La confrontación entre Estado Nacional y sindicatos socialistas y anarquistas en las primeras décadas del siglo 20 dio como resultado el surgimiento de beneficios previsionales, así como la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Con la llegada del peronismo en la década del 40, la cobertura previsional tuvo un salto cuantitativo y los derechos de los trabajadores iniciaron un camino ascendente.
Durante la última dictadura militar se produjo el primer hachazo a los derechos previsionales (el 01-10-1980, por ley 22.293, se suprimieron los aportes patronales) y en la neoliberal década del 90 se asestó otro palazo: con la ley 24.241 (esta vez aprobada por el Congreso de la Nación) se estableció el desdoblamiento del sistema de jubilaciones y pensiones, instaurando la ilusión del ahorro individual como asegurador del futuro. En el año 2003 se estimó que la transferencia de recursos, desde el Estado hacia las arcas de empresas privadas, fue de 65.000 millones de dólares. Por si no se entiende bien, todos los argentinos les regalamos ese dinero a las empresas privadas.
Los trabajadores entregan tiempo y salud a tareas que, en la mayoría de los casos, generan grandes beneficios a personas que no son ellos mismos. Cuando les llega el momento de descansar, se encuentran con jubilaciones escasas que los colocan en estado de angustia constante.
Desde hace décadas, muchos jubilados comenzaron a pleitear contra el Estado para alcanzar “un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron durante sus años de trabajo” (sentencia en el caso Badaro). Esto se generó, pues entre lo que el trabajador activo aporta y lo que recibe cuando se jubila, hay un desfasaje muy grande, dado, fundamentalmente, “porque los coeficientes de jubilación están mal actualizados”, informó la Dra. Bárbara Schargorodsky, especialista en derecho previsional.
El inicio de los juicios
Muchos jubilados iniciaron juicios para tener una jubilación proporcionada a los aportes realizados, antes y después de la Ley de Movilidad Previsional, aprobada en 2009, por la cual las jubilaciones se ajustan dos veces por año.
“Lo que se reclama en un juicio es la corrección del haber inicial y la movilidad, que es el deterioro del poder adquisitivo a lo largo del tiempo”, explicó la Dra. Schargorodsky.
El poder adquisitivo (de todos los argentinos) se deteriora y algunos gobiernos hacen todo lo posible por profundizar el deterioro, especializándose en el sutil engaño. Cuando el actual presidente anunció la Ley de Reparación Histórica de los Jubilados, dijo que se repararían años de injusticia, que se pagarían todos los juicios que se estaban tramitando y que los nuevos jubilados cobrarían con un 45% de incremento. Olvidó decir cuál era el piso.
El índice que no repara
Cuando se anuncia la Reparación Histórica, había unos 500 mil juicios previsionales y “a partir de ese momento aumentaron, porque la gente advirtió que le estaban ofreciendo una cantidad de dinero que podía ser muy superior si hacía juicio”, explicó la especialista.
El índice utilizado por la justicia para actualizar las jubilaciones es el ISBIC; con la llegada de la Reparación Histórica, se inauguró el índice RIPTE (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables).
“El índice ISBIC es muy superior al índice RIPTE. A aquellos que no han estado interesados en hacer juicio, la Reparación Histórica podría beneficiarlos. Pero, si una persona estaba cobrando 6 mil pesos y la Reparación Histórica le ofrece mil pesos más, es decir que pasaría a cobrar 7 mil pesos, puede ser que se interese. Sin embargo, si yo hago todas las cuentas y, juicio mediante, puede cobrar 12 mil, entonces hay una gran diferencia con la Reparación Histórica”.
Se engaña al jubilado que accede a la Reparación Histórica pues no se le dice que, mediante un juicio, podría acceder a un beneficio mayor.
“La gente que ya había iniciado juicios, decidió continuarlos, asumiendo el costo de esperar más, pero con el beneficio de cobrar con un índice superior. Entonces, por el fracaso de la Reparación Histórica, Anses empezó a apelar los juicios para que vayan a la Corte (Suprema de Justicia) con el objetivo de que la Corte aplique el índice RIPTE”.
Todavía la Corte Suprema de Justicia no se ha expedido, por lo tanto conviven los dos índices. Aun así, las resoluciones de la Corte en otros temas previsionales no han sido favorables a los jubilados: a la sentencia que estableció que los jubilados no paguen ganancias, la Corte la frenó; hizo lo mismo con los nuevos topes de haber máximo. Para muestra basta un botón.
Existen distintos casos de aplicación de la ley de Reparación Histórica. Algunos jubilados entran a la página de Anses, siguen las instrucciones y, si la oferta los convence, aceptan. Otros jubilados, sin haber adherido a la ley, empezaron a cobrar un plus directamente; y aquellos que tenían juicios iniciados, ahora los ven detenidos por las apelaciones de Anses que pretende que se actualicen por el RIPTE, en lugar de utilizar el ISBIC.
“Esto es inconstitucional, porque, cuando apareció la ley de Reparación Histórica, surgió como opcional, es decir que la gente podía acogerse a la Reparación con un índice o seguir con el juicio con otro índice, muy superior. Esto implicaba que los juicios no se iban a tocar, incluso salió un decreto donde el Ejecutivo instruye a Anses para que no apele los juicios, que acepte las sentencias y las pague. Ahora, en junio, comenzaron con las apelaciones”, señaló la Dra. Schargorodsky.
Detrás de cada juicio hay ilusiones, angustias, mucho tiempo y la expectativa de concretar sueños postergados. “Una clienta mía, con la Reparación Histórica, iba a cobrar de retroactivo 400 mil pesos; continuamos el juicio y ganó 1.500.000. Además, la jubilación que tenía era de $17.000, con la Reparación le ofrecían 23.000; con el juicio, llegamos a los $30.000. La diferencia es realmente mucha”, sostuvo la Dra. Bárbara.
El grave problema se presenta con los jubilados que son muy viejitos, pues quienes tienen 85 años, no pueden seguir esperando, entonces “renuncian a un gran porcentaje de lo que podrían ganar”.
Si la Corte Suprema resuelve que, de ahora en más, el único índice de actualización de jubilación es el RIPTE, entonces, además de que perderían muchísimo dinero los jubilados que todavía tienen su juicio en trámite, “se perdería la posibilidad de mejorar el haber jubilatorio de los nuevos jubilados porque ya no habría contra qué contrastar, no se podría argumentar que el índice utilizado está desfasado respecto de algo. No se ha tomado dimensión de la gravedad del caso”, sentenció la entrevistada.
Una ley con cola
Desde diciembre del 2015 aumentó todo: comida, transporte, medicamentos, servicios, por lo tanto tener unos pesitos más el día que se va a cobrar la jubilación, como caídos del cielo, puede ser un pequeñísimo alivio para miles de jubilados. Pero, ojo! Arriba puede estar el cielo y también el infierno.
A la ley de Reparación Histórica a los Jubilados vinieron atadas otras dos: venta de acciones de empresas privadas que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses; y amnistía impositiva o blanqueo de capitales para empresas y personalidades que estaban siendo investigadas por la justicia. En este último caso, se estima que el monto evadido a AFIP equivale a 62.000 millones de pesos.
En las cuentas de muchos jubilados aparecieron unos pesitos más, porque la reparación histórica es minúscula, magra, nada de miles, sólo unos pesitos, porque hay que acostumbrarse a vivir con poco, hay que ponerse la mantita de la abuela para gastar menos gas, comer menos manteca porque engorda y… una buena: vas a vivir 200 años, por eso tendrás que trabajar hasta los 75.
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