Policía municipal. En el marco de la Décima Reunión y la Novena Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de San Fernando, se otorgó la facultad al Intendente de adherir a la Policía Municipal. Además, entre otros temas, fueron tratados en el recinto el Túnel de la Ruta 202 y el Impuesto a las Embarcaciones, como asimismo un pedido al Ejecutivo bonaerense para implementar en las escuelas del distrito la jornada completa, y se aprobó un proyecto de comunicación sobre el desmedido aumento del servicio de gas.

Parte del bloque de concejales del Frente Renovador de San Fernando: Juan Andreotti, Corina Ramírez, Ana Hansen, Jorge Barraza, Analía Medina, y Pablo Peredo, brindaron una conferencia de prensa luego de la sesión de la Décima Reunión y la Novena Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de San Fernando.

Luego de la misma, el concejal Juan Andreotti habló sobre los temas de la agenda propuesta en el HCD: “Hemos tratado muchos temas, en especial el darle la facultad al Intendente de adherir a la policía municipal, aclarando que para nosotros esta no es la mejor policía local, porque no será municipal ya que seguirá dependiendo del gobernador, sobre todo cuando en los 7 años que lleva el gobierno no realizó las obras correspondientes en las comisarías ni reforzó la cantidad de policías que necesita el distrito. Queremos una mejor descentralización y más autonomía para los municipios, porque si esta policía sigue dependiendo del mismo gobernador, no va a haber inversión”.

No obstante, Andreotti aclaró: “Dimos un voto de confianza al ministro Granados, que es el único que cumple sus promesas; su proyecto inicial fue mejor que el que hoy tenemos, y por eso y pensando en los vecinos de San Fernando vamos a aceptar esta policía, impulsando los cambios para que realmente los municipios tengan su policía propia y que su jefe sea el intendente”.

También se trató en la sesión el tema del túnel de la Ruta 202, sobre el que Andreotti expresó: “Es una obra importantísima para todos los vecinos de San Fernando; entiendo que el único que no piensa que sea una buena obra es el gobernador, sino no comprendo por qué no se realizó. Escuché decir a mucha gente que si uno desconoce la realidad, porque no circula por las rutas provinciales, no recorre las ciudades, ni navega por el Delta, desconoce la verdadera importancia del paso bajo nivel de la Ruta 202. Si uno se la pasa todo el día volando en helicóptero pierde el sentido de la realidad, sino no se entiende por qué no se concretan estas obras. Se planteó que si la provincia no lo hace, que nos den la facultad a nosotros, ya que es una ruta provincial, para que el Municipio pueda licitar y hacer este túnel, como ya lo hicimos”.

En otro orden, el concejal Pablo Peredo habló sobre el impuesto a las embarcaciones: “Fue un expediente que se trató sobre tablas, por las versiones periodísticas que circularon en medios y por entrevistas a distintos funcionarios de la provincia, que manifestaron que el convenio – por el que el 50 % de la recaudación del impuesto a las embarcaciones va destinado al Municipio y el otro 50 % a la provincia – probablemente sería quitado unilateralmente por la provincia”.

Este convenio firmado en 2005 resultó en un crecimiento de la recaudación del 14.000 %. “Cuando se firmó en 2005 –continuó Peredo – San Fernando cobró $ 83.500 y en 2013, $ 11.900.000, mientras que en 2014 se calcula arriba de 12 millones de pesos, lo que demuestra una eficacia y eficiencia enorme de este Municipio en el cobro. Ante las versiones periodísticas, el bloque del Frente Renovador presentó urgente sobre tablas un pedido de informes a la provincia para que aclare si son ciertas las versiones periodísticas sobre declaraciones de funcionarios provinciales, que va a hacer con este convenio, y que exprese el motivo por el cual las van a cortar. Recibimos sólo el apoyo del bloque Por Siempre Perón de Pensotti; evidentemente, el Frente para la Victoria responde a Scioli, porque presentó excusas irrisorias, como que no tuvieron tiempo de leerlo o que pretendían un pedido de informes a la AFIP, que no es con quien se firmó el convenio, sino con el ex gobernador Felipe Solá”.

Este impuesto saldría de las arcas de tres municipios que están afectados: San Fernando, Tigre y San Isidro. “San Fernando calculaba para 2014 recaudar alrededor de 13 millones de pesos. Si lo de la Provincia se cumple, no los tendremos en el presupuesto. Es un trabajo bien hecho: de 83 mil pesos el primer año se pasó a 11 millones y medio: es un 14.000 %, pasando de tener pocos barcos fiscalizados a casi todos controlados. Vemos una intencionalidad política de la Provincia contra estos municipios de la zona Norte para sacarles el cobro de este tributo. Si responden a nuestro pedido de informes, analizaremos que acciones tomar desde el Ejecutivo, que contará  con el respaldo del Legislativo”, finalizó el concejal Peredo.

Cabe destacar que en la sesión se trataron un pedido a la Provincia para discutir el Coeficiente Único de Distribución (CUD) por el que se determina la coparticipación a los Municipios y de la coparticipación que esta recibe desde la Nación; un pedido de informes sobre el mantenimiento de las vías navegables; un pedido a la Provincia para la regularización de los subsidios a las bibliotecas; un pedido al Ejecutivo bonaerense para implementar en las escuelas del distrito la jornada completa, y una solicitud para evaluar los subsidios al transporte público fluvial. Además, fue aprobado un proyecto de comunicación sobre el desmedido aumento del servicio de gas.

Cómo funcionará la policía municipal en la Provincia de Buenos Aires

En medio de la emergencia en seguridad declarada a comienzos de abril por el gobierno provincial, el lunes 25 Scioli firmó el decreto Nº 373/14 que ordena al Ministerio de Seguridad la creación de las “Unidades de Policía de Prevención Local”, conocidas durante el fallido debate legislativo como “policías municipales”.

La normativa dispone que la creación de las policías locales queda a discreción de los partidos que tengan más de 70 mil habitantes, aunque el artículo 3º establece que “excepcionalmente podrán contemplarse situaciones de municipios que no superen la mencionada cantidad de habitantes y que soliciten su incorporación”.

Aunque la decisión está en manos de los intendentes, que deberán suscribir un convenio con el gobierno provincial, el acuerdo deberá ser “ratificado por ordenanza municipal”, por lo que necesitará la aprobación de los concejos deliberantes.

Este punto es clave, puesto que dicha ordenanza “contendrá todas las disposiciones que resulten necesarias a los efectos de la puesta en funcionamiento y conformación” de las policías municipales, por lo que los legisladores locales tendrán incidencia en cuestiones operativas.

Aunque los jefes de las policías comunales serán designados por el Ministerio de Seguridad, la resolución exige que lo haga “en acuerdo con el intendente”, quien además deberá presentar un programa de trabajo que incluirá “las políticas preventivas y las acciones estratégicas propuestas para su municipio”.

En cuanto al financiamiento, uno de los temas más discutidos entre el sciolismo y el massismo, la resolución se limita a disponer que “serán equipadas, conformadas y financiadas por el presupuesto de la provincia de Buenos Aires”. Sin embargo, la norma no descarta que los municipios hagan aportes.

En el artículo 7º, la resolución define como “misión esencial” de la flamante fuerza “la prevención de delitos y contravenciones, actuando con características de policía de proximidad”.

En concreto, la policía municipal deberá “realizar actividades de observación, patrullaje y vigilancia”, “efectuar la prevención primaria, con un conocimiento cabal del sector barrial sobre el cual trabaja”, “establecer una relación estrecha con la comunidad en la labor preventiva”, e “implementar mecanismos de disuasión” y “hacer cesar” la comisión de delitos y contravenciones.

Otra de las funciones será «intervenir en los conflictos relacionados con la violencia de género». Para ello, la resolución dispone que «serán dotadas con un sistema de comunicaciones diferenciado, vehículos identificables, participación de personal femenino, y los recursos materiales necesarios para un efectivo tratamiento de dicha problemática».

El personal policial deberá realizar un curso orientado a «la prevención y proximidad en la actuación» que se dictará de manera descentralizada en las comunas por un instituto que el Ministerio de Seguridad deberá crear. La resolución dispone que tendrá una duración mínima de 12 meses, «incluyendo un período de práctica profesional en los puestos operativos de trabajo, pudiendo reducirse bajo circunstancias especiales a un plazo no menor a seis (6) meses». Se dará prioridad a los habitantes del municipio.

Entre sus disposiciones complementarias, la norma establece que los patrulleros estarán identificados «con el emblema institucional, conteniendo el nombre del municipio al que pertenecen, teléfono de contacto directo para tareas preventivas y el número 911 para urgencias».

Cada unidad policial contará con un «coordinador operativo», que será designado por el Ministerio de Seguridad «a propuesta del intendente». Será el encargado de supervisar y controlar el destino de los recursos provinciales. Además, dicho coordinador integrará junto al intendente y el jefe policial una «mesa de coordinación», que estará a cargo del «diseño y la ejecución de las políticas y/o estrategias de seguridad local» y deberá confeccionar un «mapa del delito».

La resolución también crea la Superintendencia de Seguridad Local, que deberá «coordinar y supervisar» a las policías municipales y que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Seguridad. También funcionará como un vínculo con las otras fuerzas.