Mientras entre las décadas del 40 y el 50 la economía argentina se expandió, incorporando a miles de trabajadores al empleo formal, a partir de la última dictadura cívico-militar pasó lo contrario. En la década del 90, además del desocupado, apareció la figura del excluido. Las consecuencias aún se sufren.

    Como siempre se dice, si hay ajuste, hay represión. Y el primer gran ajuste, un mazazo, para el pueblo argentino, se inició con la última dictadura cívico-militar. A partir de 1976, las economías regionales comenzaron a achicarse, lo que generó, por un lado, desocupación y, por otro, migración hacia las grandes ciudades. Quienes se quedaron en su terruño fueron absorbidos, en parte, por los gobiernos locales, iniciándose así el clientelismo electoral.

    El segundo mazazo fue con el gobierno del riojano: el plan de convertibilidad y el desmantelamiento de las empresas del Estado aumentaron la desocupación y fomentaron la timba financiera que los empresarios supieron aprovechar muy bien. Se instaló el fantasma de la desocupación y apareció la figura del excluido: sujeto que ya no puede reubicarse/incorporarse a este nuevo sistema socio-productivo.

    Sin dudas, esto pasó en todo el país, pero estudios y estadísticas dicen que Jujuy fue la provincia más dañada.

Azúcar amarga

    Si bien a principios del siglo 20 en Jujuy comenzó a desarrollarse la industria azucarera, que abasteció un mercado -la pampa húmeda- en creciente expansión, como no hubo distribución de los beneficios, no generó empleo productivo, por el contrario, desestructuró la economía campesina y produjo despoblamiento de varios departamentos. Ya en los 70, la zafra comenzó a mecanizarse y así quedaron sin trabajo miles de trabajadores golondrinas.

    En los 80 entró en crisis la minería y algunos ingenios azucareros, excepto Ledesma.

    Mientras que a principios de los 70 el sector primario (azúcar, tabaco, cítricos, minería) aportaba el 40% del Producto Bruto Geográfico (P.B.G.), en 1993 es el sector terciario (administración pública) el que tiene el 40% de incidencia en el P.B.G.

    El impacto del desempleo fue tan grande que el Estado ya no pudo absorber a esa masa de trabajadores; incluso con las concesiones/privatizaciones, el Estado también fue expulsivo.

    Los índices con los cuales se mide la pobreza y la pobreza estructural fueron dramáticos para Jujuy en la década de los 90. Pobreza estructural (no se cubren las Necesidades Básicas): 35% de la población; pobreza (no se llega a cubrir la canasta básica de alimentos): 75% de la población; expectativa de vida al nacer: 68 años (el índice más bajo a nivel nacional); mortalidad infantil: 26 x mil (en Capital Federal 13 x mil) y en el departamento de Susques fue de 200 x mil (cifra comparable a las regiones más pobres de África); enfermedades de la pobreza: en 1993 hubo en todo el país 2080 casos, en Jujuy 681; desempleo: más del 44% de la población.

Los desocupados de pie

    En la década del 90 surgieron los contratos de trabajo temporal que no sólo reducen los salarios, tampoco pagan las cargas sociales, o sea una precarización total.

    En el primer cuatrimestre de 1997, Jujuy tenía el salario promedio más bajo del país. A esto se debe agregar que, desde la instalación del plan de convertibilidad, el salario real perdió un 18%.

    Por aquel entonces, el obispado jujeño llevaba un registro de desocupados: más de 50.000 trabajadores. A fines de 1997, la consultora Fiel concluyó que Jujuy era la provincia con la peor situación económica de todo el país.

    En mayo de 1997, miles de desocupados jujeños salieron a cortar rutas. Los piqueteros lograron una mesa de negociación donde se sentaron el gobierno nacional y el provincial, acordándose un aumento del programa de empleos en 25%.

    En marzo de 1998, el gremio de la salud denunció desabastecimiento de medicamentos en hospitales. Además, el Estado adeudaba 8 meses de pago a los residentes.

    La capacidad recaudatoria de la provincia era mínima: los grandes capitales y propietarios de latifundios eran evasores; las tierras improductivas no pagaban impuestos. El Estado provincial pasó a depender de la coparticipación federal que fue disminuyendo por pactos firmados por la Nación y el propio gobierno provincial que autorizó la disminución del porcentaje recibido, por ejemplo, del IVA.

    Estas son algunas cifras y datos que pueden aportar a la comprensión del estallido social en la provincia de Jujuy en junio de este año.

Mónica Carinchi