Presentación de Proyectos de Ordenanza del FPV

Haciendo hincapié en la transparencia de la gestión pública y en la participación de la ciudadanía en la elaboración del presupuesto municipal, el bloque de concejales del Frente para la Victoria (FPV) presentó tres Proyectos de Ordenanza sobre el Presupuesto Participativo, la creación de la figura del Defensor del Pueblo y otro para la regulación de la publicidad oficial del gobierno municipal. Gustavo Piantino, Jefe del Bloque de concejales del FPV y Martín Gianella, Secretario General del FPV explican los pormenores de estas propuestas que tienen el objetivo de promover la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, y no solamente en los procesos electorales.

¿Qué es el Presupuesto Participativo (PP)?

        El proyecto presentado plantea que se trata de “una forma de gestión del presupuesto en la cual la población del distrito mediante la generación de espacios participativos, debate e incide en la formulación, ejecución, control y evaluación parcial de las prioridades presupuestarias con el propósito de hacerlas efectivas a través de proyectos que permitan dar cuenta de las necesidades, potencialidades y propuestas de vecinos y vecinas…”. Asimismo, posibilita una mayor transparencia y un mejor control en la asignación de los recursos públicos a la hora de definir los gastos del gobierno para el año presupuestario.

        Entre los fundamentos del proyecto que avalan el PP cabe señalar el fomento de la participación, la apertura de un espacio donde la ciudadanía pueda influir en las políticas públicas, favorecer la responsabilidad ciudadana hacia su comunidad, construyendo así una democracia más participativa.

        En su implementación, el proyecto presentado por el FPV prevé la creación de un Concejo de Barrio en cada una de las diez localidades del distrito, que estarán abiertos a la participación de los vecinos y las organizaciones. A través de una metodología de trabajo se realizarán asambleas en las que los vecinos definirán distintos proyectos que estén dentro de la competencia municipal. Luego se presentan todos los proyectos y se someten a votación.

        La asignación presupuestaria para cada Concejo Vecinal se establecerá en base a un Índice de Carencia, que se confeccionará con indicadores de salud, educación, vivienda, ingresos y género, para el cual se utilizarán datos disponibles en el último censo. Encuesta Permanente de Hogares y estadísticas por las dependencias municipales. Asimismo, para la elaboración del Índice de Carencia se propone la creación de una comisión conformada por un representante de cada Secretaría del Departamento Ejecutivo, un representante de cada Concejo Vecinal, un representante de cada bloque del HCD y por profesionales de las áreas de economía, sociología y trabajo social de Universidades Públicas. El porcentaje del presupuesto que se asignaría al PP es del 5%, según el proyecto.

Gustavo Piantino: “Destacan cómo se fue elevando geométricamente, año a año, la participación de los vecinos (en Morón)”

        Hay municipios que están implementando el PP hace años, ¿han tomado algunos de esos casos? – “Hay experiencias exitosas como las de Morón y San Fernando. Incluso hace un par de semanas, nos reunimos con Hernán Sabbatela, que es el Presidente del Concejo Deliberante de Morón y después nos recibió el Intendente Lucas Ghi, y todos ellos compartieron la experiencia del PP que ya lleva diez años en Morón. Explicaron cómo se conformaron los Concejos Vecinales, y destacan cómo se fue elevando geométricamente, año a año, la participación de los vecinos. En el último PP, los proyectos fueron votados por más de 30 mil vecinos. Ellos, de 1300 millones, afectan cuatro millones y medio, en nuestra propuesta lo estamos elevando al 5%, o sea a 9 millones. En Morón, se han hecho muchísimas obras, y se viene incrementando el monto del presupuesto participativo”.

        ¿En qué contexto se presenta esta propuesta desde el FPV en Tigre? – “Tigre tiene un presupuesto de 1800 millones de pesos anuales que se ejecutan sin la participación de la gente, y tenemos un municipio que lo podría haber hecho (el PP) y no lo hizo, y no se trata de la plata de Zamora ni de Massa, por lo tanto los ciudadanos tienen el derecho de decidir en qué se puede gastar, y en la medida que se pueda legalmente. Los vecinos no tienen idea en qué se gastan los fondos públicos, y nosotros queremos sacar al presupuesto del oscurantismo. Además, el presupuesto no es un problema de economistas y de técnicos sino de los vecinos y las vecinas”.

        De acuerdo al proyecto, ¿cómo se divide el presupuesto asignado al PP en los distintos Concejos de Barrios? – “El PP se divide entre los diez Concejos Barriales de la siguiente manera: el 50% es igualitario para todas las localidades, y el otro 50% se prorratea de acuerdo a los Índices de Carencia que surge de las estadísticas municipales para favorecer a los sectores más vulnerables. No será la misma partida para Tigre Centro que para Benavídez, por ejemplo”.

        Aunque se demore la aprobación del Proyecto de Ordenanza, ¿los Concejos de Barrios se podrían comenzar a desarrollar desde ahora? – “Los empezamos a armar ya, y como no queremos que los proyectos sean sólo testimoniales vamos a implementar todo aquello que esté a nuestro alcance en la lógica del proyecto que presentamos. Por ello los concejales vamos a ir a los barrios, más allá de que el proyecto no esté aprobado. Haremos una agenda de visitas a las localidades, donde cada barrio sepa que los concejales del FPV en tal fecha, estarán en tal lugar para escuchar a los vecinos, para que puedan acercar sus reclamos, sus proyectos. Sino se aprueba, nosotros lo hacemos igual. Se trata de cumplir con lo que prometimos en campaña, que es dar la cara a los vecinos. Se trata de ir construyendo un consenso social para generar la base para la participación ciudadana”.

El Defensor del Pueblo

        El proyecto de Ordenanza para la creación del Defensor del Pueblo tiene el objetivo de ejercer “la defensa, protección y promoción de los derechos e intereses individuales y colectivos consagrados por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la legislación vigente, de los habitantes frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal”. Se prevé que su designación sea realizada por el HCD, en una sesión especial por medio del voto de las dos terceras partes de sus miembros.

        ¿Cuál es el ámbito de actuación de un Defensor del Pueblo en un distrito? – “Por ejemplo, durante la campaña electoral, muchos comercios fueron cerrados por firmar un convenio con el ANSES, por la Tarjeta Argenta. Ese fue un claro caso de indefensión por parte de los comerciantes frente a un atropello de las autoridades municipales. También cuando tenés un problema de tránsito, en general siempre terminas en la Municipalidad, y eso no sale de ahí. En estos casos, se necesitaría una autoridad que sea autárquica, independiente y autónoma ante la cual se pueda hacer un reclamo, y que además tenga la legitimidad en la Justicia para que si es necesario se pueda presentar un amparo. Muchos de los problemas que tienen los vecinos es que cuando tienen un atropello por parte de la Municipalidad no pueden solventarse un abogado”, explicó Martín Gianella.

        ¿En esos casos qué puede realizar el Defensor del Pueblo? – “El Defensor del Pueblo puede ir a la Justicia directamente e iniciar las acciones legales que sean necesarias para la defensa. No sólo tiene que ver con los derechos individuales sino también con los derechos colectivos, ya sea medio ambiente, como por ejemplo, en el tema de las inundaciones. Por ejemplo, el grupo de autoconvocados de inundados podría ir al Defensor del Pueblo y este podría presentar un amparo para que el municipio haga las obras necesarias”, concluyó Gianella.

Pauta Oficial

        Por último, en consonancia con el planteo del Diputado Nacional Sergio Massa sobre la necesidad de regular la pauta oficial, el FPV local presentó un Proyecto de Ordenanza sobre la regulación de la publicidad oficial del Municipio de Tigre, que se propone “transparentar y fiscalizar las relaciones entre el Departamento Ejecutivo y los medios de comunicación en materia de publicidad oficial, garantizar la utilidad pública y la racionalidad en la distribución de la publicidad oficial y contribuir a la consolidación de un sistema de medios plural”.