El cuestionado proyecto para el delta, Colony Park SA, presentó el martes 15 los lotes para la venta a distintas inmobiliarias, en un evento exclusivo para el sector, y con estrictas normas de control de ingreso. Fue en el amarradero Marina del Norte. Afuera manifestaron los ambientalistas. El comercializador exclusivo es Salaya Romera y ofrece un 1,5 % de comisión a las firmas colegas. El precio mínimo es entre 200 y 250 dólares el metro cuadrado, pero cada inmobiliaria podrá vender a precios más altos. Omitieron informar que el juzgado Civil y Comercial N° 11 de San Isidro suspendió las obras, pero igual siguen trabajando.

El martes 15 de diciembre, desde las 19, estuvieron en San Fernando los representantes de varias inmobiliarias de la zona y de la Capital Federal. Los convocó Salaya Romera, comercializadora exclusiva de los lotes del controvertido emprendimiento Colony Park SA, que pretende urbanizar 300 hectáreas de islas de Tigre.

No hubo funcionarios municipales, ni prensa. Solamente invitados del sector inmobiliario que, tras un rígido sistema de control por parte de la comercializadora exclusiva, Salaya Romera, de Olivos, tuvieron que acreditarse previamente, confirmar la presencia luego y mostrar la invitación que se les envió por e-mail al ingresar.

Fue en el amarradero Marina del Norte, de San Fernando, cuyo titular es Hugo Schwartz; el mismo apellido de Adrián, que según el abogado ambientalista Enrique Ferrecio, de la Asamblea Río de la Plata Cuenca Internacional, ostenta el título de «dueño» del sector isleño donde se pretende la urbanización.

No hubo un acto protocolar. Cada representante por separado, de a dos o en grupos, si se conocían, fueron asesorados por personal de Salaya Romera. Para amenizar se saboreó un lunch con sushi, gulash, arroz con pollo, brochetes de Caprese, tacos, empanaditas; todo muy bien regado, aunque curiosamente faltó lo dulce.

Junto con la información se entregaba un folleto de varias páginas, bajo el título «Colony Park, Isla privada», impreso en papel ilustración, y un plano en blanco y negro de la zona separada en lotes. El mismo material se podía apreciar en escala mayor en varios paneles y en dos plasmas que funcionaron durante todo el evento en el salón.

Además de los asesores hablaban con los representantes de inmobiliarias, interesados en el proyecto y aportando datos, el propio Daniel Salaya Romera, actual titular de la inmobiliaria de Olivos, y otros dos Schwartz, hermanos, uno de ellos Jorge, que se destacaban del resto por su altura de jugadores de básquet.

Los asesores decían que los lotes a la venta son de «aproximadamente 1.500 metros cuadrados»; el precio «de 200 a 250 dólares el metro cuadrado». Sobre esta base la forma de pago es: «la mitad en 50 cuotas y el resto (U$S 187.500) en efectivo luego de la cuota 50»; y «se puede entregar a partir de los 24 meses para construir».

Sobre la forma de llegada y acceso al «complejo» los asesores informaron que será mediante «cuatro ferris que funcionarán las 24 horas, sin interrupciones y durante todo el año, para poder entrar y salir sin ninguna restricción» cuyo punto de llegada estaba cerca de Marina del Norte en Del Arca y Río Luján.

Un dato no menor es la comisión a las inmobiliarias. Sobre esto los asesores puntualizaban: «del 3 % por la parte vendedora compartimos (leasé Salaya Romera) el 1,5 %»; y aclaraban: «ustedes pueden vender al precio que estimen conveniente a partir del valor estipulado por nosotros» (200 a 250 dólares).

Jorge Schwartz le dijo a un grupo de inmobiliarias que aunque la mayoría de los lotes tiene su sector para amarrar embarcaciones, el «proyecto» prevé la venta de marinas a 1.000 dólares el metro lineal. Otros asesores informaban 2.000 dólares el metro cuadrado. No obstante, Schwartz aclaró que aún no estaban a la venta.

Schwartz también dijo que actualmente los rellenos para dejar los predios «a salvo» de inundaciones «ya están a 2,80 m» y aseguró que «deben llegar a 4,20» para estar a la altura exigida por la Municipalidad de Tigre. Luego aclaró que las edificaciones se podrán realizar bajo «el código de construcción» para «cualquier barrio privado».

A las manifestaciones, en contra, de asambleas ambientalistas, instituciones y organizaciones en defensa del medio ambiente y vecinos delteños, y a las informaciones sobre fallos de la Justicia que suspendieron las obras, los asesores las minimizaron en todo momento.

Se escuchaban expresiones como: «si fueran ciertas no estarían dragando todos los días como lo vienen haciendo», o «comenzaron con mucha inversión y van a seguir invirtiendo», o «son los mismos loquitos que se opusieron a la (construcción y concesión de la ruta) Panamericana».

Si las dudas continuaban, desafiaban: «Dé el primer paso. Traiga una oferta concreta. Pida una reunión con su cliente y le mostramos lo que él pida». Los asesores de Salaya Romera también decían: «tenemos el 80 % vendido», pero sus colegas comentaban: «este argumento también lo damos nosotros para vender más rápido».

Suspensión

El doctor, Mario A. Capparelli, de ONG Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida (ADECAVI), le informó a Prensa Libre que la sala I, de la Cámara de apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, «rechazó el recurso que la empresa Colony Park, había interpuesto contra una resolución judicial de suspensión de las obras».

Esta entidad lleva adelante un juicio contra la urbanización que pretenden los Schwartz, que se tramita ante el Juzgado Civil Comercial N° 11 de San Isidro, con la carátula ADECAVI contra Colony Park SA, expediente N° 68660/08. «Se puede afirmar sin lugar a dudas, que la suspensión ha quedado firme», dijo Capparelli.

El abogado informó que el 19 de agosto del actual «se dictó una medida cautelar de suspensión de obra» y se informó a las partes involucradas. Entre otros recibieron la notificación pertinente: «Colony Park, las municipalidades de Tigre y San Fernando, la Prefectura Naval y la dirección de Obras Hidráulicas de la Provincia» entre otras.

Prensa Libre comprobó en Tribunales de San Isidro la existencia de la causa, y revisó dos de sus tres cuerpos; también la entidad de la medida en particular, que fue confirmada fehacientemente por una fuente tribunalicia, pues el tercer cuerpo se encontraba «a despacho» es decir fuera de su casillero, no disponible al público.