Concejo Deliberante de Tigre. El Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana presentó un proyecto de resolución en rechazo de la regulación de las incumbencias profesionales dispuestas por el Ministerio de Educación.

“Nuestro proyecto de repudio nace a partir de la modificación del alcance de las incumbencias de cuarenta y tres carreras, sin acuerdo con el Consejo de Universidades”, mencionó Florencia Mosqueda, concejal y presidenta de la Comisión de Educación del CD de Tigre, durante la manifestación de repudio en la 9° Reunión de la 6° Sesión Ordinaria. “Además de su ilegalidad, este gobierno no apuesta a la universidad pública, proclama que la base es la educación, pero modifica el alcance de los títulos universitarios, incluso de las carreras en curso como así también de su carga horaria”, agregó.

El Proyecto de Resolución 103/2018 es en rechazo a la resolución 1254/2018 publicada en el Boletín Oficial el 18 de mayo, del Ministerio de Educación de la Nación, que regula las actividades reservadas a cada profesión de las carreras agrupadas en los artículos 42 y 43 de la Ley de Educación Superior 24.521, de junio de 1995.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del CD de Tigre y concejal Roxana López, indicó que esta restricción es “una muestra más del proyecto educativo de Cambiemos, que piensa la educación como mercancía”; por lo tanto, “esta medida degrada carreras de grado atentando en todos los niveles educativos”, remarcó.

Finalmente, la edil Gladys Pollán, arquitecta y presidenta de la Comisión de Urbanismo del CD, afirmó que “los gobiernos de Nación y Provincia, y también los ediles de Cambiemos en Tigre, al votar en forma negativa el proyecto 103/2018, continúan en su intento de destruir la educación pública, desde el presupuesto, desde lo edilicio, y ahora con su intento de cercenar los derechos adquiridos de los profesionales, que en la práctica se traduce en la obligatoriedad de realizar posgrados pagos”.

Por citar un caso cercano, Pollán aclaró: “Por ejemplo, a los arquitectos, sobre diecinueve incumbencias, recortan quince, y las cuatro que quedan se reforman y no coinciden con la tabla de cobro de honorarios”; y opinó que esto representa “una injusticia para los derechos adquiridos de profesionales que estudiaron más de 2650 horas cátedra y que se encuentran realizando sus tareas desde hace años y para lo cual están capacitados”.