El Poder Judicial debilita al Estado para beneficiar a las corporaciones. El descontento ciudadano contra el Poder Judicial se verifica en proyectos de ley que buscan generar modificaciones acordes a las necesidades actuales y también en conversatorios y exposiciones de profesionales que permiten reflexionar con datos y contenidos serios.

        En julio de 2020, el presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de ley llamado Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, con el objetivo de rediseñar su estructura. Una de las modificaciones era llevar a 46 los juzgados federales para que el poder decisorio no se concentre “en un reducido número de magistrados/as que, como sucede en la actualidad, tiene el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática”.

        Este proyecto es una respuesta a la falta de credibilidad en el Poder Judicial, el más cuestionado por la ciudadanía que podría sintetizarse con la frase que hizo famosa Eduardo Galeano: “La justicia es como la serpiente, sólo muerde a los descalzos”.

        El descontento ciudadano sobre el accionar del Poder Judicial se concentra en la Corte Suprema, por lo cual, en los primeros meses de este año, el Senado de la Nación comenzó a debatir una reforma que implicaría aumentar el número de magistrados que actualmente son sólo 4 para resolver miles de casos al año. Pero no es solamente eso, sino la mirada elitista que tienen los magistrados que siempre fallan a favor de intereses corporativos. En este aspecto, dos de los especialistas, Luis Arias y Carlos Rozanski, consultados por los Senadores coincidieron en que “debía discutirse también el perfil de los postulantes”.

        Para entender por qué el Poder Judicial se desentiende de los problemas reales que tiene el pueblo argentino y avala los supuestos derechos (en realidad son intereses) de las empresas transnacionales, escuchamos al Juez Federal Alejo Ramos Padilla que dio una clase magistral sobre Impunidad, Justicia y Derechos Humanos, en una actividad conjunta entre el Ateneo Liberación y la Universidad Nacional de Formosa.

La concentración del poder

        Aunque en 1994 nuestra Constitución fue reformada, la división en poderes se remonta a 1853 y, en aquel entonces, la concepción constitucionalista tenía como eje la limitación del poder del Estado, de ahí un poder tripartito. Pero el Estado actualmente ha cambiado y también el contexto político-económico ya que existen corporaciones transnacionales que, muchas veces, tienen más poder que el Estado mismo. “Puede ser que las herramientas que tenemos no son aptas para enfrentar los problemas actuales, por ejemplo, la defensa de nuestros recursos naturales”, expresó Ramos Padilla.

        Se supone que los 3 poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) deben estar al servicio del pueblo, pero ¿qué pasa cuando el Poder Judicial justifica golpes de Estado? Eso pasa en nuestro país desde 1930. “El sistema constitucional que nosotros importamos de USA generó que el PODER esté concentrado en el Poder Judicial, que interpreta normas, dice cuáles son válidas y cuáles inválidas a tal punto que declaró inconstitucional una norma de la propia Constitución que impedía a un juez de la Corte Suprema continuar como juez después de los 75 años”, recordó el Dr. Ramos Padilla, quien retrocedió a un tiempo más oscuro aún de nuestra historia: “Durante la dictadura hubo quien se vio beneficiado con Papel Prensa, obtenida a partir de la tortura de los principales accionistas en centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires” y añadió que este hecho no es una suposición, sino que el propio Camps escribió un libro con los interrogatorios, bajo tortura, a los accionistas de Papel Prensa.

Medios de comunicación + poder judicial

        En el siglo 21, los gobiernos legítimamente elegidos por el pueblo que señalan la necesidad de fortalecer el Estado, recuperando su protagonismo económico-social y revalorizando, en consecuencia, lo público, fueron el blanco de la persecución de los medios de comunicación concentrados, que deslegitiman y persiguen figuras políticas populares, opuestas a los intereses de clase de los dueños de esos medios.

        Horas y horas de TV y radio se utilizan para demonizar y deshumanizar al adversario político y así queda libre el camino para su proscripción. Entonces el Poder Judicial, con sus “expertos” supuestamente no contaminados por la política, apuntala los mecanismos desestabilizadores, preparando causas legales que tienen como objetivo la eliminación del adversario político.

        “El Poder Judicial no es ajeno a los discursos de odio”, señaló Ramos Padilla. Para que esto se modifique, recomendó que este Poder “se democratice, que esté vinculado con los intereses del pueblo”.

        El Poder Judicial falló a favor de las empresas de comunicaciones para que pongan el precio que quieran al servicio que prestan cuando, en situación de aislamiento obligatorio, el Poder Ejecutivo declaró el acceso a las redes de telecomunicaciones como un servicio público. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue suspendida 16 días después de su sanción por el Congreso Nacional porque el Grupo Clarín veía afectados sus intereses comerciales. Para que estas cosas no vuelvan a pasar, el pueblo argentino deberá encaminar sus reclamos hacia “una democracia más participativa, más política, hacia más Estado en defensa de nuestros derechos”.

Por Mónica Carinchi