se ajusta a derecho”.

La palabra “humedales”, el gran ausente

La Lic. Patricia Pintos – geógrafa e investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata – sostuvo que “recorriendo todo el expediente (el EIA) no puede encontrarse la mención de la palabra “humedales” siendo que versa sobre un proyecto urbanístico ubicado en un área de humedales” y agregó “como dice el filósofo Steiner, pareciera que lo que no se nombra no existe, y esa es la lógica que ha tomado el tratamiento del tema a lo largo del expediente”.

Pintos reafirmó que “los humedales son bienes comunes urbanos. Es decir, nos pertenecen a todos los que vivimos directamente afectados o vinculados a la regularidad de las crecidas. Son bienes comunes de la comunidad y cuando esos bienes comunes están siendo alterados, los perjudicados no son directamente los que viven en las inmediaciones del lugar, es la comunidad toda”. Por otro lado, Patricia Pintos fue muy dura en su apreciación sobre la política urbanística municipal al sostener que “el Municipio de Tigre es el vademécum de lo que no debe ser una gestión urbanística, que quiera ser realmente inclusiva e integradora del conjunto de la sociedad. Más del 50% de la superficie continental de Tigre está ocupada por urbanizaciones cerradas, la mayoría de ellas ubicadas sobre áreas de humedales, por lo tanto en áreas frágiles que generan un perjuicio en términos de la pérdida de estos activos estratégicos para las generaciones venideras pero también para el beneficio de las generaciones actuales”.

Asimismo, la investigadora hizo un llamado de atención acerca de la falta de una evaluación del impacto acumulativo de estas urbanizaciones, e hizo cargo exclusivamente a la Autoridad del Agua “de no haber realizado un estudio del impacto acumulativo del conjunto de las más de 60 urbanizaciones cerradas que se ubican en la Cuenca Baja del Río Luján y de la cual yo he hecho un estudio documentado en este libro que se llama La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en la Cuenca Baja del Río Luján”.

Un estudio de impacto ambiental con contradicciones, omisiones, incumplimientos y demás…

El Lic. Fernando Del Giudice, ecólogo y vecino isleño, remarcó que “todo el proyecto está viciado de nulidad porque es una evaluación de impacto tendenciosa, mentirosa y sesgada. Se olvida que en este humedal había un basural con residuos peligrosos. Uno de los 16 basurales que tiene el municipio de manera ilegal, clandestino. Y la evaluación de impacto no lo dice”. También sostuvo que el EIA tiene al menos 30 contradicciones e inconsistencias. En una de ellas, se sitúa al proyecto en el Delta del Paraná, y se advierte del error mucho más adelante, y en ninguno de los informes de la Subsecretaría se hace mención de los avances de obra y tampoco de la existencia previa de un basural en el predio. Se ocultó todo”.

Del Giudice señaló además que la presente Audiencia estaba teniendo lugar al final del procedimiento de aprobación con las obras en estado de avance, cuando debía ubicarse el comienzo. “O sea, no cumplieron con la norma” concluyó, y agregó que incluso “la obra ya estaba iniciada cuando se presenta el proyecto en el HCD (para el cambio de zonificación). Legalidad cero”.

Ricardo Barbieri, ambientalista y vecino de Ricardo Rojas, fue el primero en plantear un punto que se repetirá a lo largo de toda la jornada, que es la falta de competencia del Municipio de Tigre a la hora de otorgar la prefactibilidad o factibilidad a este tipo de emprendimientos urbanísticos. “Por el Decreto 1069 del 2013, la provincia de Buenos Aires reasumió el manejo de este tipo de cuestiones. Por lo tanto, todo lo actuado hasta este momento es ilegal y nulo. No podemos aceptar este tipo de obras monstruosas por fuera de las normas que regulan estos procesos”, sentenció.

Patricia Pintos también se refirió a los actos ilegales en los que incurrió la desarrolladora Vizora “al promocionar y comercializar anticipadamente los departamentos que forman parte de Remeros Beach, mucho antes de que el emprendimiento hubiera obtenido las factibilidades técnicas correspondientes. Eso consta en un video, en marzo de 2013 se anunciaba que se habían vendido 100 departamentos cuando no se contaba con un solo papel aprobado”. Por otro lado, recordó que “la Ordenanza que habilita el cambio de uso no ha sido convalidada por la Provincia como corresponde cuando hay un cambio de zonificación municipal, sobre todo para pasar de una de club de campo a una zona urbana”.

Federico Ugo, concejal del Frente para la Victoria, definió al proyecto de Remeros Beach como un negocio inmobiliario. “No es un emprendimiento, no es un desarrollo, es un negocio inmobiliario de un pequeño sector que ni siquiera es de Tigre, y que pretende seguir quedándose con nuestra tierra. Y nos quiere además poner en una falsa discusión con los compañeros trabajadores de la construcción que tienen que tener el respeto y mucho de ellos, se inundan por este tipo de negocios inmobiliarios”. También responsabilizó al Municipio al plantear que “lamentamos que este Municipio, en vez de hacer cumplir la normativa, avale estos grandes negocios inmobiliarios, firmando una prefactibilidad que no corresponde porque es una potestad de la Provincia”.

La defensa del emprendimiento

Quienes se presentaron como oradores a favor del proyecto de Remeros Beach fueron arquitectos, ingenieros y empleados de la Desarrolladora Vizora, la gran mayoría en defensa de un negocio del que son parte, y algunos trabajadores de la UOCRA. Los argumentos planteados consistieron en la generación de puestos de trabajo que la urbanización permitirá, el “progreso para todos” que la obra implica y se repitió en varias intervenciones la famosa y jamás comprobada “Teoría del Derrame”, que afirma que, si a los ricos les va bien y se enriquecen aún más, el beneficio se derramará al resto de la sociedad. También se desligaron de los problemas planteados por la falta de servicios públicos en los barrios, diciendo que no es responsabilidad de la empresa. Una persona planteó que la construcción de una laguna cristalina “nos coloca a nivel mundial” y que su modelo era Estados Unidos y otro afirmó “no se puede ir en contra de la modernidad”.

Palabras que lo dicen todo…

“Ellos tiene todo, tienen plata y a nosotros todavía nos llega el aguatero”. “Nos quieren traer una cultura extranjerizante, la policía está destinada a cuidar a estos sectores, a una población que no es de acá. Es una discriminación total, nos excluyen a todos”.

“Estoy preocupada por las inundaciones, me inundo, no tengo luz y nos piden que demos un salto de fe”. “Quisiera que el distrito urbanice para todos, no hay urbanización para todos. No queremos vivir en la Edad Media”. “Si el desarrollo de Tigre estuviera planificado y se construyeran viviendas para los tigrenses, la UOCRA tendría miles de puestos de trabajo. No les hagamos el juego a los tipos que vienen a hacer negocio…”. “La sociedad subsidia a los barrios cerrados, pagando el costo ambiental, se profundiza la segregación social y se pierde la identidad local”.

“Hay barrios que no tienen luz, hace 18 meses que no tengo luz ¡y ellos no sé cuántas luminarias tienen…!”. “¿Dónde se venden los estudios de impacto ambiental? ¿En Mercado Libre?”. “Les quisiera dar un consejo a los futuros compradores: no lo hagan porque esto se va a judicializar y al terreno lo van a perder”. “¿Remeros Beach? ¿Beach? La playa no es en el río. El río es para remar, no para hacer surf”.

“Lo más avanzado en el mundo es la restauración del paisaje natural y acá lo quieren eliminar”. “Cuál es el modelo de sociedad que queremos para Tigre? ¿Para quién gobierna el Municipio de Tigre? ¿A quiénes beneficia? No queremos que sea Miami, queremos que sea Tigre y para los tigrenses”. “Si la comunidad no progresa, no es progreso, es negocio para unos pocos”.

Frase repudiable: “Cuando llegué no encontraba lugar para estacionar, seguro muchos de ustedes ambientalistas vinieron en auto, ¿por qué no vinieron en colectivo” (defensor del proyecto).

Fallo judicial suspende las obras de Remeros Beach y sostiene que el EIA debe ser presentado en la Provincia y no en el Municipio de Tigre

La Audiencia, que duró casi seis horas, tuvo importantes ausencias, faltaron cinco de los ocho representantes de organismos bonaerenses o de servicios públicos invitados, entre ellos el representante de la OPDS.

“Remeros Beach” representa la negación de la identidad local, simboliza el “no lugar”, “la no comunidad”, un ghetto clasista amparado por una gestión municipal que privilegia el negocio inmobiliario por encima de los intereses colectivos, y en el que, como se mencionó más arriba, el procedimiento de aprobación llevado adelante desde el Municipio de Tigre no se ajusta a derecho. Justamente el 1 de julio, la Jueza federal de San Isidro, Dra. Sandra Arroyo Salgado, en un fallo ejemplar sostuvo que el Estudio de Impacto Ambiental de “Remeros Beach” debía ser tramitado en la OPDS y no en el Municipio de Tigre donde fue presentado (y del cual la Audiencia Pública convocada era parte de ese procedimiento). De esta manera, la Dra. Arroyo Salgado dispuso que se haga saber a la Municipalidad de Tigre que de conformidad a la ley provincial N° 11.723, el emprendimiento “Remeros Beach” no podrá comenzar su ejecución “hasta tanto cuente con las habilitaciones correspondientes”.

Apostillas de una extensa jornada

Resultó extraña la asociación de la empresa Vizora con los trabajadores de la UOCRA, pero hasta los sectores aparentemente más opuestos pueden tener un interés en común. Para los defensores del proyecto se trata de un claro negocio inmobiliario y fueron a defender eso, su negocio. Este grupo de trabajadores de la UOCRA son contratados para tareas de amedrentamiento, para propender insultos y descalificaciones a cualquiera que se oponga, en este caso a Remeros Beach, y con el fin de desestabilizar el funcionamiento de la Audiencia.

Antes de que comenzara el acto, los muchachos que medían un promedio de 1,80m, corpulentos y con caras de tipos malos, fueron reunidos y les entregaban una hoja a cada uno, tal vez con las frases que tenían que gritar y vociferar incansablemente, las leían una y otra vez y se guardaban el papel en el bolsillo. En una excelente coordinación con los agentes de seguridad, los empleados municipales y los señores de traje de la empresa desarrolladora, se ubicaron parados en todos los alrededores de la sala, y desde allí largaban sus insultos y gritos. Por supuesto que el Coordinador de la Audiencia también cumplía su papel, y hacía que los reprendía, pero no echaba a ninguno de la sala.

Patéticos fueron los arquitectos e ingenieros de la empresa queriendo legitimar su posición presentándose como “trabajadores de la construcción” con camperas infladas cuyo valor supera el sueldo promedio de un verdadero trabajador de la construcción. A la UOCRA le habrían prometido unos 2000 puestos de trabajo en “Remeros Beach”, en un contexto en que la desocupación del sector está en aumento, sobre todo a partir de la pérdida de 3000 puestos de trabajo por la paralización de las obras públicas que decidió el Gobierno Nacional. Es a Macri a quien deberían reclamarle.

Alguien preguntó por allí, “¿Leticia Villalba tendrá cara como para salir mañana a la calle?” La Subsecretaria de Gestión Ambiental perdió la vergüenza hace años frente a la sociedad de Tigre convalidando emprendimientos como Colony Park, Venice, Remeros Beach y otros tantos, y desde una función de co-gestión de los negocios inmobiliarios por encima de los bienes comunes y los intereses de la comunidad de Tigre.

(1) La firma Fideicomiso Financiero Milky Way es quien presenta la solicitud de EIA en el Municipio de Tigre y Vizora Desarrollos Inmobiliarios es la que lleva adelante la construcción de la urbanización y la venta de los departamentos. Ambos forman parte del Grupo Macro que preside Jorge Brito, empresario y banquero muy relacionado con Sergio Massa. El Banco Macro es además auspiciante del Club Tigre.