Es urgente modificar la ley 26.657. Con una formación específica en el tratamiento de drogadependientes, Rubén Buby González informó a este medio sobre las inconsistencias de la ley nacional de salud mental. Sin modificar los valores de dicha ley, que incorpora una mirada de derechos humanos al tratamiento de la enfermedad mental, es necesario corregir algunos artículos para que las personas con problemas de adicciones no queden desprotegidas.

Definir al consumo de drogas como un problema exclusivamente de salud mental es un reduccionismo que se vio plasmado en la ley nacional 26.657 de salud mental.

“La ley tiene aspectos muy interesantes como la desarticulación de mecanismos perversos de institucionalización. Cuida que la gente no se transforme en un despojo humano en las instituciones manicomiales. Pero generó un problema, porque en esta ley quedaron ligados los temas de adicciones”, informó Rubén Buby González, director del Centro Juvenil Esperanza, una comunidad terapéutica con más de 30 años en el tratamiento de la drogadependencia.

En su art. 4°, la ley dice: “Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”.

Quien tiene un problema de adicciones, tiene un problema social, laboral, familiar y esto excede el ámbito de la salud mental. Es, sí, un tema de la salud pública que debe ser tratado con especificidad.

“No se puede confinar a una persona que tiene una adicción a un encierro indeterminado. Pero alguien que tiene una compulsión y no puede parar de drogarse, es posible que durante un tiempo tenga que estar aislado del consumo, de su familia tóxica. Esto se debe evaluar y quienes hicieron la ley no lo tuvieron en cuenta, es decir que dejaron de lado lo específicamente técnico”.

En su art.27°, la ley establece: “Queda prohibida la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes, se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos”. La ley fue sancionada en el 2010, el plazo para la sustitución se cumplirá en el 2020.

“Cuando los hospitales ya tengan la capacidad para trabajar con los adictos, nosotros tendríamos que desaparecer. Pero a mí no me preocupa la sustitución definitiva, porque no va a suceder nunca. El problema es que mientras tanto no se habilitan nuevos centros”.

El 2020 está a la vuelta de la esquina y, en mayo de 2017, Roberto Moro, a cargo del Cedronar, declaró que Argentina se encuentra en el peor momento de consumo de drogas de su historia.

Quien está al tanto de la realidad argentina sabe que la gobernadora Vidal intentó disminuir un 42% del presupuesto del hospital El Cruce de Florencia Varela; el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, intenta subsumir 5 hospitales en 1, cierra centros de salud barriales y se disparan los casos de tuberculosis, hepatitis y sarampión en la ciudad más rica de Argentina. Debido a la emergencia sanitaria (sin declarar) los municipios van abriendo hospitales, como es el caso de San Fernando y Tigre. El desmadre que existe en el ámbito sanitario en nuestro país es alarmante, por eso, con realismo, Buby asume que la sustitución del servicio que prestan las comunidades terapéuticas nunca se concretará porque ningún hospital tiene la capacidad para atender esta problemática. “Qué hospital va a tener 20 camas para desintoxicar a un pibe que está hecho mierda? Un hospital no puede resolver un turno para un dentista, cómo va a resolver esto”. Además del evidente deterioro del sistema hospitalario, dados sus 30 años de experiencia, el entrevistado aseguró que “lo último que haría un adicto es ir a un hospital. Qué va a decir ‘hola, soy drogadicto, quiero dejar de serlo’. Así no funciona, ni acá ni en el resto del mundo”.

En América Latina, el 80% de la asistencia directa al adicto la hacen las ONGs, “no quiere decir que sea lo óptimo, pero es así”. En Europa hay experiencias mixtas, o sea “una organización de la sociedad civil en asociación con un municipio, porque el sistema de comunidad terapéutica es el que más trabaja en esto”.

Algo para corregir

En la comunidad terapéutica, todos conviven con un mismo objetivo y aquellos que los van logrando, se transforman en actores importantes, ya que la misma comunidad tiene una fuerza grupal de sostén de los que recién ingresan o están en una situación más frágil.

“Estamos hablando de gente que tiró todo a la mierda, arruinó todo, estuvo metido en 800 quilombos o empieza a tener conductas delictivas asociadas al consumo. En estos casos, el sistema de comunidad terapéutica actúa muy bien”.

Además del seguimiento individual, hay talleres, grupos terapéuticos, incorporación de los miembros de la familia al trabajo, todo guiado por un equipo de profesionales que debe especializarse en el tema. “Esta patología tiene una especificidad que debe ser tratada por especialistas. El adicto tiene mucho de autoengaño, doble vida, manipulación, todo eso nosotros lo sabemos de memoria. Una persona que tiene una adicción no se cura con una charlita y diciéndole que todos lo quieren mucho”.

Muchos de los operadores de las comunidades terapéuticas han sido adictos y “esto es un mensaje en sí mismo para las personas que comienzan tratamiento; nosotros conformamos ámbitos familiares, donde es posible trabajar sobre las carencias afectivas, sobre la recomposición de la autoestima, todo de manera muy artesanal, por eso la mayoría de las instituciones son de pequeñas a medianas”. Al menos por ahora, es difícil que esto ocurra en un hospital, donde entran y salen profesionales y los médicos tienen que salir corriendo a atender urgencias.

Además de confirmar que el problema de las adicciones va en aumento, Buby señaló que “actualmente se consumen drogas más dañinas e, incluso, la misma marihuana es más fuerte porque las semillas de laboratorio se mejoran. Una semilla de hace 20 años, tenía 4% de thc, hoy tiene 16. Es decir que la marihuana, que es la droga más difundida y todos le restan importancia, también está cada vez más potente”. Entre los sectores de mayor vulnerabilidad se consume el paco que “es mortal, le hace perder entidad a la persona. Entonces, si nos llega alguien en esta situación, no lo resolvemos con dos charlas, es un trabajo de reestructuración, alimentación, aprendizaje, motivación. Es un tema muy complejo”.

Además de dirigir el Centro Juvenil Esperanza, Buby integra la Federación de Organismo no Gubernamentales de la Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas (FONGA), institución desde la cual están trabajando para corregir los errores de la ley de salud mental que podrían dejar sin asistencia a muchísimas personas. “No estamos en contra de la Ley de Salud Mental, sólo decimos que hay ciertos aspectos que perjudican a una población muy frágil”.

Desmanicomializar no es abandonar a los pacientes a su suerte, es la humanización del tratamiento de aquellas patologías que hacen casi imposible la vida del sufriente y también de su familia y grupos afectivos. Para esto es necesario garantizar no sólo un dispositivo de atención, que algunas instituciones vienen desarrollando desde hace años, sino también una supervisión estricta del Estado para que sean cerradas aquellas instituciones que no cumplen con el respeto a los derechos humanos de los residentes ni con estándares profesionales de asistencia.