Argentina está obligada a la conservación y uso racional de los humedales. Desde el 2013 se traban todos los proyectos de ley de humedales. El lobby empresarial tiene representantes en el Congreso de la Nación y ahora también entre los gobernadores del Norte Grande que se oponen al proyecto de ley consensuado entre legisladores y los grupos socioambientales. Casi 2000 investigadores argentinos dan sólidas respuestas a los gobernadores.

        Desde el 2008, los millones de argentinos y argentinas que habitan la zona de influencia del delta del Paraná están soportando los efectos enfermantes de las quemas intencionales que se producen en el humedal deltaico. A partir de ese momento se puso en debate la necesidad de proteger una ecorregión de altísimo valor ambiental.

        Con la ratificación del Convenio de Ramsar en 1991, nuestro país está obligado a la conservación y uso racional de los humedales en todo el territorio nacional. Pero como esto no es suficiente para su protección, en 2013 se trató el primer proyecto de Ley de Humedales que logró media sanción en Senadores y quedó cajoneado en Diputados. Entre 2015 y 2018 se volvieron a presentar varios proyectos, pero el lobby empresarial tuvo la fuerza suficiente para frenarlos nuevamente.

        En el 2020, cuando acciones delictivas volvieron a generar una situación dantesca en los humedales paranaenses, se retomó el tema. Tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores, investigadores, académicos y representantes de la sociedad civil expusieron sobre la necesidad de preservar estos ambientes donde la tierra está saturada de agua ya sea de manera permanente o intermitente, brindando servicios ecosistémicos no sólo a las comunidades que los habitan, sino también a los pobladores de áreas vecinas. Roberto Bó, Dr. en Ciencias Biológicas, dijo en aquella oportunidad: “Estoy contento de que se revaloricen los humedales. Primero porque no somos quiénes para destruirlos, nuestra obligación es preservar su alta biodiversidad. Y segundo, porque nos brindan servicios ecosistémicos esenciales para la vida humana”.

        En el 2021, a pesar del intenso trabajo de algunos diputados, entre ellos Leonardo Grosso, quien preside la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, el dictamen unificado surgido del acuerdo entre oficialismo y oposición, nuevamente se cajoneó.

¿Qué hay detrás del humo?

        El ingeniero agrónomo Néstor Di Leo, docente-investigador del Centro de Estudios Territoriales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, explica por qué es costumbre prender fuego en las islas deltaicas: “Primeramente porque no se pastoreó adecuadamente el pastizal en el ciclo de crecimiento anterior, entonces dificulta la brotación en el ciclo posterior. Hay otras maneras de solucionar ese problema, sin el fuego. Lo que pasa, es que implica un nivel de inversión un poquito mayor y sobre todo implica algo más de tiempo de trabajo”. ¿Será que los productores ganaderos quieren ganar mucho invirtiendo poco?

        En septiembre de este año, por presión de la sociedad civil, se realizó un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto consensuado con la sociedad civil registrado bajo el expediente 75-D-2022. Con la mentira de no haberlo leído, el diputado Ricardo Buryaile (ministro de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri y ex presidente de la Sociedad Rural de Pilcomayo) solicitó un cuarto intermedio y, otra vez, los diputados del lobby extractivista lograron trabar la ley.

        Mientras algunos representantes del pueblo frenan la ley para beneficiar exclusivamente a empresarios agroganaderos, forestales e inmobiliarios, los gobernadores de las provincias del Norte Grande también hacen su aporte para impedir la protección de los humedales. En una carta pública, emitida desde USA, manifestaron su rechazo por considerar que la ley obstaculizaría la llegada de inversiones, perjudicando a los pobladores de esos ecosistemas, que tendrían que abandonarlos; sostienen además que la ley avanza sobre las autonomías provinciales y sobre la propiedad privada.

        También en una carta pública, casi 2000 científicos y científicas de todo el país refutaron a los gobernadores del Norte Grande. Investigadores como Patricia Pintos, Alberto Kornblihtt, Maristela Svampa, Dora Barrancos recordaron a los gobernadores que, por el art. 41 de la Constitución Nacional, las provincias delegan en la Nación la facultad de sancionar leyes de presupuestos mínimos ambientales y que los derechos de propiedad no se ven vulnerados ya que la ley establece marcos regulatorios a efectos de asegurar la sustentabilidad de las actividades que allí se realicen. En cuanto a la supuesta afectación del desarrollo productivo, los investigadores explican que “la sustentabilidad de los servicios ecosistémicos provistos por los humedales en tiempos de crisis climática colabora en garantizar derechos humanos fundamentales para una vida digna de las poblaciones como el acceso al agua, al aire limpio y a la producción de alimentos”. En relación al desplazamiento de los pobladores tradicionales, los científicos explicitan que “son las prácticas extractivistas desarrolladas en los últimos años las que afectan y expulsan”. En síntesis, los investigadores argentinos instan a superar “las presiones de lobbys poco interesados en la conservación de los humedales”.

        La agroganadería industrial, la pesca y caza ilegal, la presión inmobiliaria, el extractivismo minero, la deforestación intensiva y el turismo a gran escala conforman un combo explosivo, manejado por poderosos intereses económicos nacionales e internacionales. La Dra. en Sociología, investigadora principal del Conicet, Maristella Svampa, dijo: “Los modelos de mal desarrollo se promueven de manera indiscriminada, sin tener en cuenta los impactos que esto tiene sobre el territorio y también a nivel global. La expansión de la frontera minera, de la frontera energética a través de los hidrocarburos no convencionales, de la frontera de la soja con la consolidación de monocultivos y la deforestación, todo esto está consolidando un modelo de desarrollo insustentable, no sólo en el mediano plazo en términos económicos y sociales, sino también ambientales y territoriales”.

        Entre 2020 y 2021, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.604/2020 que prohíbe la venta de tierras incendiadas; la Ley 27.592/2020 que establece la formación integral en cuidado del ambiente para todas las personas que cumplen funciones públicas; ratificó el Acuerdo de Escazú, que garantiza el derecho a la información ambiental, la participación pública en procesos de decisión ambiental y el acceso a la justicia en temas ambientales. El 10 de noviembre, en plenario de comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda, de diputados, se logró que dos dictámenes sigan el camino parlamentario. ¿Habrá ley de humedales en el 2022?

Por Mónica Carinchi