Conversatorio sobre Delitos ambientales, ecocidio, terricidio y derecho al buen vivir. El Fiscal Federal Gustavo Gómez expuso sobre temas prácticos relacionados con acciones judiciales ocasionadas por delitos ambientales. Llamó a la sociedad civil a solidarizarse con las poblaciones que defienden su derecho a vivir en un ambiente sano.

        El medio de comunicación autogestionado creado por mujeres indígenas, SISAS, organizó su primer Rimanakuy (conversatorio) sobre Delitos ambientales, ecocidio, terricidio y el derecho al buen vivir. Participaron Gustavo López, fiscal federal de Tucumán; Irma Caupat Perriot, integrante del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas del Buen Vivir; y Paula Alvarado Mamani, abogada especialista en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

        En este número ofrecemos a nuestros lectores la exposición del Fiscal Gustavo Gómez. En números posteriores haremos lo mismo con las restantes exposiciones.

        El abogado Gustavo Gómez se presentó diciendo que “trabaja en la defensa de los pueblos criollos y comunidades originarias”. Es destacada su labor en perseguir a quienes cometen delitos ambientales que, en general, afectan directamente a los más pobres, o sea a las comunidades originarias y a los criollos que siguen viviendo en los pueblos ignorados por los medios de desinformación masiva y por los porteños a quienes “les preocupan los delitos ambientales cuando llegan al obelisco”.

        “Desde mi perspectiva, Buenos Aires no sólo es la capital de la República Argentina, sino también la capital nacional de los crímenes ambientales”. Según parece, a los fiscales porteños se les desvía la mirada frente a estos temas y las innumerables oenegés radicadas en CABA tampoco se involucran en juicios como querellantes. Todos se concentran en hacer diagnósticos, pero no utilizan las herramientas legales para meter presos a los tipos que cometen delitos ambientales. “Estamos hartos de diagnósticos!”.

Animarse a querellar

        De manera muy didáctica, el Fiscal Federal Gustavo Gómez abordó temas muy útiles para los ciudadanos y ciudadanas interesados en temas ambientales.

        “A la par de la contaminación ambiental está la contaminación social, provocada por dos factores: el gobierno y las empresas. El de las empresas se llama responsabilidad social empresarial, el de los gobiernos se llama contaminación social porque busca comprar las voluntades del pueblo”, explicó el exponente y agregó: “El tema de los crímenes ambientales preocupa, y mucho, al sector empresarial y preocupa, y mucho, a las autoridades políticas”. Es conocido que las multinacionales ofrecen construir salitas, pintar escuelas, arreglar caminos, donar útiles escolares mientras destruyen por siglos de los siglos los territorios poblados ancestralmente por comunidades empobrecidas y abandonadas por sucesivos gobiernos.

        Hay fallos, incluso de la Corte Suprema de la Nación, que no se cumplen y para esos casos hay un artículo del código penal que dice que, si el fallo no se cumple, “marche preso”. Resaltó: “No se abren causas penales por incumplimiento de sentencia”.

        El proceso penal tiene dos aspectos importantes: el denunciante y el querellante. “Cualquiera puede hacer una denuncia penal ambiental y para esto hay que reconocerse víctima, no importa el lugar del país en que estemos”. Puso un ejemplo: Conciencia Solidaria, con sede en Buenos Aires, es querellante en la causa Alumbrera en Tucumán. Y ahí está el segundo aspecto: ser querellante, que significa transformarse en fiscal. “¿Por qué no avanzan las causas penales? Porque hay denuncias, pero no hay quién las impulse, por esto se necesita ser querellante. Hay que tener abogados para ser querellantes”. Afirmó que las causas ambientales con querellantes realmente avanzan.

        “Las denuncias penales deben ser individuales, es decir que deben estar firmadas por una sola persona. Cada uno presenta su denuncia; un día, uno, otro día, otro. Eso genera burocracia, genera fiscales”. Luego cada fiscal irá haciendo su trabajo y por supuesto, los ciudadanos deben transformarse en un tábano que no pare de molestar.

        En relación a las figuras de fiscal y abogado, se abrió un debate ya que unos y otros escasean. Gómez aclaró la situación: “Los fiscales no quieren intervenir, pero cada ciudadano puede ser fiscal en la justicia federal. La dificultad es que se necesita la firma de un abogado. Y no hay abogados que quieran firmar como querellantes en causas por crímenes ambientales, ni siquiera de los organismos de derechos humanos”. Por otro lado, las facultades de Derecho se encargan de no enseñar derecho penal ambiental.

        La conclusión es que la falla está en la ausencia de abogados, ya sea porque no se capacitan, ya sea porque están preocupados por sus honorarios. Pero hay muchos organismos de derechos humanos que tienen abogados a sueldo que podrían actuar en causas ambientales, pues existen instrumentos de derechos humanos que se pueden aplicar a los crímenes ambientales. Entonces, ¿qué pasa?

        En cuanto a las leyes ambientales, el fiscal Gómez señaló que nuestras leyes son mejores que en algunos países europeos. “Los artículos 55/56 de la ley 24.051 de residuos peligrosos son muy buenos. Establece a los delitos ambientales como delitos de peligro, o sea que no se necesita que haya víctimas para abrir una causa penal por contaminación. Para entender qué es un delito de peligro, se puede comparar con otro delito: el narcotráfico. No se necesita que alguien muera de sobredosis para secuestrar un kilo de cocaína. El art. 55 dice expresamente ‘el peligro al ambiente en general’”. Sostuvo igualmente que es necesario tipificar más delitos y que él está trabajando por una ley de delitos ambientales fuera del código penal.

        Por último, compartió con el público sus dos lemas: “La justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados”, por esto instó a solidarizarse con las luchas ambientales que llevan adelante todas las comunidades, porque no hace falta vivir al lado del lugar contaminado para sufrir sus efectos; y “Detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto”. Recordó, entonces, que existe la Ley Yolanda que obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse en materia ambiental. “Dentro de todos los programas que están saliendo a las distintas reparticiones, aplicando la Ley Yolanda, no se habla de los crímenes ambientales”. Por esto aseguró que hay que dar pelea desde abajo, “la sociedad civil es la única esperanza que nos queda para parar esto que nos está pasando en la Casa Común”.

Por Mónica Carinchi