8 años de permanencia en Punta Querandí. Entre música, bailes y bienvenidas, múltiples referentes de amplios sectores sociales expresaron su adhesión a la causa de la Comunidad Indígena de Punta Querandí, que soporta un juicio de desalojo iniciado por Jorge O’Reilly. Asimismo, se festejó el anuncio de la ampliación del Museo Autónomo de Gestión Indígena y de todos los proyectos que no se detienen.

Una diversidad de asistentes a Punta Querandí compartió, el domingo 18 de febrero, un nuevo aniversario de resistencia indígena, en defensa de un territorio comunitario, sagrado y educativo, que se encuentra en el límite entre Ingeniero Maschwitz y Tigre, acorralado por barrios cerrados, que pretenden seguir ampliando sus propiedades privadas.

Tras 8 años de permanencia en el lugar, la comunidad indígena de Punta Querandí puede mostrar construcciones concretas: un Museo Indígena, un Opy (sitio sagrado guaraní), un salón de reuniones, una maloca; puede, asimismo, estar segura de que ha logrado tejer una red de relaciones que se amplía y consolida en el tiempo: referentes indígenas, artistas, políticos, ambientalistas, periodistas, representantes sociales y gremiales. Todos llegan, una y otra vez, a este pequeño territorio para brindar acompañamiento y retroalimentarse en una causa común: la solidaridad entre los pueblos.

Ambición y terquedad

En febrero de 2010, ambientalistas, vecinos de Punta Canal e indígenas se autoconvocaron para evitar que se destruyera el paraje hoy conocido como Punta Querandí. “Por aquel entonces había un movimiento que defendía el lugar y eso fue avanzando porque las comunidades son un proceso dinámico de autoconciencia. Es decir que han tomado conciencia de que conforman una comunidad y esto es lo que debe reconocer el Estado”, explicó la Dra. Paula Alvarado, una de las abogadas que patrocina a la Comunidad Indígena Punta Querandí en los juicios que les ha iniciado San Atanasio, una de las empresas que compone Eidico, inmobiliaria de Jorge O’Reilly.

En el juicio iniciado se solicita el desalojo de la parcela 321F y de todo lo que en ella se ha construido, que es, fundamentalmente, el espacio sagrado del pueblo guaraní: el Opy.

“La empresa realiza la demanda a nombre de dos personas que integran la Comunidad Indígena. Nosotros aclaramos, por un lado, que aquí hay una comunidad y, por otro, que no hacemos diferencias de parcelas, éste es un territorio amplio”, señaló la letrada, quien especificó además que la acción iniciada por San Atanasio está prescripta, pues el código dice que, desde que se toma nota de que existe una construcción, se tiene un año para interponer una acción. “El Opy es anterior, por lo tanto la demanda superó los plazos y, además, aquí hay una comunidad”.

San Atanasio apunta a desbaratar el concepto de comunidad y se empecina en negar la identidad indígena de los integrantes de Punta Querandí. “Nosotros contestamos, primero que las comunidades se constituyen por el sólo hecho de ser comunidades y segundo, el derecho a la autoconciencia de ser indígena no lo marca tener una vestimenta indígena todos los días. Existe el derecho subjetivo a autoconocerse, fortalecido, además, por el reconocimiento de los que están alrededor”.

Ante la terquedad de San Atanasio, la novedad es que la justicia dio lugar al pedido de Punta Querandí: reconoció la existencia de la comunidad indígena.

“El Estado no puede decir que esto no es una comunidad porque no son todos kollas o todos guaraníes. Aquí todos conviven, justamente éste es un territorio donde convivieron muchos pueblos. Y, además, no puede quedar afuera la realidad de la migración”.

La Dra. Alvarado puso el caso de su propia familia: “Mi padre vino a los 15 años de Jujuy por trabajo. Y, a veces, pasan otras cosas, por ejemplo en la década del 70, en Chaco, de donde es Santiago Chara (integrante de Punta Querandí) hubo una gran inundación y todos se fueron de su comunidad forzadamente. Esto es lo que el Estado no termina de comprender, siguen imponiendo su concepto de pueblo indígena, de comunidad, de tierra en lugar de territorio, al estilo del derecho romano”.

Si bien en la Justicia se ha dado avances en el reconocimiento de los derechos indígenas, aún hay mucho para seguir trabajando. Pasa lo mismo a nivel local, pues, aunque se han logrado declaraciones de algunos concejales, hasta el momento el Municipio de Tigre no ha apoyado de manera categórica a la Comunidad Indígena de Punta Querandí. El intendente Zamora, como sus secretarios, jamás visitaron el lugar.

Finalizando, la Dra. Alvarado explicitó: “Actuaremos en las mismas condiciones que la empresa. Hay un derecho internacional y nacional que nos permite seguir luchando”.