Investigadores y organizaciones de la sociedad civil brindan información, experiencias y propuestas. Muchas coincidencias: los bienes comunes no son mercantilizables; además de ley, son necesarias políticas públicas específicas; participación vinculante de la ciudadanía; derechos para la naturaleza. Los ejes de la ley: conservación, restauración y uso sustentable.

        Por tercera vez, en 7 años, se trata una ley de humedales en el Congreso Nacional. La existencia de 11 anteproyectos (3 por Senadores y 8 por Diputados) demuestra la necesidad de que, definitivamente, se sancione una ley para proteger estos ecosistemas que ocupan el 21% del territorio nacional y brindan una gran cantidad de bienes y servicios, entre ellos, agua.

        “Que cada bloque tenga su proyecto, demuestra que hay acuerdo en tratar el tema”, expresó la abogada ambientalista Andrea Burucúa.

        Seguramente, la presión social generada por los prolongados incendios intencionales en los humedales medios del río Paraná, incentivaron el trabajo parlamentario.

        En Argentina hay gran diversidad de humedales: turberas patagónicas; salares altoandinos; delta paranaense y también urbanos, como la cuenca Matanza-Riachuelo. Esta diversidad atrae variados negocios, con sus lobbys: agronegocio, minería de litio, desarrollos inmobiliarios, que ya han provocado transformaciones, en algunos casos, irreversibles, como en la cuenca baja del río Luján, arrasada por emprendimientos inmobiliarios que se fueron encadenando en una sumatoria de daños ocasionados a la naturaleza y a las poblaciones que viven fuera de esos artificios urbanos.

        Apuntando a las actividades, Andrea Burucúa puntualizó: “La ley debe regular qué se puede hacer y qué no. Porque para protegerlos como ecosistemas, contaríamos con el art. 41 de la Constitución Nacional y con la Ley General de Ambiente. Pero está muy bien que haya una norma específica”.

        Entrenada en la lectura de leyes, la abogada puso su ojo en dos herramientas que forman parte de todos los anteproyectos presentados: inventarios y ordenamiento territorial. “Son dos herramientas complejas que ya se utilizaron para obstaculizar la ley de glaciares y la ley de bosques. Fue muy complejo meterse con algunas provincias”. Y recordando que el ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires se terminó en 2018, en tanto la Ley de Bosques es de 2008, insistió: “El detalle más importante de los proyectos es la moratoria. Debería quedar claro que todos los presupuestos mínimos que se establezcan deben cobrar vigencia apenas salga la ley y no cuando se termine el inventario o el ordenamiento, porque si la ley queda supeditada a que eso esté terminado, no quedan humedales”.

Imprescindible: participación ciudadana

        Las leyes deben estar acompañadas por políticas públicas, presupuestos específicos, participación ciudadana vinculante y nuevas miradas que pongan en el centro de la protección a la Naturaleza. En todos estos tópicos se detuvieron especialistas de distintas profesiones y representantes de organizaciones de la sociedad civil que pasaron por las videoconferencias organizadas por el Diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente.

        En aquel sentido se dirigió la propuesta de Aníbal Faccendini, titular de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario: “Es necesario una ley de presupuestos mínimos, pero con eso no alcanza. Nosotros planteamos la necesidad de ciudadanizar los humedales del río Paraná y el río mismo”. Dado que Argentina es un sistema federal, por lo cual muchas veces es complicado llegar a acuerdos basados en el bienestar general, propuso una “jurisdicción conjunta para los humedales paranaenses, conformada por el Estado Nacional y las provincias pertinentes”.

        El especialista advirtió que las leyes de bosques y glaciares, en algunas provincias, no se están aplicando plenamente, por lo cual abogó por un Estado tanto nacional como provinciales, con perspectiva ambiental.

        Un aspecto fundamental para que leyes y políticas públicas se efectivicen, es la participación ciudadana con poder decisorio. De esto habló Antonio Luis Traba, Magister en Gestión Pública e integrante de la Fundación Alem: “Los actores del humedal, en la planificación y gestión, son centrales”. Describió un ámbito en el cual deberían estar presentes la sociedad civil, el Estado y el conocimiento, pero resaltó: dado que los formatos hasta ahora implementados -audiencias públicas o comités asesores- no llegan a ser vinculantes, hay que avanzar hacia la gobernanza real.

        Traba agregó la necesidad del acceso a la información y a la justicia ambiental, haciendo una referencia indirecta al Acuerdo de Escazú, al cual la Cámara de Senadores acaba de dar aprobación por unanimidad. Falta aún su tratamiento en la Cámara de Diputados.

        La expositora Adriana Anzolín, integrante de la Red de Organizaciones del río Luján, hizo mención directa al Acuerdo de Escazú para que “la comunidad pueda dar su opinión, informada y temprana, en etapas de prefactibilidad de cualquier proyecto que se intente hacer sobre un humedal”.

        Anzolín incorporó al debate el tema de las aguas subterráneas del noreste de la provincia de Buenos Aires: excavaciones, hasta 25 metros, anularon la protección natural de acuíferos y produjeron su interconexión. Allí se encuentra el acuífero Puelche, única reserva de agua dulce de la zona, y “la posibilidad de que sea contaminado, sería una verdadera catástrofe ambiental”. Propuso que este tipo de daño, dada su gravedad e irreversibilidad, sea imprescriptible.

El territorio no está vacío

        El puñado de ciudadanos que hace algunos años comenzó a agitar los temas ambientales, hoy floreció en cientos de organizaciones de la sociedad civil que levantan esta bandera. Así lo demostró su participación en las videoconferencias: Miriam Sotelo, Comunidad Jahav Guaraní; Ana Fiol, Taller Flotante de Rosario; Fernando Miñarro, Fundación Vida Silvestre; Jerónimo Valle, Diálogos Hídricos; Celia Martínez, Cooperativa de Junqueros Isla Esperanza; Tania Guiliani, cooperativa Las Dulceras del Río; Martín Nunziata, Asamblea Delta y Río de la Plata; Eduardo Martínez, Cooperativa Apícola de Córdoba; José Jacobsen, Cooperativa Productores Villa Paranacito; Emilio Spataro, Amigos de la Tierra; Sofía Astelarra, Observatorio de Humedales Delta.

        La presencia de todos ellos puede sintetizarse en una frase de Ana Fiol: “Nuestro territorio no está vacío”.

        Resistentes al desarrollo inmobiliario, que desprecia a los pobladores locales y con modos delictivos, los expulsa de sus territorios, son las familias junqueras que le hicieron frente a Colony Park; o Eduardo Martínez, quien estuvo apagando los fuegos recientes, en el monte cordobés; o los pobladores históricos de la cuenca del Luján, que tienen cada vez más agua en las puertas de sus casas cuando llega la inundación. Por esto, el clamor fue unánime: detener la urbanización de los humedales.

        Los conferencistas son el ejemplo de que producir, sin dañar el ecosistema, es posible. “Hay intereses muy poderosos que destruyeron la fauna, la flora, con lo que el isleño vivió siempre”, dijo Celia, que, a pesar de Colony, sigue viviendo en la isla.

        “Nosotras somos una cooperativa que promueve el desarrollo sustentable local”, contó Tania que, además de recorrer los arroyos distribuyendo alimentos agroecológicos, participa en una radio comunitaria para fortalecer los vínculos locales: “Necesitamos mayor conectividad para los pobladores isleños y no para el turismo extractivista”.

        Habitante de la misma zona deltaica, la investigadora Sofía Astelarra incorporó otro tema: inseguridad vial. “Las lanchas de gran porte incrementan el riesgo social y, además, erosionan las costas, provocando daños y gastos extras a los isleños”. Las nuevas maneras de habitar el delta tensionan los extremos: los turistas adinerados atropellan a los pobladores pobres; muerte o expulsión y, el que se queda, pasa a ser mano de obra barata, perdiéndose así “saberes locales asociados al funcionamiento del humedal”. Para evitar esto, Sofía reclamó un diálogo de saberes y la creación de mecanismos para poner en práctica formas de producción sustentable que no están escritas en ningún manual.

        Martín Nunziata, participante en los debates de los proyectos de 2013 y 2018, sin querer molestar a los desarrolladores/empresarios, les recordó, una vez más, que los pobladores isleños son las víctimas de los negocios que efectúan sobre un ecosistema de alta fragilidad. “Destruyen los humedales anulando todos sus servicios ecosistémicos para luego construir urbanizaciones exóticas y elitistas, por lo cual no es creíble que contribuyan con la creación de viviendas”.

        Padeciendo la grave contaminación del río Reconquista, Nunziata pidió que los humedales sean valorados por los servicios ecosistémicos que brindan a la humanidad y cuando se produzcan delitos sobre ellos, que sean sancionados con prisión efectiva y, si son gravísimos, se los considere crímenes de lesa humanidad. Por último, solicitó que en la ley se establezca definitoriamente que sobre los humedales no se pueden hacer endicamientos, ni terraplenes ni desvíos de cursos de agua.

        Con Emilio Spataro llegó la voz de los esteros del Iberá. Como también participó en los debates anteriores, advirtió sobre los sectores que se dedican a bloquear la sanción de la ley. Describió los esfuerzos que la sociedad civil realiza para hacer cumplir las leyes, invirtiendo tiempo y sus escasos recursos, mientras “quienes destruyen los humedales cuentan con grandes recursos y estructura para perpetrar sus ilícitos, porque su propio modelo de negocios está basado en el despojo ambiental”. Sostuvo que existen modelos productivos capaces de satisfacer a las poblaciones humanas “sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas”. Planteó, entonces, claramente, que no existe antagonismo con la producción, no hay que caer en ese juego: “El antagonismo es con la renta”. Los empresarios quieren ganar dinero fácilmente, sin invertir y apoderándose de los bienes naturales que son de todos. Mencionó: Asociación Forestal de Corrientes, Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, Sociedad Rural. “Los empresarios pretenden que el Estado los siga subvencionando con la ley 25.080. Pero ellos tienen el 60% de sus trabajadores en negro, incluidos trabajadores esclavos. Esto es lo que pasa en los humedales de Corrientes, destruidos por la codicia”.

Bienes comunes de la naturaleza: no son mercancía

        Expertos en humedales, cada uno en su especialidad, Patricia Pintos y Roberto Bo también llevaron sus aportes al Congreso.

        Con las dantescas imágenes de las inundaciones, en la cuenca del río Luján, en 2014, la geógrafa Patricia Pintos recordó que “por primera vez en toda la historia de la Basílica de Luján, el agua ingresó a la cripta”. Este desastre fue la consecuencia de la imposibilidad de escurrimiento del exceso de agua, ya que en los Municipios de Pilar, Escobar, Tigre, a partir de los 90, hubo una apropiación de tierras por grupos empresariales que devastaron el ecosistema, terminando con sus servicios ecosistémicos y sepultando las tierras más fértiles del país. Por culpa de estos negocios inmobiliarios, el Estado provincial “está invirtiendo enormes sumas de dinero, vía endeudamiento externo, para realizar obras de alivio a las inundaciones”. Existen proyectos de nuevos barrios privados en la misma zona, ¿qué pasará si se aprueban? Las obras hidráulicas planificadas hoy, serán insuficientes en el futuro, entonces pasará “como el perro que se muerde la cola una y otra y otra vez”, anticipó la especialista.

        La repetición es abrumadora: los impuestos de las argentinas y los argentinos son utilizados para reparar los errores/negociados/ilícitos/crímenes/etc. de los grupos empresariales. ¿Hasta cuándo?

        “Los bienes comunes de la naturaleza no pueden ser considerados una mercancía sujeta a un uso irrestricto”, marcó Patricia, quien alertó que este modelo se trasladó a otras zonas de humedales porque comprar por chirolas y vender carísimo es lo que mejor saben hacer los empresarios inmobiliarios.

        La geógrafa finalizó solicitando que la ley sea terminante: “Excluir la radicación de emprendimientos urbanísticos sobre estos ecosistemas”.

        Por su parte Roberto Bo, biólogo, ecólogo, responsable del Grupo de Investigación de Ecología de Humedales de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, quiso hablar, también, en representación de los muchos pobladores isleños que fue conociendo en sus 30 años de trabajar en los humedales deltaicos.

        Si bien está convencido de que hay buena voluntad, tanto en Diputados como en Senadores, para sacar la ley, también reconoció que “hay gente que se opone, sin haber leído los proyectos, porque dice que se atenta contra la productividad y nada es más alejado de la realidad. Pero hay que debatir y argumentar y mucha de esa gente no debate, porque no tiene argumentos”.

        Coincidió con muchos otros expositores que la ley no es suficiente, ya que también se necesitan políticas públicas, personal, medios y “presencia en los territorios para monitorear el estado de los humedales y controlar el cumplimiento de la ley”.

        ¿Y si comenzamos a pensar que vivir en tierras tan inhóspitas es un acto de soberanía?

        Propuso incorporar el término de conservación que “involucra preservación, restauración y uso sustentable”. “Es necesario que haya áreas de preservación, donde el sistema funcione lo más natural posible, incluso para que sea el área fuente donde se generen, por ejemplo, los peces que luego se pescarán en otra zona. Restauración porque, dados los actuales incendios, habrá que hacer un trabajo muy importante de restauración. Y producir sustentablemente, lo que significa adaptarse al humedal en intensidad y modalidad. No se pueden trasladar modelos de uso propios de otros ambientes si queremos conservar a nuestros sistemas de humedales”.

        Amplió el término sustentabilidad: “Debemos pensar fundamentalmente en la sustentabilidad ecológica, en la que se basa la sustentabilidad socio-cultural y la económica-productiva”. Todas las actividades que se hagan en el delta deben adaptarse a su particular funcionamiento hidrológico, incluyendo la inundabilidad, de la cual dependen todos los servicios ecosistémicos y su capacidad de recuperación.

        Desde luego expresó un no rotundo a los barrios con endicamientos: “El que quiera vivir en la isla, debe tener una casa palafítica”.

        Al igual que sus colegas y los exponentes de las organizaciones de la sociedad civil, propuso conservar la biodiversidad del delta y también las tradiciones de sus habitantes que deben ser consultados en la aplicación de políticas públicas.

        Así debe ocurrir con cada una de las regiones del país: la diversidad biológica y cultural es un bien invaluable que puede ser fuente de inspiración para enfrentar a los enemigos contemporáneos.

Por Mónica Carinchi