Los medios de comunicación hoy en día ejercen un destacable poder a la hora de influir sobre el imaginario simbólico de la población, imponiendo los temas de la agenda pública, y los mecanismos desde los cuales se mira y se analiza la realidad. Por lo tanto, el hecho de que los grupos monopólicos tengan que ceder parte de sus licencias y que haya una apertura hacia nuevos actores sociales en la producción de la comunicación constituye una apertura hacia el pluralismo de voces y visiones, que es la base fundamental de la democracia.
Democracia no implica sólo votar cada dos años, implica contar con las condiciones necesarias para que haya libertad de expresión y posibilidades de acceso a la información amplia y diversa, lo cual en muchas sociedades supuestamente democráticas no es un derecho que se pueda ejercer libremente. Grandes grupos económicos concentrados limitan este derecho y esta es una situación que se vive no sólo en nuestro país sino también en otros países. Es un fenómeno mundial. Generalmente, producto del adoctrinamiento cultural del neoliberalismo sufrido en las últimas décadas, a la sociedad se le dificulta reconocer que tiene el derecho al pluralismo en la información, y si lo reconocía, tampoco tenía los mecanismos para luchar contra intereses tan poderosos.
La reglamentación de la ley
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) que está a cargo de Gabriel Mariotto, fue el organismo encargado de la elaboración de la reglamentación que se inició luego de que la Corte dejara sin efecto la suspensión total de la ley por las presentaciones judiciales realizadas en su contra. El contenido de la reglamentación se realizó a partir de distintos foros provinciales en los que se recibieron propuestas de universidades, medios comunitarios y organizaciones sociales. El Afsca será la autoridad de aplicación de la ley.
Quedan cuestiones a resolver por la autoridad de aplicación, tales como la conformación de un Consejo Asesor de la Infancia, un plan de fomento a la producción de programas de ficción y el organigrama del nuevo Afsca, en el que se prevé la participación de la oposición.
Algunos puntos destacados de la reglamentación (basado en “Campana de largada para los servicios audiovisuales”, Página/12, 2/09/10).
– Adjudicación de licencias. La ley permite, por primera vez, que las cooperativas de servicios públicos accedan a la titularidad de licencias de radio y TV. La reglamentación del artículo 31 confirma que estas asociaciones también podrán prestar servicios de telecomunicaciones.
– Multiplicidad de licencias. Una misma persona jurídica no podrá tener más de diez licencias de televisión abierta o radio en todo el país, ni más de tres en una misma zona de cobertura. El decreto agrega que los operadores de cable no podrán funcionar en más de 24 ciudades o municipios. “El Grupo Clarín en la ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior tiene más licencias de las permitidas, lo mismo que Supercanal en Mendoza”, explicó Mariotto y agregó que con la nueva legislación, “quien tiene televisión abierta no puede tener distribución de señales de cable en la misma área de cobertura”. Adicionalmente, ningún licenciatario individual podrá dirigirse a más del 35 por ciento de la población nacional.
– Plazo de adecuación. A las empresas que tengan más licencias de las ahora permitidas o que exceden el porcentaje de alcance autorizado por la nueva ley, se les da la posibilidad de presentar un plan de adecuación voluntaria, en la que los grupos propongan la regularización de su situación. De no hacerlo, la autoridad de aplicación podrá actuar de oficio y realizar las transferencias necesarias.
– Publicidad. Las publicidades en el interior de los programas deberán limitarse a sobreimpresos o zócalos. Los “chivos” no podrán ocupar más de un quinto de la pantalla y se computarán como publicidad dentro de los límites máximos establecidos por la 26.522. Asimismo, se establecen condiciones para la transmisión publicitaria en el horario de protección al menor.
– Producción nacional. Con el objetivo de fomentar el cine nacional, los canales de televisión deberán pasar al menos ocho películas argentinas por año. Todas deberán ser estrenos televisivos. Las señales regionales o de cable, eximidas de esta obligación, deberán aportar al fondo del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), con lo que se financia el cine local. El decreto agrega que las películas deberán pasarse en horario central. “Los cinco canales de TV abierta de Buenos Aires deberán estrenar ocho películas cada uno: un total de cuarenta films nacionales”, explicó a este diario Gustavo Bulla, director de Supervisión y Evaluación del Afsca, que agregó que los derechos de estas producciones deberán ser adquiridos por anticipado.
– Transmisión en red. Las retransmisiones quedan permitidas, pero reguladas. El decreto establece que la estación de origen deberá pasar al menos una hora de producción propia en el horario central, “además del servicio informativo propio”. Sólo el 30 por ciento de programación de una jornada puede ser una retransmisión total de la radio o canal de cabecera.
– Ordenamiento de la grilla. Se establece un ordenamiento de la grilla del cable “de forma tal que todas las señales correspondientes al mismo género se encuentren en forma correlativa”. El decreto les da prioridad “a las señales locales, regionales y nacionales y a aquellas destinadas a programas infantiles, educativos e informativos”.
Con la reglamentación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se abre un nuevo escenario en el que los ciudadanos y sus organizaciones sociales podrán ser protagonistas de la información y no sólo espectadores pasivos de la realidad que diseñan determinados actores de poder de acuerdo a sus intereses. Más allá de qué gobierno lo haya realizado y en qué circunstancias, este es un gran logro para el presente y el futuro de nuestro país.
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