Presentación de Informe a las Naciones Unidas. Desde hace 20 años se ha modificado el eje de la agricultura nacional: se pasó de producir alimentos a producir commodities, es decir un producto destinado a uso comercial. El agronegocio se impuso en el campo argentino. Relación directa entre agrotóxicos/organismos genéticamente modificados y cáncer, malformaciones genéticas, enfermedades crónicas no transmisibles. Organizaciones ambientalistas, entre ellas Naturaleza de Derecho, Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Asociación por la Justicia Ambiental, presentaron Informe para visibilizar este grave daño.

La situación argentina sobre el uso de agrotóxicos en la agricultura y en el proceso productivo de alimentos es grave. Hay poblaciones que están directamente expuestas a las fumigaciones con agrotóxicos así como toda la población argentina está expuesta indirectamente a este riesgo debido al consumo de alimentos con residuos de agrotóxicos y derivados de organismos genéticamente modificados.

Para las empresas productoras/vendedoras no sólo de las semillas modificadas genéticamente, sino también de los agrotóxicos, el negocio es redondo: aumento de la producción agrícola, mayores exportaciones, mayor rentabilidad.

En este análisis exclusivamente económico/financiero, las empresas – y también los organismos oficiales – no tienen en cuenta las externalidades que este modelo agroindustrial provoca, a saber: afectación a la biodiversidad (es decir destrucción de la microfauna y biotipos silvestres), supresión de los servicios ambientales del agua y del suelo, desaparición de la diversidad agrícola, deforestación de los bosques nativos y aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, de malformaciones congénitas, daño genético y cáncer. Todas estas enfermedades guardan una relación directa y proporcional con el incremento del uso de agrotóxicos en los últimos 20 años.

Ante el aumento alarmante de estas enfermedades, se generaron los campamentos sanitarios de universidades públicas, así como la presentación de afectados ante la justicia. O sea que la vigilancia popular de la salud logró visibilizar una realidad que las autoridades sanitarias han preferido ocultar.

Cada vez que se solicita a las empresas que presenten los estudios y evaluaciones que acrediten la inocuidad de sus productos sobre las personas, el ambiente y la biodiversidad, se niegan a hacerlo bajo el pretexto del secreto comercial.

Ahora bien, los estudios (y los hechos: enfermedad y muerte) demuestran la relación directa entre uso de agrotóxicos y aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer, malformaciones, etc. Esto es un daño grave e irreparable.

Los agrotóxicos no son productos fitosanitarios, son biocidas; el modelo del agronegocio es genocida: enferma y mata.

Es necesario recuperar un modelo agroalimentario que respete la vida, la naturaleza, la biodiversidad; que tenga en cuenta las necesidades de los trabajadores y trabajadoras del campo y haga posible el futuro para las próximas generaciones. Este paradigma productivo demanda una reforma agraria y el acceso a la tierra de toda la población.

Ningún ciudadano debe aceptar que empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, ChemChina, Dupont decidan por nosotros cómo producir nuestros alimentos, qué llevar a nuestras mesas; no podemos permitir que se adueñen de las semillas como pretenden hacerlo con el proyecto de ley de semillas que anda por el Congreso Nacional, donde el poder político – amancebado con las transnacionales del agronegocio – allana el camino para ampliar el macabro negocio de esas empresas, exponiendo la vida de los argentinos a la enfermedad y la muerte.

Por todas estas razones, un conjunto de organizaciones ambientalistas han presentado a los Relatores Especiales del Derecho a la Alimentación y de Derechos Humanos y Sustancias y Desechos Peligrosos de la ONU, un Informe sobre Agrotóxicos en Argentina, con la intención de visibilizar el problema y obligar a las autoridades nacionales a garantizar el derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a un ambiente sano a todos los argentinos.

Según el ranking mundial, Argentina es el 3er. país en volumen de utilización de agrotóxicos, después de Estados Unidos y Brasil. A principios de la década del 90, se utilizaban entre 20 y 30 millones de litros por año; en 2013, los datos publicados por la Cámara Empresarial de Fabricantes y Productoras de Agrotóxicos, arrojaron 288 millones de litros; se estima que, para el 2016, esa cifra ha aumentado considerablemente.