“Es un instituto de la democracia que nos hemos planteado viéndonos como gobierno. En nuestra plataforma planteamos la necesidad de tener un defensor del pueblo” explicó el concejal Germán Walker de la Coalición Cívica-Ari, autor, junto con su par Miguel Calvo, de un proyecto que propone la creación de la Defensoría del Pueblo en el distrito.

El Deliberativo lo trató en la última sesión y con el voto del oficialismo (Justicialismo) fue enviado al Ejecutivo para su evaluación. En la zona norte solamente Vicente López tiene en funcionamiento la Defensoría del Pueblo, que ya existe tanto a nivel provincial como a nivel nacional.

Walker explicó que el defensor del pueblo municipal está legitimado para defender los intereses colectivos y citó como ejemplo el caso del recargo tarifario del gas – que elevó la factura tres, cuatro y hasta diez veces – donde varios distritos que tienen un defensor se presentaron a la Justicia y lograron el amparo en defensa de sus habitantes.

“Como no teníamos defensor –recordó el edil- hicimos una presentación con dos concejales electos de la Coalición y la diputada (Liliana) Piani y tuvimos que hacer un esfuerzo en la fundamentación, y el juez en su comprensión, para darnos lugar, ya que no había una instancia para poder resguardar a los vecinos de San Fernando”.

“El defensor del pueblo es una figura autónoma, tanto del Ejecutivo como del Deliberativo, que permite evaluar, supervisar y controlar la administración, los servicios de las empresas de servicios, los objetivos de la policía. Tiene obligación de tomar denuncias. Y fortalece de los instrumentos de la ciudadanía”, evaluó Walker.

“Para correrlo de cualquier tipo de discrecionalidad en la designación previmos una serie de requisitos como: que no tenga ninguna filiación política o sindical y si la tiene debe inhibirla mientras dure su mandato”, dijo sobre el proyecto que ahora tiene el ejecutivo para ser evaluado.

Al explicar los alcances de la iniciativa, Walker indicó que, según el proyecto, el defensor debe ser elegido por las dos terceras partes del Deliberativo. “No encontramos otra forma más representativa, es una mayoría muy significativa, obliga a un consenso importante de las distintas fuerzas que tiene el ámbito parlamentario” argumentó.

“Podría haber sido el ámbito académico o las asociaciones de consumidores pero son menos representativas comparadas con la obligatoriedad de voto y la representación parlamentaria”, explicó luego el edil e informó que se propuso un mandato de cinco años y una sola reelección.

“Este lapso y la restricción apuntan a que no coordine con ninguna designación o asunción de administración, y que no se haga crónico en el cargo” puntualizó Walker y agregó: “La designación debe pasar por un proceso de análisis de propuestas donde la población pueda plantear objeciones fundadas”.

Walker informó que en la elaboración tomaron ejemplos de Vicente López, Morón, Ituzaingó y municipios del interior. Luego destacó que el proyecto prevé que el candidato afronte una audiencia pública. Sobre las competencias, informó que para acceder al cargo, el titular, o su adjunto, deberán ser abogados.

De acuerdo con la iniciativa de la oposición, la institución se financiará con una partida presupuestaria del Concejo Deliberante, y su atribución será la de un “órgano unipersonal e independiente, con autonomía funcional administrativa, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad”.

“Nosotros (el Concejo Deliberante) no tenemos asesoría letrada, el defensor es un instrumento actual, así que nos pareció correcto enviarlo al Ejecutivo, no rechazarlo, para que lo estudie” manifestó, por su parte, el concejal, Diego Herrera, presidente del Concejo Deliberante de San Fernando.

Herrera se mostró receptivo de la iniciativa, aunque indicó que ciertos tramos del proyecto no ponderaban la tarea de la OMIC local, otra entidad que atiende intereses vecinales y podrían superponerse funciones. Herrera calculó que los tiempos administrativos no alcanzarán para que el proyecto vuelva en este periodo legislativo.

Un dato interesante es que en 2000 el proyecto de las actuales Audiencias Públicas, también fue presentado por el bloque opositor, por aquel entonces el ARI a secas. Como esta vez, el proyecto pasó al Ejecutivo y un año después –con varias modificaciones- fue devuelto por la Intendencia y votado positivamente por el Deliberativo.