Alrededor de 500 isleños marcharon contra la Ordenanza de Construcciones aprobada el 7 de marzo por el Concejo Deliberante de Tigre, y a favor de la apertura de un espacio de participación. Se sumaron también vecinos damnificados por las inundaciones de otros barrios del distrito. Se presentó un petitorio con 500 firmas y en principio la recepción de los pedidos fue positiva.

        Con el fin de manifestar su rechazo a la Ordenanza de Construcciones, alrededor de 500 pobladores de las Islas se convocaron en el amarradero público “Hugo del Carril” para marchar hasta el Palacio Municipal. Escoltados por decenas de policías, patrulleros, móviles del COT y agentes de la Prefectura Naval Argentina que custodiaban la costa del río Tigre, los manifestantes marcharon pacíficamente con banderas que expresaban las consignas: “Si al trabajo isleño, No a la normativa de Construcción”, “Massa: respetá a los isleños que vivimos en la isla mucho antes de que pongas tus ojo$$$”, “Disfrazados de progreso viene por la tierra”, “Massa: a la isla la cuidamos los isleños”, “+ Participación”, y muchas otras.

        Cuando la larga columna se encontraba atravesando la estación de trenes, un conjunto de vecinos de los barrios Las Tunas, Ricardo Rojas y Troncos del Talar se sumaron a la movilización. Se trataba de los damnificados por las inundaciones que reclaman la realización de obras hidráulicas para mitigar el efecto de las lluvias.

        Todos juntos continuaron la marcha, que más adelante se vio bloqueada por la colocación de vallas sobre la Av. Cazón con la presencia de un cordón de policías, a unos 50 metros de la puerta de la Municipalidad. Apostados allí surgieron los cánticos a viva voz: “¿Y Massa dónde está y Massa dónde está?”. Seguidamente, cuatro delegados ingresaron al Palacio Municipal con el fin de entregar un petitorio con unas 500 firmas en el que se solicitaron los siguientes puntos:

        1- Veto o derogación de la Normativa de Construcciones del Delta, y creación de otra que refleje los usos y costumbres tradicionales de los trabajadores de todos los rubros con la participación de los sectores sociales y productivos isleños. 2-Inmediata suspensión de todas las clausuras a las obras y tareas tradicionales isleñas, y la derogación de cualquier multa o sanción al trabajo de la población isleña, no así a las de los grandes emprendimientos de barrios privados que son los únicos que afectan el medio ambiente y la sociabilidad isleña. 3- Exigir un espacio de Participación y Gestión de la población isleña sobre todo lo concerniente al Plan de Manejo de islas. 4- Gestión isleña del Puerto de Frutos, espacio donado por su original propietario para uso exclusivo de la comunidad de las islas.

        Los delegados fueron recibidos por el Dr. Julio Zamora, Presidente del Concejo Deliberante de Tigre y por Pedro del Piero, presidente de la Fundación Metropolitana, organismo asesor que trabajó en la elaboración del Plan de Manejo del Delta. Según manifestaron a la salida de la reunión, los pedidos serán atendidos y se abrirá un espacio de participación a los fines de rever la cuestionada ordenanza.

        En la movilización se destacó la presencia de diversos sectores sociales y pobladores de diferentes actividades como docentes, trabajadores de la construcción, emprendedores turísticos y chateros, así como numerosos jóvenes y jubilados.

        El sentimiento generalizado se sintetizó en el fuerte rechazo a la Ordenanza de Construcciones ya que la misma impone regulaciones de difícil cumplimiento para la población así como disposiciones que ponen en riesgo las fuentes de trabajo vinculadas a la construcción. De hecho, trabajadores y emprendedores manifiestan que las clausuras de obras y las multas se han multiplicado desde la aprobación de la Ordenanza provocando una parálisis en todos los rubros del sector.

        Otro eje compartido por los presentes fue la sensación de avasallamiento sobre las Islas y la falta de consideración hacia la idiosincrasia isleña y su acerbo cultural relacionado con la construcción. Asimismo, sin dejar de plantear la adhesión a las otras dos Ordenanzas que componen el Plan de Manejo del Delta, los isleños demostraron su indignación por una normativa que por un lado favorece el desplazamiento de los pobladores, y por otro, facilita el crecimiento del negocio inmobiliario.

        Más participación y ser escuchados en sus reclamos fue la síntesis de una jornada movilizadora como nunca antes se vio bajo la gestión de Sergio Massa en Tigre.

Algunas consideraciones sobre los reclamos presentes en la marcha

        Como si fuera la punta de un iceberg, a partir del rechazo a la Ordenanza de Construcciones se pudo constatar que en el Delta afloró un malestar más profundo que se venía cultivando producto de distintas circunstancias y medidas también adoptadas por el Municipio. La polémica normativa sintetizó un reclamo que todos los isleños manifestaron en la marcha: más participación y ser considerados por las autoridades en sus necesidades reales y problemáticas actuales.

        ¿Cuáles son esas necesidades? Sin soslayar la importancia de regularizar las construcciones, éste tema no es una prioridad para los isleños, decían. El trabajo, la salud, la educación y el transporte público ocupan el tope de las preocupaciones que hacen a la vida cotidiana de los pobladores. Incluso la polémica normativa, como ya se señaló, es visualizada como un tentado a las fuentes de trabajo de los residentes, que va en contra de una forma de vida particular y que por lo tanto, pone en riesgo la permanencia de los isleños.

        Esta ordenanza en su afán recaudatorio se suma al cobro de la Tasa por Servicios Municipales, a la Tasa de Embarque y la reciente Tasa por Fondeadero de Embarcaciones. Si bien todas estas son decisiones que responden a las facultades propias del Municipio, según la opinión generalizada de los isleños no ha habido una correspondiente devolución en la prestación de los servicios. En el Presupuesto 2013, la recaudación de la Tasa por Servicios Municipales asciende a casi 7 millones de pesos y la Tasa de Embarque a un poco más de 3 millones, ambas suman 10 millones. Una de las preguntas presentes fue qué se hace con ese dinero ya que no existe ningún tipo de control social sobre el destino de esos fondos.

        Otro planteo que se manifestó es que los grandes emprendimientos residenciales y turísticos serían los beneficiarios de estas regulaciones por medio de la imposición de exigencias y de una carga tributaria que harían accesible el Delta sólo a sectores de alto poder adquisitivo. Por otro lado, la mira también estuvo puesta en los grandes prestadores turísticos como Sturla cuyos paseos en lancha provocan una paulatina destrucción de las costas sin hacerse cargo de las consecuencias. “¿Por qué no le ponen un impuesto a estas empresas para que le paguen a los frentistas por el daño que hacen?”, se preguntaba Juan del río Luján. Se les exige a unos y a otros no, fue una sensación presente.

        Históricamente, ha existido una tensión entre las autoridades municipales y los pobladores isleños por considerar a las Islas como el patio trasero del distrito. Durante la gestión de Ubieto, la ola privatizadora y la gentrificación que azotó al continente pretendió imponerse también en las Islas pero fue mayormente paralizada por la resistencia de la población y sus organizaciones. En la actual gestión municipal, hay que reconocer el logro histórico que ha significado la aprobación del Plan de Manejo del Delta, pero no se puede desconocer que como un caballito de Troya se filtró una ordenanza excluyente y antipopular que no sin motivos ha generado una importante reacción social.

        Entre el ayer y el hoy se observa una continuidad en ubicar al Delta como una fuente de extracción de recursos para el beneficio de actores externos. Tal es así que fue la proveedora de materias primas como leña, carbón, madera y otros que eran destinados a la Ciudad de Buenos Aires en el siglo XIX y hoy es un recurso de explotación turística principalmente para los grandes prestadores. Además el Delta se habría transformado en una nueva fuente de recaudación para el erario público pero sin una contraprestación de servicios acorde.

Algunos testimonios. “Lo que la gente está reclamando aquí sobre todo es participación”

        “No estamos de acuerdo con la normativa de construcciones. Parece hecha por gente que no consultó en la Isla con los que vivimos y tomamos el agua. Fui una de las 40 personas entrevistadas por la Fundación Metropolitana, me entrevistaron una hora en un bar en Tigre. Yo les plantié que me tenían que entrevistar en mi casa viendo mis condiciones de vida, viendo los servicios que tuviera o no, cómo van mis hijas a la escuela, qué se come en la escuela. La normativa debería salir de un estudio comunitario que no es tan difícil. Rápidamente va a salir qué es educación, salud y transporte, no es una cuestión de construcciones. Las construcciones no son una prioridad”. Vecino del Arroyo La Perla.

        “Yo tenía un hostel que lo tuve que cerrar porque me pedían una planta de tratamiento de agua que sale 100 mil pesos construirla, y el Municipio de Tigre tira la mierda al río. A la gente que tiene un emprendimiento, le piden cosas que ni ellos cumplen. La lancha ambulancia que puso la Municipalidad chocó y no tenía papeles y después les piden a los isleños que nos pongamos en regla y ellos andan en una lancha ambulancia trucha”. Sergio del río Sarmiento.

        “¿Quién va a tener plata para cumplir con todos los requerimientos que te exigen?, se pregunta Carlos del río Abra Vieja. “Únicamente los megaemprendimientos”, se responde, y agrega: “los isleños quedan totalmente alejados de todo el circuito económico que tiene la Isla. Está todo destinado para los megaemprendimientos y nosotros estamos destinados a morirnos de hambre”.

        “No nos llamaron para preguntarnos qué pasa con el tablestacado, si ahora lo vamos hacer de madera en vez de cemento, o en vez de tirar las piedras, qué hacemos… Que las cosas se hagan con participación. Acá estamos los isleños de todas las actividades y todas las actividades están paradas. Qué nos expliquen de qué vamos a vivir. Tratan de que la gente se vaya”, explica Roberto que se dedica al transporte de maquinarias.

        “Hace cinco, seis meses que estamos parados. Las clausuras aumentaron, en los cortes de árboles, obras… Tiene que haber un control de la Municipalidad en la Isla sobre cómo se construyen las cosas, estoy de acuerdo. Pero no puede ser que yo ahora me compro un terrenito y que para hacer un muelle tenga que pagar seis, siete mil pesos a un maestro mayor de obra que no sabe nada de la Isla para que aporte al Municipio”, Luis del río Carapachay, se dedica a la construcción de estacadas y muelles.

        “La manifestación es realmente importante, la verdad es que los isleños nos costaba mucho juntarnos y a veces, una circunstancia que toca intereses particulares hace que la gente se reúna no por el amor sino por el espanto, pero es un poco lo que generalmente convoca y termina por unir a gente que tiene una gran identidad con un lugar geográfico, como es la Isla. Ojalá podamos seguir con propuestas para que la Ordenanza de Construcciones, contrabandeada diría yo en el Plan de Manejo, sea derogada, y que sea hecha participando con toda la gente que aquí se está manifestando. Esto nos ayuda a reflexionar sobre el valor intrínseco que tiene la Isla en sí misma y que una persona que aterriza de San Martín a gerenciar un municipio como Tigre que empiece a pensar que hay gente que vive hace mucho tiempo en esta geografía y que merece ser tenida en cuenta. Creo que lo que la gente está reclamando aquí sobre todo es participación”. Martín Nunziata.