Avasallamiento de los emprendimientos urbanísticos privados

El 20 de febrero se cumplieron tres años del acampe del Movimiento en Defensa de la Pacha en Punta Canal – Dique Luján -, también llamado “Punta Querandí”, que busca salvaguardar el espacio público del avance de la desarrolladora EIDICO, quien adquirió tierras de Ferrocarriles Argentinos a través de mecanismos irregulares y en complicidad con allegados políticos. En toda la región, en donde se emplazan barrios del Complejo Villanueva y también de Nordelta, se han encontrado distintos cementerios ancestrales que datan de los 2000 a 600 años de antigüedad.

Las tierras en cuestionamiento pertenecían a la ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias- ex ONABE) ya que por allí pasaban las vías del tren del ex ramal Mitre que unía Ing. Maschwitz (Escobar) con Dique Luján (Tigre) y que fue cerrado en 1967. El lugar era muy transitado y durante años fue la única vía de entrada a Dique Luján. Allí se ubica el paraje Punta Canal, entre la calle Brasil y el Canal Villanueva, de un lado es Dique Luján, Partido de Tigre y del otro, Ing. Maschwitz, Partido de Escobar.

En 2007, dos sociedades anónimas (Chilespa SA y Desarrolladora San Benito SA) tramitaron ante la ONABE la compraventa de los terrenos y luego vendieron a EIDICO (Emprendimiento Inmobiliario de Interés Común S.A.) sus boletos de compraventa, pero nunca concluyeron los trámites de escrituración. Agustín, del “Movimiento en Defensa de la Pacha” (MDP), manifiesta: “la empresa le hace un juicio al Estado Nacional porque no escrituraban pero eso pasa porque fue una venta trucha. Engañaron al Estado diciendo que eran vecinos linderos de los lotes del Ferrocarril que eran 3 km, y no lo eran”. La denuncia radica en la irregularidad de la transferencia de las tierras ferroviarias que involucra no sólo a Punta Canal, sino también a los sitios en los que aparecen piezas arqueológicas, incluyendo restos humanos.

El Complejo Villa Nueva a cargo de la desarrolladora EIDICO S.A., que consiste en un total de 11 barrios náuticos en 850 hectáreas, continúa avanzando sobre las tierras en litigio. La mitad de las mismas ya fue arrasada para ampliar el Canal Villanueva, y la otra mitad fue loteada para integrar el barrio San Marco, y el lugar que todavía resiste iba a ser destinado a amarras para yates.

Organización para defender el espacio público

Indígenas de distintos pueblos originarios se acercaron para reivindicar la preservación de estas tierras, en las cuales se han encontrado restos humanos, y se nuclearon en 2009 en el “Movimiento en Defensa de la Pacha” al que se sumaron vecinos, educadores y ambientalistas, entre otros. El lugar que se está defendiendo es lo que queda del terraplén, porque el resto, unos 3 km, es parte hoy de un curso de agua privado.

Cuando se llega a Punta Querandí surge la sensación de estar acorralado por los alambrados, los canales artificiales y las casas fastuosas que se levantan más allá del río. Agustín del MDP nos cuenta la experiencia de resistencia que están llevando adelante desde hace tres años. El 19 de febrero de 2010 se inició el acampe con la permanencia de tres a cuatro personas viviendo en forma permanente. El lugar era más inhóspito de lo que hoy es, sin servicios públicos y en medio del monte.

En estos tres años han recibido distintas presiones y amenazas para que abandonaran el lugar. En marzo de 2011, un grupo de personas desconocidas rompió el tanque de agua a machetazos, destruyeron la construcción del lugar, y tiraron todo lo que había, y el 29 de noviembre del año pasado, dos integrantes del MDP, Pablo Badano y Pablo Merlo, – este último asesor del Concejal Luis Cancelo -, fueron amenazados de muerte por un matón de la empresa EIDICO. La denuncia fue presentada en la Fiscalía de Benavídez.

Por otro lado, los miembros del MDP han realizado diversas gestiones ante legisladores de la Provincia y la Nación, y ante diferentes organismos públicos y fueron logrando apoyo y adhesiones a la causa. El concejal de Tigre, Luis Cancelo, ha sido uno de los que más apoyo ha brindado al MDP. Logró que se formara una comisión especial en el HCD, integrada por todos los presidentes de bloque, pero que hoy no funciona. Se presentaron Proyectos de Ordenanza, pedidos de informe y pedidos de anulación de la venta a EIDICO, entre otros.

También el conflicto ha tenido difusión en distintos medios de comunicación como TV, radio y prensa escrita y se han hecho volanteadas en Tigre, Dique Luján y Villa La Ñata para instalar la problemática en el distrito y afuera.

Por el patrimonio cultural

Agustín del MDP señala que, cuando EIDICO empezó a realizar las excavaciones, en diciembre de 2008, encontraron 120 mil piezas pero que la empresa luego negó lo sucedido diciendo que no habían encontrado nada.

Los sitios en los que fueron hallados los cuerpos fueron el sitio Garín, adonde hoy están las casas del barrio Santa Catalina. “De allí se sacaron varios cuerpos, algunos con todos los ajuares”. Otros de los sitios fueron “Rancho Largo”, donde hoy está el barrio San Marcos; “Punta Querandí” en el barrio San Matías; “La Bellaca” al frente de la casa de Daniel Scioli, “donde sacaron tres cuerpos” y en el complejo de Nordelta, “estaba el sitio “Sarandí” de donde sacaron 46 cuerpos”.

De acuerdo a la Ley 25.517, los restos humanos indígenas deben ser devueltos a las comunidades que los reclamen. Sin embargo, a ninguna empresa desarrolladora le conviene hacer público los hallazgos. El MDP sostiene que los arqueólogos no hicieron los relevamientos como correspondía, y que manifestaron haber encontrado un sólo sitio, el de Rancho Largo, cuando ya éste había sido encontrado por los propios vecinos. “El problema es que los arqueólogos son peritos y parte, porque a su vez le hacen un trabajo privado a la empresa”, sostiene Agustín.

Asimismo, el MDP se acercó al Instituto de los Arqueólogos, adonde supuestamente habían llevado las piezas encontradas, pero allí les informaron que no las tenían. “Las piezas las tiene supuestamente (el Municipio de) Tigre pero siempre las quieren llevar a otro lado. Tienen la concepción positivista de que los restos son trofeos y que los pueden exhibir en Tigre Centro. Incluso hicieron una muestra en pleno conflicto”, señala Agustín.

En su avance indiscriminado, los barrios privados no sólo han arrasado con los cementerios indígenas sino también con los vecinos que se asentaban en Punta Canal y que fueron expulsados como fue el caso de una abuela de 94 años. Charly, un vecino perjudicado, relata: “El estado fue engañado por EIDICO diciendo que el terraplén estaba desafectado, y sí, el ferrocarril no pasa más desde 1967 pero era el único acceso a Punta Canal. Era el único camino que yo tenia para entrar a mi casa. Yo empecé solo, y tengo cinco actos administrativos presentados en la ADIF”.

¿Qué es lo que se reclama puntualmente en este contexto? – “Queremos que este lugar siga siendo público, que lo puedan usar los vecinos. La semana pasada había 250 personas disfrutando del río. Lo que se está reclamando es que se mantenga una hectárea y media y que quede público, una plaza, una costa para los pescadores…”. En este sentido se solicita que el predio sea declarado patrimonio público y cultural para preservar el espacio y la memoria de los pueblos originarios.

¿Cómo sigue el conflicto? – “Más allá de una cuestión legal, esto es una cuestión política”, enfatiza Pablo Merlo y agrega: “… pensamos que Massa no da resolución a este tema porque no quiere pagar el costo político. A favor de la lucha no va a hacer nada, pero no quiere pagar el costo político de tener que ser el ejecutor”. Por otro lado, Agustín sostiene que “… ningún funcionario les quiere firmar la escrituración porque sabe que se quema, pero al mismo tiempo la empresa presiona. Es la familia O`Reilly. Santa Bárbara es de este mismo complejo, se lo vendió María Julia (Alsogaray) y ahí también hay un juicio” (Ver “Expertos en usurpar…”).

Hay una denuncia presentada en la justicia por la Fundación ProTigre y el MDP para frenar el avance de las obras de EIDICO en 250 hectáreas del barrio San Rafael y se dictó una medida cautelar para paralizar las obras mientras tanto. Sin embargo, la empresa continúa con los movimientos de suelo. “La cautelar se define el 15 de marzo y, si se llega a levantar, viene EIDICO y la Municipalidad con la topadora y nos pasa por encima a todos”, concluye Merlo.

Para más información: 4455-2172 / 15-4404-1382 / Facebook: MDO Punta Querandí / Email: movimientoendefensadelapacha@gmail.com

Expertos en usurpar tierras públicas

EIDICO es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país – en 2011 facturó 257,8 millones de pesos – y Jorge O’Reilly Lanusse es el hombre fuerte de EIDICO, sobrino nieto del ex dictador Alejandro Lanusse y miembro activo del Opus Dei – de allí el nombre de los santos que le colocan a los barrios-. En 2008, se desempeñó como asesor de Sergio Massa cuando fue Jefe de Gabinete de la Nación y según la nota publicada en Página/12, el 11/11/12, titulada “Santa barbaridad”, Jorge O’Reilly Lanusse “fue hombre de enlace con la Iglesia Católica y la embajada de los Estados Unidos, que en sus cables secretos lo menciona como fuente protegida”.

En la misma nota se plantea la usurpación al Estado de 241 hectáreas en Tigre, en el predio de Radio Nacional, donde se construyó el barrio privado “Santa Bárbara”, también a cargo de EIDICO. En la causa por fraude al Estado hay una larga cadena de responsabilidades, entre los que se encuentran María Julia Alsogaray – por la privatización de ENTEL – y el mismísimo Jorge O’Reilly Lanusse.