Fue allanado por orden del Fiscal General de San Isidro Dr. Julio Novo

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Crítica situación de 24 abuelos en un geriátrico de San Fernando

El miércoles 8 de agosto por la noche fue allanado el geriátrico Del Valle de San Fernando – Ayacucho 1362 – por orden del Fiscal General de San Isidro, Dr. Julio Novo, luego de tomar conocimiento por las situaciones que atraviesa, denunciado públicamente por el periodista Daniel Chiliutti en sus programas televisivos “La Voz de Todos” por América 24 y Somos Zona Norte.

El Fiscal Novo solicitó la documentación correspondiente al periodista lo que derivó luego de su observación, en severas instrucciones para los cuatro fiscales de San Fernando. Pero previo allanamiento, el Dr. Novo se reunió con la abogada patrocinante del propietario del inmueble, quien inició acciones legales a su inquilino en el 2005 – Otero Luis, titular del geriátrico – por falta de pagos de alquileres. En el encuentro, el Dr. Novo se interiorizó aún más de todo lo engorroso que se fue dando del 2005 a la fecha ante la desidia de funcionarios provinciales.

Posteriormente, el Fiscal Novo dio instrucciones precisas a los fiscales de San Fernando, a través de un oficio, de allanar el lugar. Entre otras directivas, los fiscales estarían habilitados a procesar a los familiares de los ancianos por abandono de personas y denunciar penalmente a todos los funcionarios provinciales que han intervenido en la causa e hicieron la vista gorda.

Del allanamiento participaron los 4 fiscales del distrito, Policía Científica y el Cuerpo Médico Forense, para recolectar todo tipo de información, identificar a los residentes, constatar el estado de salud de cada uno de ellos y cómo están viviendo. De acuerdo al material que reúnan los fiscales, se seguiría procediendo.

 

Breve historia del 2005 a la fecha

En el 2005, la propietaria del inmueble, Rebeca Grichener, inicia acciones legales a Luis Otero para desalojarlo por falta de pago de alquileres. Años después, en junio de 2009, la justicia dicta sentencia homologando un acuerdo celebrado con Otero (inquilino y titular de la explotación comercial del geriátrico) comprometiéndose a desocupar el inmueble en 30 días. Pero nada de esto ocurría, por ende, en septiembre de 2009 se solicita que se ordene el lanzamiento. A partir de allí, Otero desaparece y en su lugar es reemplazado por Tomasa del Carmen Ontiveros como la “encargada” (única responsable del lugar).

Por otra parte, el geriátrico es clausurado frecuentemente por el Municipio de San Fernando (1343 de fecha 11/08/2009; 1411 de fecha 25/08/2009; 1977 de fecha 09/10/2008; 2184 del 17/11/2008). Estas clausuras habrían sido motivadas por carecer de habilitación del Ministerio de Salud de la provincia y por el estado general del lugar y de los abuelos; también por sacar las fajas de clausura (fue denunciada por estos hechos penalmente) se instruye por pedido del municipio la causa en la UFI Nº 1 de San Fernando por Desobediencia (Causa Nº 24.980).

En el expediente judicial del 9 de octubre de 2009, se ordena notificar a la Municipalidad de San Fernando de la situación existente para que en el caso de ser necesario, se reubique a los pacientes que no hayan sido retirados y colaboren con asistencia de ambulancias.

En noviembre de 2009 se ordena el lanzamiento pero previamente se toman algunas medidas, entre ellas, constatar qué pacientes se encontraban, retirar copias de las historias clínicas, notificar a los familiares para que en el plazo de 10 días los retiren del lugar, notificar a obras sociales, etc.

Los abogados de los propietarios (parte actora) hicieron la constatación con el Oficial de Justicia (Oscar Malamud) de las personas allí alojadas. Se enviaron cartas documento a los familiares, cédulas judiciales y llamadas telefónicas a todos los familiares para informarles que estaba próximo el desalojo y que debían retirar a sus familiares, pero estos últimos nunca se ocuparon del tema, salvo algunos, debido a que Carmen Ontiveros, al ser consultada por los familiares si era verdad el desalojo, ella les habría dicho: “no pasa nada”.

Posteriormente se produjeron muchas otras irregularidades, difícil reproducirlas por cuestiones de espacio. Lo cierto es que la Sra. Ontiveros continuaba con la explotación comercial del geriátrico hasta el miércoles 8 de agosto, permitiendo el ingreso a nuevos ancianos, y cobrando aproximadamente $1500 por cada uno de ellos. Continuará en la edición de septiembre.

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