Producción agropecuaria. Respondiendo a los intereses de la multinacional Monsanto e impulsado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, está circulando un proyecto para modificar la Ley de Semillas que busca privatizar y mercantilizar una práctica tan vieja como el hombre: seleccionar, mejorar, multiplicar e intercambiar semillas libremente. Esta propuesta es parte del modelo del agronegocio sustentado en los monocultivos, la alteración genética de las especies, el uso de agrotóxicos, el avance de la frontera agropecuaria y la concentración de la tierra. Profundiza además la dependencia de nuestro país en la producción de alimentos contribuyendo a la pérdida de soberanía alimentaria[1]. Vía Campesina[2] se opone a la propiedad intelectual y a toda forma de apropiación de la vida.

Desde hace diez mil años el hombre ha reproducido su propia semilla y ha tendido a experimentar formas de mejoramiento genético mediante cruces de las diversas semillas de una misma especie. En Argentina, las primeras semillas que se utilizaron procedían de los inmigrantes, de firmas privadas y de organismos estatales, y no había controles de ningún tipo. Con el paso del tiempo distintas instituciones del Estado comenzaron a intervenir en el mejoramiento genético de la semilla y también las empresas privadas se iniciaron en la investigación agropecuaria apropiándose de los bienes creados, que antes eran de libre disponibilidad.

De esta manera, en las últimas décadas, en los países centrales, la investigación y el desarrollo de nuevas variedades de cultivos ha pasado de ser una actividad pública a ser básicamente una actividad privada. Fue así que se crearon sistemas legales de patentamiento de seres vivos apuntando a una mayor protección legal a los derechos de propiedad sobre las innovaciones biológicas.

En Argentina históricamente los productores han tenido y tienen tres opciones para obtener las semillas, y esto es amparado por la ley. Una es obtener semillas de cada ciclo de cultivo a través de instituciones públicas, empresas semilleras; otra es intercambiar granos por semilla con otros productores o comercializadores o guardar una porción de su propia cosecha para sembrar la semilla obtenida en su propio campo. Se considera que en los países en desarrollo como el nuestro, el 80% de las semillas utilizadas por los agricultores es provista por la reproducción que ellos mismos hacen o es obtenida por canales no oficiales.

A partir del surgimiento de los cultivos híbridos y de los transgénicos, el capital privado destinado a la industria semillera creció y alcanzó su apogeo en la década del 90, y paralelamente, el interés de las empresas por el patentamiento de las semillas ha tomado mayor vigor generando un conflicto de intereses.

Las presiones de Monsanto por una ley de patentes

Monsanto, que se inició como productora de agrotóxicos y se extendió hacia la industria de las semillas, ha tenido siempre el propósito de controlar en forma absoluta el suministro de semillas a través de una ley de patentes porque argumenta que todas las semillas podrían tener rasgos transgénicos por la polinización cruzada. Esto les quitaría a los productores el derecho de guardar y utilizar sus propias semillas porque existiría la posibilidad de que puedan estar cruzadas con transgénicos. De esta manera las empresas pasarían a tener el control completo del suministro de alimentos a través de las semillas.

Nuestro país, que es el segundo productor mundial de transgénicos y el tercer productor de soja, viene sufriendo desde hace años los ataques permanentes de Monsanto que pretende cobrar en concepto de regalías por el uso de su patente sobre la soja transgénica.

Según la investigadora Silvia Ribeiro, la patente de Monsanto en Argentina no tiene validez porque la empresa no cumplió con los trámites de registro nacional en el plazo requerido. De todas formas, esto no ha impedido que Monsanto cobre en forma compulsiva las regalías por medio de un porcentaje en el precio de la semilla. Se cree que en Argentina sólo el 18% de la semilla de soja transgénica es comprada a distribuidores. El resto se vende sin certificación o es producto de lo que los productores guardan de su cosecha. Según esta investigadora, los reclamos de Monsanto son ilegales, sin embargo no ha dejado de presionar para cobrar regalías.

Luego de la aprobación del cultivo de la soja transgénica en 1996 en nuestro país, la práctica de la multiplicación de la semilla ha crecido al igual que la expansión de la soja y se supone que la venta “ilegal” de la semilla se ha expandido hacia los países limítrofes. Durante esos años la empresa Monsanto no presentó ningún reclamo, y recién en 2001 cuando la soja ya estaba ampliamente instalada en el país, la empresa comienza a amenazar a los productores por el uso “ilegal” de su semilla y al gobierno nacional por no hacer cumplir “la ley”.

La propuesta de modificación de la Ley

Como Monsanto no ha podido cobrar regalías en un país con 18 millones de hectáreas plantadas con soja, viene presionando y haciendo lobby para modificar la actual Ley de Semillas, propuesta que paradójicamente ha vuelto a encabezar el Ministerio de Agricultura de la Nación.

El anteproyecto contiene un apartado sobre la protección de la propiedad intelectual de las semillas que responde a los intereses de las semilleras. Para este sector, la libre utilización por parte de los agricultores de las semillas reservadas de su cosecha, viola sus derechos de propiedad intelectual y ha intentado impedir esa reutilización, o al menos limitarla lo más posible mediante el pago de regalías compensatorias por las bolsas de semillas propias reservadas.

De esta manera, la nueva legislación apunta a reglamentar y restringir el “uso propio” destacando que sólo podrán hacer uso de esta prerrogativa los llamados “agricultores exceptuados”, quienes deben estar debidamente inscriptos en el “Registro Nacional de Usuarios de Semillas”. De esta forma, la ley pasaría a sancionar a los productores agropecuarios por el uso de sus propias semillas, cuando durante miles de años fueron y son productores y reproductores de las mismas.

Como es lógico este anteproyecto ha tenido el apoyo de la industria semillera, el sector del modelo del agronegocio y casi toda la Mesa de Enlace: la Asociación de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro, aunque estas últimas con algunas objeciones. La Federación Agraria, en cambio, formuló su rechazo y se retiró de la mesa de negociaciones.

Incluso Vía Campesina impulsa la defensa del derecho de los productores de reproducir su propia semilla, proponiendo que ésta debería ser considerada como patrimonio de la humanidad. “Las semillas son simultáneamente fundamento y producto de culturas y sociedades a través de la historia. En ellas se incorporan valores, afectos, visiones y formas de vida que las ligan al ámbito de lo sagrado. Sin las semillas, es imposible el sustento y la soberanía de los pueblos. Al desaparecer las semillas, desaparecen las culturas y los pueblos rurales y las comunidades”.

Por Maribel Carrasco

Fuentes:

-Teubal Miguel, “El modelo sojero en la Argentina” en Realidad Económica, Nº 220, Mayo-Junio de 2006

-Leff, Enrique 1998 Ecología y Capital, Racionalidad Ambiental, Democracia Participativa y Desarrollo Sustentable (México: Siglo XXI ediciones).

-Navarrete Manuel y otros, “Análisis sistémico de la agriculturización en la Pampa húmeda argentina y sus consecuencias en regiones extra-pampeanas: sostenibilidad, brechas de conocimiento e integración de políticas”. Serie CEPAL 118. Medio ambiente y desarrollo, 2005.

[1] Se entiende por Soberanía Alimentaria el derecho de los pueblos a los alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Este concepto fue acuñado por Vía Campesina en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1996.

2 Vía Campesina es un movimiento internacional que reúne a organizaciones campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas, trabajadores agrícolas migrantes y otros, y defiende la agricultura familiar y la soberanía alimentaria de los pueblos.