Utilizando el sistema informático del ANSES, el Fiscal Federal Guillermo Marijuan – titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social – detectó que, en 2004, un grupo de empleados de la Municipalidad de San Fernando estaban cobrando subsidios otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social para personas de bajos recursos y sin empleo.
“Cobrar un sueldo y también un subsidio es un delito, porque es un fraude ya que se incumplían requisitos”, explicó el Dr. José Vera, abogado defensor de una de las personas implicadas en el juicio.
Este hecho tomó estado público por una nota realizada por el diario Clarín a dicho abogado. Por aquel entonces, el intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro, se ofendió y envió cartas documento tanto al diario como al Dr. Vera quien todavía está esperando que se concrete la amenaza de querellarlo manifestada por dicho intendente. “La causa llegó a juicio oral, es decir que era absolutamente verdad lo que yo informé en su momento”, indicó Vera.
Llegando al juicio oral
Presentada la denuncia en junio de 2004, en el Juzgado Federal de San Isidro, después de realizar los procedimientos pertinentes, quedan procesadas “unas 35 personas por el delito de defraudación a la administración pública. Algunos apelan, se confirma por la Cámara Federal de San Martín los procesamientos y hace pocos días el Fiscal Federal hizo el requerimiento de elevación a juicio de cada uno de ellos”.
El Dr. Vera aclaró que la defraudación al Estado se agrava por ser las personas empleados públicos. La defraudación llegó a medio millón de pesos; cuando se inició la investigación, los empleados fueron desvinculados de la Municipalidad; el caso, después de 2600 fojas, llega a juicio oral.
“Puede haber juicio oral o suspensión del juicio. Que haya juicio oral significa que puede haber condena. Yo creo que lo mejor sería, para todos los acusados, formalizar un acuerdo con el fiscal”, de esta manera no se le hace perder tiempo ni dinero al Estado y el Fiscal puede dedicarse a casos más importantes, ya que éste ha sido, hasta aquí, resuelto.
Si les llega la condena, ¿tendrán que devolver la plata? – “Están todos embargados preventivamente, tengan o no bienes. Por la experiencia que tengo, seguramente todos pedirán la probation para no tener una condena. Conociendo la modalidad del Fiscal Marijuan, va a pedir que – en cuotas – se restituya el dinero que se cobró indebidamente”.
Para realizar esta defraudación ¿tuvo que haber complicidades dentro de la Municipalidad? – “Esa es la 2° etapa. Cuando la Jueza dispone el proceso de las personas deja en claro que ésta es la 1° etapa de la investigación y en la 2° se irá adelante con lo que se llama la pesquisa, o sea aquellas personas que, por negligencia o por connivencia, permitieron que el Estado pagara de manera irregular un dinero muy importante durante unos meses”.
¿Hay algún error del Estado que permite que estas cosas pasen? – “Lo que hizo el Ministerio de Bienestar Social de la Nación es delegar en la intendencia el control del subsidio. Dejó en manos de gente que controló mal, en algún caso, y de gente que participó activamente de un delito confabulados para defraudar al Estado”.
Para aclarar este punto, Vera informó que “en la Municipalidad de San Isidro hubo dos hechos; en Tigre, uno. En estos casos se advierte claramente que el beneficiario engañó. Ahora, en una municipalidad donde se dieron menos de la mitad de subsidios que a los municipios vecinos y se encuentra que en 50 casos los beneficiarios eran funcionarios municipales, evidentemente hay una actividad criminal clara, contundente y categórica. Seguramente pensaron que no habría ningún tipo de controlar y cada delincuente fue a buscar su plan”.
Por lo tanto, en la 2° etapa se avanzará “sobre los que firmaron y avalaron con sus sellos el cobro de los subsidios”.
No sabemos cuándo, pero esta nota continuará.
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