El ASD es un espacio que reúne a organizaciones sociales y políticas, docentes, universidades e institutos de investigación, – entre ellos está el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) – que tiene como objetivo diseñar e implementar políticas que brinden soluciones eficaces al problema de la inseguridad, desde una perspectiva respetuosa de los derechos y las libertades de los ciudadanos. En este sentido, en las últimas semanas, el ASD emitió varios comunicados para aportar su visión en el tema de la seguridad, ante lo cual planteó su preocupación porque “en los últimos días se ha fortalecido un discurso oportunista de demagogia punitiva que intenta consolidar un endurecimiento represivo fuera de toda racionalidad democrática y especula con la desinformación de la opinión pública”.
En el documento citado, el ASD advierte sobre “la instalación de una lógica en la que los referentes políticos compiten por liderar las propuestas de mayor endurecimiento y el componente represivo se presenta como única solución al tema de la seguridad ciudadana”. Por el contrario, argumenta que las políticas de mano dura que “fueron el eje de todas las reformas penales de los últimos veinte años en el país sólo aumentaron la violencia” y agrega “… produce mayor violencia la falta de democratización de las fuerzas policiales, los altos niveles de corrupción y connivencia con el crimen organizado y la gran ineficacia para prevenir y reprimir el delito”.
El ASD afirma que con la excusa de impedir el avance del anteproyecto de ley para reformar el Código Penal, que fue elaborado por una comisión redactora con representación de diversas fuerzas políticas (1), se está impulsando “una campaña basada en mentiras y distorsiones informativas que intenta generar miedo para consolidar proyectos políticos de corte antidemocrático” lo cual, argumenta, “ha servido de base para el despliegue de argumentos autoritarios, tanto en su perspectiva penal, como en su desprecio por las instancias de debate institucionales”.
El comunicado alerta sobre las falacias demagógicas y la poca seriedad que ha tenido el tratamiento de un tema complejo y que preocupa a todos los argentinos, y hace un llamado de atención sobre “un ideario que sostiene sin fundamentos que el aumento del poder de la policía, el incremento de las penas y el encierro masivo son las soluciones a los problemas de inseguridad. Las evidencias muestran la falsedad de esos planteos (…)… sabemos que la violencia no se resuelve con la guerra, ni dejándose seducir por atajos que consolidan la discriminación social y empujan la agenda de seguridad hacia la militarización”.
Con relación al polémico anteproyecto, el ASD valora el proceso de elaboración del mismo que contó con la participación de distintas fuerzas políticas y una discusión amplia en el Congreso, y rechaza el intento de clausurar ese debate, para lo cual sostiene que hay que dejar afuera todo oportunismo electoral o demagogia, “que luego cobra víctimas que vuelven a servir para construir una nueva demagogia, en un círculo vicioso que urge superar”.
Por ultimo, el ASD propone de cara a la sociedad, “debatir con claridad y rigor técnico, las bases de una política criminal y de seguridad que sea democrática y eficaz, que para serlo no necesita tirar por la borda las mismas libertades públicas que forman parte de la calidad de vida que necesitamos defender”.
(1) La Comisión redactora estuvo integrada por el Juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, el Diputado Nacional del Pro Federico Pinedo, la socialista María Elena Barbagelata, el radical Ricardo Gil Lavedra, y por el ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián.
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