Es necesaria la prórroga de la Ley 26.160. Después de varias prórrogas, la ley Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas corre el riesgo de caer. En la sesión del 7 de septiembre, el Senado se negó a tratarla, pasándola para el 27 del mismo mes. Indígenas y poderosos empresarios confrontan dos modelos de posesión y uso de la tierra.

En noviembre de 2006, el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.160, denominada Ley Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. La ley estableció, por un plazo de 4 años, la suspensión de desalojos de las tierras de las comunidades, codiciadas por empresarios nacionales y extranjeros. Al mismo tiempo, también ordenó un relevamiento técnico/jurídico/catastral de las tierras ocupadas ancestralmente por las comunidades, para lo cual se creó un fondo que permitía pagar al personal técnico.

Dada la complejidad del tema – y los intereses existentes alrededor de la posesión de la tierra – dicho relevamiento se hizo muy lentamente, por lo cual la ley tuvo varias prórrogas y la última vencerá en noviembre de este año. Si la ley cae, ya nada impedirá que aquellos que dicen poseer papeles o que simplemente tienen la fuerza del dinero y las armas, arrojen a las comunidades indígenas de territorios que les pertenecen por preexistencia y persistencia.

Dos modelos

El mayor retraso en el relevamiento técnico/jurídico/catastral se produjo en las provincias con mayor conflictividad territorial: Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Neuquén; en ellas reside el 65% del total de las comunidades indígenas del país.

En las provincias mencionadas, los bosques nativos son arrasados para plantar soja transgénica, construir megaemprendimientos inmobiliarios, privatizar fuentes de agua, extraer recursos naturales.

Aquí está el quid de la cuestión: la riqueza de esas tierras es un botín que empresas multinacionales, en concordancia con la oligarquía nacional, no quieren perder.

Una nueva campaña destructiva se desató contra los pueblos originarios y, es necesario entenderlo, contra todo el pueblo argentino. La extracción de nuestras riquezas sólo nos dejará un pasivo ambiental que significa destrucción de la biodiversidad, aguas y tierras contaminadas, expulsión de los habitantes de esas zonas hacia los grandes conglomerados urbanos, generando superpoblación en ciudades ambientalmente degradadas y la lista sigue.

El tema de la posesión de la tierra confronta, en este caso, dos cosmovisiones: por un lado, los pueblos originarios consideran que la tierra no le pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. Por el otro, el hombre blanco – occidental y capitalista se ubica como señor sobre la naturaleza y, por lo tanto, estima que tiene derecho a extraer todo de sus entrañas, hasta, incluso, aniquilar la vida. Este accionar del hombre “moderno” desata crisis ambientales y sociales, cuyo desenlace no podemos imaginar.

Una ayudita

La cruel y traumática integración de la Patagonia al territorio nacional no terminó aún de asimilarse, cuando ya se da un nuevo golpe al pueblo mapuche.

El coordinador de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, informó que – en 2012 – se había iniciado el relevamiento de las comunidades de la provincia de Neuquén, a partir de un convenio entre la Nación y la provincia, poniendo de esta manera en práctica la ley 26.160. Pero, a partir de diciembre de 2015, “el convenio quedó congelado” y no se sabe cuándo será retomado. Aún más, el equipo técnico que llevaba adelante el relevamiento fue desarmado.

Hay que recordar, asimismo, que la Ley de Tierras Rurales, que limitó el acceso a la propiedad de tierras por parte de extranjeros, fue derogada por el actual presidente por un decreto de necesidad y urgencia. Rara necesidad permitir que los extranjeros se compren nuestras tierras sin limitación alguna: una ayudita para los amigos.

La vigencia y aplicación de la ley 26.160 impide que la tierra se pueda utilizar con fines comerciales, lo cual afecta los intereses de propietarios como Joe Lewis, Luciano Benetton, empresas petroleras y turísticas.

Es urgente

El 7 de septiembre, el Senado de la Nación hubiera tenido que tratar la prórroga de la Ley 26.160. Sólo 11 senadores votaron por el tratamiento de la ley; como ganó el no tratamiento, habrá que esperar hasta el 27 de septiembre, última fecha posible.

Debido a la importancia de la sesión, muchas comunidades indígenas mandaron representantes a Buenos Aires. El viaje fue en vano, tuvieron que volver a sus tierras con la desazón de ser burlados. Para los senadores es muy fácil ir y venir de sus provincias porque ellos cobran viáticos; pero los pueblos originarios son pobres y habrá que ver si pueden regresar para el miércoles 27.

De la región del NOA, llegó el cacique del pueblo Ocloya (Jujuy), Néstor Jerez, quien exigió a los senadores “el tratamiento en carácter de urgente de la ley de emergencia territorial, ante la grave situación de vulneración de derechos que atravesamos y que se profundiza en el territorio”. Realizó, entonces, un listado de esos atropellos: desalojos, amenazas, intentos de homicidios, tala indiscriminada, explotación minera a cielo abierto, niños desnutridos sin asistencia médica.

Por su parte, el Chamachej del Consejo de la Nación Tonokote Llutki (Santiago del Estero) expresó también su preocupación, pues, de no votarse la prórroga, prevé que “en los territorios se vivirán situaciones extremas como lanzamiento de desalojo, zona liberada y masacre en más de dos mil comunidades indígenas del país”.

Todo el pueblo argentino pondrá sus ojos en el Senado de la Nación el 27 de septiembre próximo.