El secretario del cuerpo, Ulises Giménez, informó a Télam que el jurado “entendió que la denuncia (contra Gigante) tiene verosimilitud para ser tratada y hay mérito para comenzar a investigar a la fiscal”. Ahora se abre un período de 90 días para que Giménez, titular de la Secretaría Permanente, realice la instrucción de la causa y evalúe si Gigante cometió irregularidades en el proceso o incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La fiscal, por su parte, puede en los próximos 20 días efectuar un descargo o presentar pruebas a su favor, o bien esperar tres meses a que se defina si es sometida a juicio político o no.
La reunión del cuerpo, de carácter privado, se realizó el martes 31 en el Senado bonaerense y fue encabezada por Hilda Kogan, presidenta del jury y de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Además, integran el jurado, para este caso, los senadores Javier Mor Roig (CC), Santiago Nardelli (FPV) y Cristina Fioramonti (FPV), los diputados Abel Buil (GEN) y Juan José Cavallari (UCR) y los conjueces abogados José Fornaro, Eduardo López Wessenfold, Luis Lauro, Liliana González y Jorge Marín.
La polémica por la actuación de la fiscal comenzó el 3 de marzo de 2009, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Isidro absolvió a Francisco Centurión por presuntos abusos sexuales reiterados contra una joven discapacitada mental de la cual era vecino.
Durante el debate, la chica relató los abusos y el fiscal Diego Molina Pico pidió siete años de prisión para el acusado, pero los jueces lo absolvieron. El principal argumento del tribunal fue que el informe médico sobre el abuso no tenía la firma ni el sello del profesional que lo había corroborado y ni siquiera se trataba del documento original, sino de un fax.
Tras conocerse el caso, el entonces ministro de Justicia de la Nación Aníbal Fernández recibió a la madre de la víctima y tras realizar una serie de llamadas telefónicas, logró encontrar – en una hora y media -, al médico que había revisado a la chica y el informe original. Entonces, Fernández, dos legisladores y la madre de la chica, María Catalina Giménez, pidieron el juicio político de la fiscal.
Asistida por el abogado José Vera, la mujer consideró ante el jurado que Gigante era “la piedra angular del veredicto absolutorio” dictado por el TOC 7.
La madre explicó que cuando hizo la denuncia sobre las violaciones que en forma sistemática padecía su hija por parte de su vecino, en la localidad de El Talar de Pacheco, hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el delito no quedara impune.
La mujer relató que se entrevistó varias veces con la fiscal Gigante y que ella le aconsejó no contratar abogados al decirle: “Yo soy fiscal y los fiscales somos más que los abogados. Yo me voy a ocupar personalmente de su problema”. Pero cuando se conoció el veredicto absolutorio de Centurión, uno de los jueces le informó a la mujer que no habían podido condenar al acusado “porque en el informe médico (sobre el abuso) no se indicaba quién era el profesional, carecía de sello aclaratorio y ni siquiera había sido firmado”. “Estaba muy esperanzada en tener este resultado positivo. No tengo dudas de que esta fiscal finalmente va a ser destituida”, dijo la madre de la chica a Télam.
Por su parte, el abogado Vera sostuvo que “este es el paso previo a la destitución” y se mostró “conforme” con el avance del proceso porque “a pesar de que Gigante sólo realiza tareas administrativas, sigue cobrando su sueldo de fiscal”. Además, sostuvo el letrado, “este proceso se demoró porque ella pidió una licencia psiquiátrica que se extendió por seis meses. Esto es llamativo porque durante veinte años de carrera nunca había pedido una licencia. Vamos a sostener la acusación porque las irregularidades cometidas mantienen en libertad al abusador”, agregó el letrado.
Lo que más se cuestiona a la fiscal es que, teniendo en cuenta que el informe era un fax, “debió ocuparse de obtener la pieza original, pero no lo hizo y tampoco se procuró identificar al médico actuante, para poder, durante el proceso oral y público, citarlo como testigo”, explicó Vera.
Por el escándalo que generó el caso, el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, desafectó a Gigante de la UFI 2 de Tigre, la dejó al margen de investigaciones penales y la trasladó al área Civil y de Ejecución Penal.
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